ANTE LA CONSAGRACIÓN JURÍDICA DEL "CAEN EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA". Vergonzoso fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha emitido un insólito fallo en el que ha consagrado judicialmente el principio macrista según el cual "hay alumnos que caen en la educación pública" al resolver que las decisiones judiciales que obligan al Gobierno de la Ciudad a asegurar vacantes a niños y niñas de 45 días en adelante en escuelas públicas es inconstitucional. En otras palabras, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha restringido el derecho a la educación para niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

El máximo Tribunal de nuestra Ciudad tuvo la osadía de desconocer lo que la Constitución de la Ciudad manda en su Artículo 24: "La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine".

Una de las integrantes del Tribunal Superior, la jueza Marcela de Langhe, cuyos argumentos han servido de fundamento a la decisión mayoritaria, realiza un temerario análisis del marco normativo que regula el derecho a la educación invirtiendo todo principio jurídico de interpretación de leyes, tratados internacionales y Constituciones locales y nacionales. Ello es así, porque los ha utilizado para ignorar lo establecido por la propia Constitución de la Ciudad.

Al respecto debe señalarse que los tratados internacionales fijan un piso de derechos que los países signatarios se obligan a respetar, pero ello no obsta  a que esos países consagren mayores derechos que los que dichos tratados fijan, lo mismo sucede con la Constitución Nacional y las leyes federales respecto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Con el afán de blindar judicialmente al gobierno de Larreta, la jueza De Langhe ha invertido este principio y ha dicho que hasta la Convención sobre los Derechos del Niño limita el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad. 

Cierto es que la Convención establece, en su artículo 28, que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente, y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad…” pero ello no significa que la Ciudad de Buenos Aires asuma la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública y gratuita desde los cuarenta y cinco días de vida de niños y niñas. 

Además, la Ley 114 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estipula que “El Gobierno de la Ciudad adopta medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por normas jurídicas, operativas o programáticas (…) - artículo 7- y agrega en su artículo 29 como derecho a la educación “a) el acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles”.

Resulta más grave y aberrante la maliciosa interpretación del Tribunal Superior de Justicia, a la luz de lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Sostuvo que de la normativa emanada de la Convención se desprende la obligación positiva del Estado de realizar acciones positivas que aseguren el goce pleno de los derechos por parte de los niños, y consideró que estas acciones deben ser, fundamentalmente, de contenido económico, social y cultural. En este sentido, afirmó que “El pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se ha relacionado a las posibilidades del Estado obligado (Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los mayores recursos disponibles”(Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02, 28 de agosto de 2002, Serie A No. 17, párr. 81).

Produce indignación que se pretenda utilizar a  la Convención sobre los Derechos del Niño para negar que la Ciudad ha asumido la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, conforme lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, para finalmente, sostener que no existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquél que lo solicite y que sólo se debe proveer vacantes en el nivel inicial a quienes acrediten pertenecer a los grupos más vulnerables de la Ciudad. Es decir, a quienes no pueden pagar una institución privada o dicho de otra manera, a quienes caen en la educación pública.

Con su decisión el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto una sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que ratificaba lo resuelto en Primera Instancia, sosteniendo la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de asegurar a todo niño mayor a los 45 días de edad la escolarización, en jornada completa, en el centro educativo elegido por quienes ejercen la patria potestad del menor de edad, o, en su defecto, en uno que se encuentre a una distancia no mayor a diez cuadras de su domicilio, o a una distancia mayor, con el transporte del menor y un acompañante a su cargo que se fundamentaba en lo siguiente:

• La Ley N° 114, artículo 29, que establece: “El Gobierno de la Ciudad garantiza a niños, niñas y adolescentes: a) acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles b) garantizando la prestación del servicio en todos los barrios de la Ciudad c) igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, instrumentando las medidas necesarias para su retención en el mismo...”. 
• La Ley nacional N° 26.206 que en su artículo 12 dispone que: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal. El Estado Nacional crea y financia las Universidades Nacionales”. 
• Constitución de la Ciudad, artículo 24, que señala que: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolar

Estamos ante una decisión judicial carente de fundamento jurídico, que desconoce de manera temeraria la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual el Tribunal Superior de Justicia blindó judicialmente las políticas regresivas en materia de educación de Horacio Rodríguez Larreta y legitimando el principio macrista del "caen en la educación pública".

