miércoles, 25 de agosto de 2010

DENUNCIA PENAL CONTRA MAGNETTO


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Por otra parte, ayer se presentó una denuncia penal contra el CEO de Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y los directivos de Cablevisión. La demanda la inició el abogado Juan Manuel Di Teodoro, quien los responsabiliza de haber dado el servicio de Fibertel sin la licencia correspondiente.

En el día de ayer formulé denuncia penal contra HÉCTOR HORACIO MAGNETTO, CEO del Grupo Clarín S.A. y propietario del 82% del paquete accionario junto a la Sra. Ernestina Herrera de Noble; y contra los directivos de la empresa Cablevisión S.A. que participaron de la toma de decisión por la cual la empresa Cablevisión S.A. continúo ofertando el servicio de internet a cambio del pago de un abono por parte del usuario a pesar de no contar con la correspondiente licencia para ello a partir del momento en que disolvieron la empresa Fibertel S.A.

La denuncia ha quedado radicada por ante el Juzgado de Instrucción Nº 15, Causa Nº 31.565/2010

Magnetto es el responsable de la actividad comercial de Cablevisión y Fibertel, y en su carácter, ha cometido el delito de estafa tipificado en el Artículo 172º del Código Penal, para el cual lo esencial es el perjuicio de la víctima ya que junto con la propiedad, (bien jurídico penalmente tutelado), está el bien jurídico que protege la buena fe en los contratos, tal como surge de los Arts. 953 y 954 del Código Civil.

Es indubitable, que a partir de la maniobra ardidosa (mostrarse como empresa autorizada para brindar el servicio de internet) de Cablevisión S.A. ha quedado claro que el Grupo Clarín no ha obrado con buena fe.

La actitud de Héctor Horacio Magnetto se asimila a la de un pasador de quiniela trucho, tiene muchos clientes, paga sus premios casi siempre (nadie responderá si no puede hacerlo), perjudica a las agencias oficiales, y se trata de un accionar ilícito y, seguramente, no responderá por los perjuicios que ocasionare.

sábado, 21 de agosto de 2010

FIBERTEL: EL ARTE DE HACER NEGOCIOS FUERA DE LA LEY

Fibertel no podrá prestar el servicio de internet por encontrarse fuera del marco legal regulatorio. Fibertel y Cablevisión violaron el marco regulatorio vigente para el sector de telecomunicaciones, ya que brindan el servicio de internet sin contar con la debida autorización para ello.

La situación es clara y no da lugar para dudas o malas interpretaciones. El 15 de enero de 2009 Fibertel informa a la Inspección General de Justicia que su razón social deja de existir, la persona jurídica FIBERTEL S.A. ha sido disuelta. El trámite legal que realizan es dar de baja la sociedad. Con la disolución de la persona jurídica Fibertel S. A. caduca la licencia para prestar el servicio de internet, así lo establece claramente el Artículo 16.3.2 del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Nº 764/2000. Esa misma norma legal establece que las licencias serán otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones (de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 554/97), y Cablevisión S. A. no solicitó una nueva licencia, ni pidió autorización para utilizar la licencia como prestador de servicios de telecomunicación que ostentaba Fibertel S. A. Entonces no basta con la presentación ante la Inspección General de Justicia, ya que "el prestador (en este caso Fibertel S. A.) podrá ceder o transferir su licencia previa autorización de la Autoridad de Aplicación" -Artículo 13.1 del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Nº 764/2000-.

Desde el 15 de enero de 2009 Cablevisión S. A. ha ejercido una actividad comercial lucrativa por fuera de la ley, un privilegio que sólo las empresas del Grupo Clarín se pueden dar.

Nadie, ningún particular podrá alegar que se están violando sus derechos como usuario o consumidor o que se afecta su libertad de elección porque nadie puede comerciar con quien incumple las leyes. No es el Estado el que afecta sus derechos sino que ha sido el Grupo Clarín quien lo ha estafado al cobrarle por darle un servicio sin tener la autorización legal para brindarlo. Las acciones judiciales de los usuarios deben ser dirigidas contra Cablevisión S. A., porque es esa empresa la que debe indemnizarlos si ha cobrado por servicios que en el futuro no podrá prestar más. Toda afectación pecuniaria, ya sea por haber adelantado el pago de abonos, descuentos obtenidos por diferentes promociones o la eximición del pago de los costos de instalación o de módem deberá reclamarse a Cablevisión S. A. y no al Estado Nacional.