*Los conceptos "patria potestad" y "menor" son citas textuales de los/las magistrados/as y no de quien escribe este blog

DEFENDIENDO EL RÍO en LA CIUDAD de la FURIA

Este lunes se llevó a cabo la segunda jornada de la Audiencia Pública convocada por la Legislatura porteña por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, en la Costanera Norte para permitir la construcción de un nuevo emprendimiento inmobiliario de lujo para pocos.

Se trata de la audiencia más larga de la historia que comenzó el viernes pasado y se extenderá hasta el 29 de enero, con más de 7.000 inscriptos.

La Ciudad de la Furia estuvo presente 👇

Cabe recordar que el objetivo de Horacio Rodríguez Larreta es la concesión de una superficie de 32 hectáreas para emprendimientos inmobiliarios privados. Como consecuencia de ello, será bloqueado del acceso al río para la población. 

Cuando se concrete la construcción del nuevo barrio, habrá una barrera de edificios que no solo consolidará una Ciudad de Buenos Aires de espaldas al río, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada y el acceso público al Río de la Plata.

La Ciudad de la furia llora a D10S

Cómo no amarlo, cómo no extrañarlo...

Gracias por tanto!!!

ECO BICI: Nos pedalean por unos pocos mangos

 

Ahora vienen por las bicis...

Primero nos dijeron que el sistema así no podía seguir, que se hacía imprescindible contar con la inestimable colaboración de la "iniciativa privada" para que el Sistema de Transporte Público de Bicicletas siga siendo gratuito. Entonces, desde Brasil y con el auspicio del Banco Itaú llegaron las bicis naranjas.

Faltaban bicicletas circulando y en las estaciones. Nos dijeron que por culpa de robos y  vandalismo. Sembraron muchas dudas y confusión en el sistema de bicicletas públicas compartidas de la Ciudad de Buenos Aires en esos casi 10 años de historia. Entonces en marzo de 2018, la Legislatura porteña aprobó la licitación del ahora llamado, Programa EcobiciBA. Todas eran buenas noticias y expectativas. Unos pocos decíamos que no sería así pero lo cierto es que comenzamos a tener un sistema de nivel internacional y seguía siendo gratuito. Había un importante aporte económico del Estado a la empresa Tembici y había espacio para la publicidad.

Fue un arranque que exitoso, rápido y que hizo brillar en pocas semanas al sistema, fue una política de shock. Bicicletas naranjas de excelente nivel y de mucha tecnología reemplazaron a las obsoletas y pesadas amarillas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a la empresa Tembici dieron inicio a la renovación total del Sistema de Transporte Público de Bicicletas. Aseguraron que habría una inversión total del capital privado por u$s 70 millones y el servicio seguirá siendo gratuito.

Dicen que fueron 400 estaciones y 4000 bicicletas funcionando los primeros meses de uso. En las calles nos encontrábamos en medio de un pelotón de ciclistas siendo la gran mayoría de bicicletas públicas y naranjas, un comienzo que era sorprendente y alentador para el Gobierno de la Ciudad.

Nada es para siempre. Por octubre y noviembre de 2019 porteños y porteñas comenzamos a notar una falta de bicicletas en el uso y en su disponibilidad. Ello, sumado a varias devaluaciones de la moneda Argentina en los tiempos finales de Macri, acrecentó los problemas ya que las bicis naranjas son canadienses y los repuestos se traerían de Brasil.

En diciembre de 2019 la situación de las bicis naranjas comenzó a ser insostenible por la baja del uso en la calle y también la falta de bicicletas en las estaciones, todo el tiempo. Había menos bicicletas.

El 23 de enero de este año, el  sistema de Ecobici contaba con un total de 279 estaciones y el Gobierno de la Ciudad decide remover un total de 20 estaciones en los barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo anunciaba en un comunicado y algunas de las estaciones afectadas fueron:

#Plaza José Marti (Flores). Mariano Acosta 1801. Zona de influencia,  “La Quemita” campo de deportes de Huracán.

#Crisóstomo Álvarez 2873 (Flores). Zona de influencia: Barrio Castex; Colegio Benjamín Zorrilla, Instituto Harilaos. 

#Plaza Tupac Amaru (Flores). Primera junta 3101. Zona de influencia: Terminal de Subte Plaza de los Virreyes y Terminal del Premetro.

#Plaza Brian Aguinaco (Flores). Santander 2347. 

#Eva Perón y Achaval (Parque Chacabuco).

#Miro 1684 (Parque Chacabuco).

En el comunicado de la remoción de bicicletas, Ecobici anuncia que iban a contar con un sistema de rastreo satelital en tiempo real, que permitirá detectar la ubicación del rodado y mejorar la logística y funcionamiento del sistema. Más de diez años tardaron desde el Gobierno de la Ciudad en implementar un sistema de seguridad para prevenir robos y vandalismo. Mientras que la Comuna más afectada fue la 7.

Ahora, el Gobierno de la Ciudad anunció que el sistema Ecobici dejará de ser gratuito los fines de semana y comenzará a cobrar una tarifa por la utilización del rodado con el objetivo de crear un fondo destinado para mejorar la infraestructura urbana utilizada por los ciclistas. Ahora van a recaudar. La meta, afirman, es volver a contar con las 400 estaciones de Ecobici que funcionaron en un primer momento. "Queremos recuperar las 400 estaciones y las 4.000 bicicletas de acá a 12 o 18 meses, esa es nuestra aspiración", dijo Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño ante cuanto medio de comunicación se le acercaba.

Eso sí, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad aseguraron que todavía no pueden estimar de cuánto será la tarifa que regirá por el uso de las bicicletas los fines de semana. Por su parte, Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, sostuvo ante Telam, que "este proyecto va a permitir generar más infraestructura y desarrollar el sistema público de bicicletas" y precisó que "en 2009 del total de los viajes diarios, el 0,4% se hacían en bicicleta, hoy ya es del 4% y esperamos que este número siga subiendo para llegar en 2023 al millón de viajes".

Las pregunta que nos hacemos es: "y la inversión privada para que el sistema siga siendo gratuito?"; "y los 70 palos verdes???" Ninguna explicación al respecto.

Tan poco duró? Mientras tanto, la empresa recibirá durante 10 años, según la ley N° 5954, 60 millones de pesos de manera anual y el poder ejecutivo puede extender por  la  licitación por 7 años.

El sistema lleva menos de 12 meses y son 120 meses de concesión por ley.

El sistema es público y se abona con los impuestos que abonamos todos y todas los y las porteños y porteñas, las usemos o no.

Los fines de semana habrá que pagar por usar las bicis, pero nadie del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dice cómo se utilizaron los 70 millones de dólares en menos de un año. Tampoco sabemos con qué flota de bicicletas cuenta la Ciudad para el Sistema de Transporte Público en Bicicletas.

Sólo se sabe que ahora vamos a pagar. Nos pedalean, dicen que por unos pocos mangos. Lo cierto es que igual que nos cocinan en agua fría y a fuego lento como a los cangrejos.

Impunidad para los buenos negocios en la Ciudad

No fue noticia, como no lo es cada cosa que sucede en nuestra Ciudad y puede dañar la imagen del Jefe de Gobierno. El blindaje mediático funciona.

La vuelta de Gonzalo Robredo a la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad no fue tapa. Nadie ya se acuerda de Robredo.