Parece estar acabándose la impunidad de los poderes económicos concentrados en nuestro país y eso molesta, causa malestar e incomodidad pero es la base para la construcción de un PAÍS EN SERIO.

jueves, 19 de agosto de 2010

LOS NERVIOS DE MAURICIO

Mauricio está nervioso y ya no alcanzan los consejos de Durán Barba para disimularlo.
Mientras la Legislatura porteña se prepara para poner en marcha la Comisión Investigadora Especial, sus Diputados y Diputadas debaten si integrarla o no. Recordemos que la Comisión Investigadora estará integrada por 17 legisladores de los cuales 5 le corresponderán al PRO.
Mientras la Justicia Federal dirige las investigaciones a las conversaciones mantenidas entre el Jefe de Gobierno y "el Fino" Palacios y, además, le apunta al rol desempeñado por Andrés Ibarra (hombre de confianza de Macri en Boca, en el Ministerio de Educación después y, ahora, en el Ministerio de Hacienda) al contratar al espía Ciro Gerardo James; Mauricio sigue sosteniendo que todo es culpa de Kirchner.
Mientras realiza pomposas declaraciones afirmando que gobierna para los vecinos, su política de vaciamiento de controles en beneficio de los empresarios de la construcción queda al descubierto con el trágico derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza. Hace algunos años atrás y, en referencia a los controles de la Ciudad, el Diputado Alvaro González del PRO sostenía en ocasión del juicio político a Aníbal Ibarra que: "Por lo menos en términos personales, tengo el convencimiento de que hubo mal desempeño, que está basado en hechos puntuales: por ejemplo, en el no ejercicio del poder de policía..." Precisamente, el no ejercicio del poder de policía causó la tragedia del derrumbe de Villa Urquiza. Más aún, mientras Mauricio y su inefable compañero Horacio se disfrazaban de rescatistas, el titular de la Agencia de Control asistía a la reunión de Comisión Directiva de Boca para oponerse al contrato de Riquelme.
Mientras Mauricio grita a los cuatro vientos que será candidato a presidente de la nación, Duhalde y Solá lo ningunean y le dicen que vaya por la reelección en la Ciudad. Mauricio se pone nervioso y en un acto de fe republicana afirma que “Esta vez nos toca. Este tren que hemos dejado pasar tantas veces y que hoy nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir, aunque tengamos que tirar por la ventana a Kirchner porque no lo aguantamos más”.
Mauricio Macri está nervioso y se le nota, se le nota mucho.

sábado, 7 de agosto de 2010

DE ISIDRO A LUIS

Un claro caso de distinta vara.
Hoy los medios de comunicación nos aturden con la desgracia de una familia cuya madre fue víctima de una salidera bancaria y a consecuencia de la cobarde agresión de su asaltante, los médicos tuvieron que adelantar el parto y unos días después el bebé murió.
Los medios personalizan el caso y todos ya estamos familiarizados con Isidro, el bebé víctima de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
La sensibilidad mediática no fue tal cuando a principios de julio y, con la Ciudad bajo frío polar, un bebé de 25 días falleció de neumonía. Su nombre era Luis pero ningún medio lo replicó, ni siquiera le llamaban por su nombre. Luis tenía 25 días de vida y vivía con su familia, sus hermanos y sus padres bajo la autopista a la altura de Caseros y Hornos en el barrio de la Constitución.
Dos tragedias, dos bebés muertos. Isidro y Luis. Dos tratos bien diferentes por parte de los medios de comunicación.
La muerte de bebés recién nacidos siempre indigna, indigna por su estado de indefensión, indigna porque somos los adultos los que debemos protegerlos, e indigna porque el Estado debe estar presente para su protección.
Sin embargo, el trato mediático no ha sido el mismo. La razón es simple, la muerte de Isidro es utilizada para pedir "mano dura", para pedir leyes más represivas, para pedir más presupuesto para las fuerzas de seguridad. En cambio, la muerte de Luis lo que pone de relieve es la ausencia de políticas sociales por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pone blanco sobre negro que uno de los gobiernos con más presupuesto del país (el de Mauricio Macri) no invierte en planes sociales, recorta el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, no brinda la contención adecuada a familias en situación de calle. No hay cobertura mediática del caso de Luis, pero sí hay encubrimiento y protección mediática para el gobierno de Mauricio Macri.
Es simple, la muerte de Luis debería haber servido para reclamar más presupuesto para programas sociales y menos plata para la policía. Eso a la derecha no le interesa y, por eso, a los grandes medios de comunicación tampoco.

martes, 3 de agosto de 2010

Si no fuese Macri de qué trabajaría

Repetidas veces se ha dicho y se ha informado acerca del procesamiento firme en sede penal de Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales. También, mucho se ha hablado respecto de si conformación de una Comisión Investigadora Especial o iniciación del procedimiento de Juicio Político.
De lo que poco o casi nada se habla es de las consecuencias que tendría para una mujer o un hombre común un procesamiento firme en sede penal. Veamos algunos ejemplos:
  1. La Ley 471 (Ley de Empleo Público de la Ciudad) establece en su Artículo 7º -Condiciones de Admisibilidad- que no pueden ingresar a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "...Quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de procesamiento firme situación procesal equivalente por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos". Es decir que Mauricio Macri no podría ser empleado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero sí puede ser Jefe de Gobierno, una incongruencia del ordenamiento vigente.
  2. La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164) establece que no podrá ingresar a la Administración Pública Nacional el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. Entonces, Mauricio Macri tampoco podría ser contratado por el Estado Nacional.
Si Mauricio Macri no fuese quien es, y saliera a buscar trabajo después que fue confirmado su procesamiento no podría trabajar ni en la Ciudad, ni en el Estado Nacional. La misma restricción existe en las universidades nacionales y en los estados provinciales. Pese a la gravedad que representa un procesamiento penal para una persona común, Mauricio Macri continúa minimizando y ninguneando las acusaciones que pesan en su contra.

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