La noticia debería haberse titulado "Gonzalo Robredo vuelve a la Presidencia del Ente de Turismo porteño". Había renunciado tras favorer a la hermana de Horacio Rodríguez Larreta en la contratación de hoteles para aislar pacientes con COVID-19. Se trató de una contratación directa de hoteles para alojamiento de enfermos leves de coronavirus a una empresa administradora, MIDAS HOTEL MANAGEMENT S.A. (Total de $5.439.511). Más información aquí, post del 20 de abril de 2020.

Debería ser noticia porque en abril, Horacio Rodríguez Larreta le solicitó a Robredo su renuncia por las públicas denuncias de irregularidades en la contratación de hoteles, realizada con Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, la medio hermana del Jefe de Gobierno. A Robredo le pidieron la renuncia y fue tapa de los diarios en ese momento.

En abril, Horacio Rodríguez Larreta hace política para la tribuna y le pide la renuncia a Robredo. La Nación pone en tapa que "Larreta desplaza a dos funcionarios" y Clarín que "Renuncian dos funcionarios de la Ciudad por denuncias en las compras".

Pasa el tiempo y en el expediente judicial el Fiscal Maximiliano Vence sostiene que “del análisis exhaustivo efectuado sobre el procedimiento de contratación llevado a cabo no se detectaron irregularidades que permitan suponer que Midas Hotel Management S.A. se vio beneficiada por encima de otros oferentes en cualquiera de las condiciones de contratación...”. Más adelante el fiscal sostiene que Robredo “decidió la adjudicación en favor no de una persona física, sino de una persona jurídica que cumplía los parámetros que la ley de contrataciones prescribe”. Es decir, Robredo contrata directamente a una empresa de la que es vicepresidenta la hermana del Jefe de Gobierno, pero para el fiscal hay total normalidad.

Mención aparte merece la afirmación del Fiscal Vence en cuanto a que se "decidió la contratación en favor no de una persona física, sino de una persona jurídica" ya que la misma es al menos, sorprendente. ¿Qué nos quiere decir el Dr. Vence? ¿Que no se decidió en favor de la hermana de Rodríguez Larreta, sino en favor de la empresa en la que la hermana de Rodríguez Larreta es vicepresidenta? Realmente indignante el argumento del Fiscal Vence por lo infantil del mismo.

El fiscal sostiene que investiga si la conducta de Robredo encuadra en el tipo penal del Artículo 265 del Código Penal. La doctrina entiende al respecto lo siguiente: La norma que contiene el art. 265 del Código sustantivo, en su 1º párr., “tiende a eliminar cualquier factor de perturbación de la imprescindible equidistancia que debe guardar el funcionario con los contratos y operaciones en que intervenga la administración, evitando incluso la simple sospecha de parcialidad, a la vez que procura poner coto a la codicia personal, que puede verse favorecida por la calidad en que actúa en aquellos negocios jurídicos” (Creus, Carlos-Buompadre, Jorge E. Derecho Penal. Parte v. Especial, 7ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2007, Tomo II.). 

Robredo fue designado en forma directa por el Jefe de Gobierno y contrata con la hermana del mismo, total normalidad y ningún factor de perturbación de la equidistancia que debía haber mantenido Robredo.

Acá se pone de manifiesto la red de impunidad del Jefe de Gobierno, recuérdese que el jefe de los fiscales porteños y por tanto, el jefe del Fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, Dr. Maximiliano Vence, es Juan Bautista Mahiques, quien antes de ser Fiscal General de la Ciudad fue representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, designado por Mauricio Macri. Total normalidad.

Un funcionario que contrata con la hermana del Jefe de Gobierno por más de 5 millones de pesos, cuando toma estado público, el Jefe de Gobierno le pide la renuncia; luego un fiscal bajo las órdenes de un ex funcionario del PRO que dictamina que no hay irregularidades; y, finalmente un Jefe de Gobierno que repone en su cargo a ese funcionario, su fiel servidor. Total normalidad, final feliz y no sale en la tapa de los diarios.

Día de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

La elección del primer jefe de gobierno en junio de 1996 y la sanción de la Constitución local tres meses después fueron dos hitos que cambiaron la Ciudad de Buenos Aires. Ya sin un gobernante impuesto por el presidente de turno, y con un ordenamiento institucional y jurídico que introdujo derechos y garantías hasta entonces inéditos en el país, los porteños y las porteñas empezamos a transitar con obstáculos y dificultades nuestro propio camino.

La Constitución porteña fue sancionada el 1 de octubre de 1996. Fue la primera manifestación de autonomía de nuestra ciudad en sus 440 años de historia. 

Así como en el año 1880 la federalización del territorio de la Ciudad de Buenos Aires respondió a una necesidad histórica, la reforma constitucional de 1994, que le dio autonomía  significó un notable progreso institucional largamente esperado por porteños y porteñas.

A partir de dicho momento, la Ciudad de Buenos Aires ostenta una doble naturaleza. La primera de índole temporal, que consiste en ser la residencia de la Capital Federal hasta tanto no se le otorgue un nuevo destino. La segunda es de carácter permanente y consiste en  ser ciudad autónoma, una nueva instancia en el entramado federal junto al Estado federal, las provincias y los municipios.

El artículo 129 de la Constitución argentina establece: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad...”

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Ciudad de Buenos Aires? Consiste en la existencia de un Estado (población, un territorio, y gobierno) que organiza el poder bajo el principio de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) regido por  una Constitución. A la Ciudad de Buenos Aires se le reconocen idénticas potestades que a las provincias, especialmente la representación en el Senado de la Nación (Cámara que en teoría tutela los intereses de las provincias), la cual permanecerá inalterable.

A 26 años de la reforma constitucional, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el camino  de afirmar progresivamente su autonomía.

EL ÚLTIMO NEGOCIO DE LARRETA. La privatización de la costanera

Finalmente, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura un proyecto del oficialismo para definir las características que  tendrá el denominado Distrito Joven en Costanera Norte, donde actualmente está el predio de Costa Salguero.

El proyecto del Ejecutivo plantea la construcción de un barrio náutico en el predio donde estuvieron Costa Salguero y Punta Carrasco. Para ello requiere un cambio de la actual zonificación de los terrenos de dominio público de ese lugar. Esas dos parcelas forman parte del denominado «Distrito Joven» que se extiende a lo largo de la Costanera Norte. El proyecto prevé la construcción de un conglomerado de diez edificios de hasta diez pisos de altura, con calles internas y un espacio verde.

El objetivo es la concesión de una superficie de 32 hectáreas para emprendimientos inmobiliarios privados. Como consecuencia de ello, será bloqueado del acceso al río para la población.

Cuando se concrete la construcción del nuevo barrio, habrá una barrera de edificios que no solo consolidará una Ciudad de Buenos Aires de espaldas al río, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada y el acceso público al Río de la Plata.

Se trata de una ley que dispone modificaciones catastrales de zonificación para permitir la concreción de un proyecto que fue sometido a concurso nacional de ideas, con la participación de la Sociedad Central de Arquitectos, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto elegido fue el de los arquitectos Valeria Frank y Federico Minichetti. Un concurso de ideas realizado de espaldas a los porteños y las porteñas. 

Se trata de un emprendimiento de lujo, para pocos, que no podrá disfrutar la mayoría de porteños y porteñas, porque aunque digan que "un 65% del espacio será público", hay que señalar que nada tendrá de público ese 65% ya que contabilizan como "público" lo que en realidad son accesos exclusivos para edificios privados.

Debemos agregar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 8° que "los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación", es decir, que ese espacio que hoy comenzó a privatizarse debería ser un gran parque público.

Mientras aumenta la crisis habitacional en nuestra ciudad, -aumenta la población en barrios vulnerables pero no aumenta la población en la ciudad, de aproximadamente 3 millones desde hace 70 años, y se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles que sólo han contribuido a fomentar la especulación financiera- hay un cuarto de la Ciudad vacía.

Rodriguez Larreta sólo construye para la especulación financiera alentado por el impulso de grandes constructoras que, únicamente buscan hacer un negocio millonario. Nos encontramos frente a un proyecto absolutamente innecesario que no viene a solucionar los problemas de vivienda de la Ciudad, ni apunta a bajar el precio de los alquileres. Lo que se viene es simplemente un negocio inmobiliario. Mientras tanto en nuestra ciudad sigue necesitando más espacios verdes.

La hipocresía de Larreta

Ante tanta caradurez, la única respuesta posible:
 

LA HIPOCRESÍA DE JUNTOS POR EL CAMBIO. Juegos online y ludopatía

El oficialismo en la Ciudad, Juntos por el Cambio, logró la aprobación de tres proyectos vinculados con los juegos de azar. Además de ampliar el juego online, se sancionó una ley para prevenir la ludopatía y otra para impedir el otorgamiento de licencias de explotación a personas o sociedades en conflicto con las leyes, procesados o inhabilitados.

La ludopatía, una adicción creciente entre los/las argentinos/as, no se previene con una ley que declame que no se le permitirá a los/las adictos/as participar del "juego online", mucho menos cuando la noticia es que la Legislatura porteña acaba de aprobar la reglamentación y explotación del "juego online".

Si bien la Legislatura porteña ya había aprobado en diciembre de 2018 la regulación y explotación del "juego online", que incluye las apuestas deportivas y otros juegos de azar, este jueves se modificó la normativa vigente. La ley de "Prevención de la Ludopatía" estipula la creación de programas y campañas de concientización desde el Estado y por parte de los concesionarios operadores de juegos de azar en cualquiera de sus modalidades, regulados por Lotería de la Ciudad Sociedad del Estado. Asimismo fija reglas de “juego responsable” y pautas para el acompañamiento y la asistencia a quienes padecen el trastorno ludópata. Pero paradójicamente, al mismo tiempo la Legislatura sanciona una ley que amplía el "juego online" y de esta forma facilita que entre a la casa de todas y todos los/as porteños/as.

De manera hipócrita, la Ley dispone disminuir la exposición de la población en general y de las personas jugadoras en particular -en especial a aquellos vulnerables, compulsivos y/o problemáticos- a factores, condiciones y situaciones que faciliten el desarrollo del juego patológico, pero le permite al "juego" meterse encada uno de los hogares porteños.

Pero de lo que realmente se trata es de un paquete de leyes para habilitar el juego online en la Ciudad que lo único que se busca es incrementar la recaudación con un negocio que permite el lavado de dinero del narcotráfico y otros negocios ilegales.

Mención aparte merece la actitud de Juntos por el Cambio cuyos legisladores se rasgan las vestiduras en el Congreso Nacional bajo la premisa de que solo se deben discutir temas relacionados al Covid, pero en la Ciudad de Buenos Aires, donde son oficialismo y tienen quorum propio en la Legislatura, son los abanderados del mega negocio del juego. Hipocresía pura, en el Congreso Nacional no quieren debatir porque son minoría, mientras que en la Legislatura porteña, donde son mayoría quieren debatir y aprueban cualquier tipo de Ley.

Volviendo a la ludopatía, hay que decir que  es una adicción y como tal el ludópata presenta los mismos rasgos que cualquier otro adicto: repetición de una conducta que resulta placentera y aumento de su frecuencia para obtener los efectos deseados; aparición del síndrome de abstinencia si se interrumpe el hábito.

La ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Psiquiatría, que consiste en la alteración progresiva del comportamiento del individuo por la que experimenta la necesidad incontrolable de jugar, por encima de cualquier consecuencia negativa, como lo es perder plata. Y cuando se dice jugar, se hace referencia a juegos que tienen una capacidad adictiva, juegos en los que pasa poco tiempo entre la apuesta y el premio obtenido.

Nada de esto han tenido en cuenta las y los legisladores de Juntos por el Cambio, sólo les importó el afán recaudatorio de Rodríguez Larreta. Hipocresía pura.

Ante la duda, consultá a www.jugadoresanonimos.org.ar, o mediante una llamada telefónica a la Línea Vida: (11) 4412-6745 (Esta línea funciona 24 hs.)

MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD: La doble vara de Rodríguez Larreta, otra vez de manifiesto

A la hora de manifestar en la Ciudad de Buenos Aires hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacerlo para manifestar disconformidad con el Gobierno Nacional o manifestar algún reclamo al Gobierno de la Ciudad. Todo no se puede.

Ya fue dicho aquí. "Se nota mucho, permiso para manifestarse para unos, represión para otros. Un caso de doble vara."

Mientras a unos/as se les permite ir hacia el Obelisco al grito de "¡quema de barbijos!" y, también, se les permite organizar una fogata para reducir a cenizas los tapabocas, uno de los elementos sanitarios que previenen o minimizan el riesgo de contagio de coronavirus, a otros/as, no se les permite manifestarse por sus derechos.

Libertad para quemar barbijos, libertad para los/las anticuarentena.

Pero cuando la movilización la realizan trabajadores y trabajadoras para reclamar por sus derechos la cosa se pone más densa. No importa que se trate de trabajadores esenciales.

El pasado 21 de septiembre, en ocasión del Día de la Sanidad, enfermeras y enfermeros porteños/as se movilizaron desde el Obelisco a la Legislatura, ubicada en la calle Perú 160. Reclamaban el pase de los/as licenciados/as en enfermería a la carrera profesional, de la que fueron excluidos/as en noviembre de 2018. Hoy son parte de la carrera administrativa, claramente un sinsentido.

La Legislación de la Ciudad de Buenos Aires reconoce a 24 categorías de profesiones de la salud, entre las que se encuentran, por ejemplo, médicos/as, odontólogos/as, fisioterapeutas, fonoaudiólogos/as y nutricionistas, pero no incluyó a los/as licenciados/as en enfermería, quienes quedaron encuadrados/as como parte del personal administrativo. Al ser considerados/as administrativos/as, no se les reconoce las capacitaciones, especializaciones y títulos en los que invierten su dinero y su tiempo.

Iban a entregar un petitorio pero la policía se los impidió, no de muy buena manera. Palos y represión otra vez. La Policía de la Ciudad tiene una fuerte vocación a la hora de reprimir. Una concepción ideológica para el accionar policial porteño, el crimen de pensamiento.

De nuevo hay que recordarle al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que más allá de las simpatías y de a quién voten los manifestantes se les debe garantizar a todos y a todas su derecho a expresarse en las calles de la Ciudad.

De la furia de la bonaerense a la furia del gobierno porteño. La constitucionalidad de la solución

Fue una semana furiosa. De la furia de la bonaerense a la furia del Gobierno de la Ciudad.

El reclamo de la Policía Bonaerense, más allá del no menor cuestionamiento por sus formas, y de los antecedentes de algunos/as de sus protagonistas, ha sido considerado justo por la mayoría de los medios.

El reclamo salarial de la policía ha sido uno de los componentes del conflicto, pero no es el único. La pandemia ha privado a muchos agentes de sus adicionales, tanto legales como de los otros; por ejemplo, el cumplimiento de servicios en la cancha y en recitales, y hay quienes dicen que también el juego clandestino, la prostitución, etc.   Esas fuentes de ingresos, en la mayoría de los casos, constituían un complemento importante de sus remuneraciones.

También, es justo decirlo, hay que contar que según algunas estimaciones, hay alrededor de 7 mil efectivos de la fuerza afectados por coronavirus.

Pero poco se ha dicho respecto del abandono de tareas, que como medida de protesta, tiene enormes peligros en el caso de la policía, como pasa con otros trabajos esenciales. Sin embargo, no será motivo de análisis aquí pero esa importante señalarlo para una mejor comprensión del conflicto.

La solución llegó desde el Gobierno Nacional, el Presidente lo resolvió redireccionando los fondos de la coparticipación federal desde la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires. Lo cual desató la furia porteña.  

Desde el punto de vista del conflicto policial-salarial se contuvo la crisis y se evitaron desbordes. Desde el gobierno nacional, se resolvía un problema provincial: el problema de la policía bonaerense.

 

Adentrándonos en la furia de Larreta vale la pena aclarar algunas cosas. Sobre todo porque desde lo jurídico se ha afirmado que es inconstitucional, que modifica una materia que la Constitución reserva al Congreso, ya sea la coparticipación o cuestiones tributarias.

FALSO. No hay ninguna ley que se vea afectada por el decreto, ni tributaria ni de coparticipación, ni de ninguna otra índole. Además, si el Decreto N° 735/2020 (firmado por Alberto Fernández) fuera inconstitucional también lo sería el Decreto N° 194/2016 (firmado por Mauricio Macri), al que modifica. Y si hubiera fundamentos para considerar inconstitucional uno de esos decretos, debería empezarse por el Decreto N° 194/2016, ya que la Ley 23.548 dice que “la Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos”. Esos “niveles históricos” fueron establecidos por el Decreto N° 705/2003 (firmado por Eduardo Duhalde) en 1,40%, sin que nadie se haya quejado de esta cifra; y el Decreto N° 194/2016 (firmado por Mauricio Macri) aumentó esa participación a 3,75% (luego reducida a 3,50%, también por Decreto, sin que nadie haya dicho que dicha quita sea inconstitucional), siempre en un nivel muy por encima de los niveles históricos que señala la Ley 23.548. , 

¿Qué pasaría si el Decreto N° 735/2020 y por consiguiente el Decreto N° 194/2016, fueran inconstitucionales? La Ciudad tendría que devolver todo lo que percibió de más desde el 2016.  En esa encrucijada se ha metido solito el Gobierno de la Ciudad.

No obstante, se puede quedar tranquilo Horacio Rodríguez Larreta. En el Decreto N° 194/2016, el Presidente Mauricio Macri realizó una asignación de fondos nacionales como cualquier otra que puede hacer, que se rige por las normas presupuestarias.

Entonces, tenemos que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le corresponde recibir el 1,40% de los recursos coparticipables, según lo establecido por la Ley 23.548,  que ha sido interpretada por el Decreto N° 705/2003. Si por decreto algún Presidente decide disminuir ese porcentaje ello sería ilegal e inconstitucional y, por ende, inválido. No es el caso. Por eso, tampoco es inconstitucional el Decreto N° 257/2018 mediante el cual el entonces presidente luego de aumentar la coparticipación federal de la Ciudad de 1,40% a 3,75% la disminuyó a 3,5%.

Corresponde hacer un poco de historia. El gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación de la Ciudad al 3,75% cuando decidió la transferencia de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad (Decreto N° 194/2016). Luego, ante pedidos de gobernadores y a través del Consenso Fiscal 2017, la alícuota de la Ciudad se redujo al 3,5% (Decreto N° 257/2018).

Y no hay inconstitucionalidad porque ninguno de los decretos mencionados es contrario al Artículo N° 75, inciso 2° de la Constitución Nacional que establece que "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso".  

Por supuesto que al transferir parte de la Policía Federal de Nación a la Ciudad, correspondía transferir también los recursos equivalentes. Los mismos fueron estimados en 0,92% de la recaudación coparticipable total. Entonces, la Ciudad debía percibir el 2,32% de la coparticipación federal, pero Macri la fijó en 3,75%. Es decir,  Macri le otorgó un extra de coparticipación al gobierno de Larreta de 1.43% de la coparticipación total.

Mediante el Decreto N° 735/2020 el Presidente de la Nación dispuso que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le corresponde el 2,32% del total de los fondos coparticipables, respetando de esa manera la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad con sus correspondientes recursos tal cual lo ordena la Constitución Nacional.

No hay decreto inconstitucional, ni perjuicio económico a la Ciudad de Buenos Aires ya que no deja de percibir los fondos coparticipables que le corresponden.