jueves, 28 de mayo de 2020

FACULTAD DE DERECHO O FACULTAD DE LAWFARE

Si bien la Facultad confirmó que el evento fue suspendido, es dable afirmar que al proyectar y proponer una charla sobre "combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho" a cargo de Sergio MORO, artífice y ejecutor de la persecución judicial contra el ex Presidente Luiz Ignacio "Lula" Da Silva (violando el debido proceso), luego Ministro de Justicia del Gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, evidenciando, de esa manera, su absoluta parcialidad para con quien había juzgado previamente, y cuando esa charla iba a ser presentada por el Sr. Vicedecano; la Facultad de Derecho de la UBA se mostró más como un "comando de campaña partidario" que como la Casa de Altos Estudios prestigiosa que es y debe seguir siendo.
No obstante lo cual, es sumamente plausible la decisión de suspender la actividad por carecer la misma de valor académico alguno y tratarse el ex Juez Moro del mayor símbolo del LAWFARE, que no es otra cosa que el uso ilegítimo que puede hacer el Poder Judicial del DERECHO con el objetivo de dañar, difamar o deslegitimar a un oponente en la lucha para obtener cierto objetivo partidario, pudiendo llegar a la exclusión de una candidatura a cargos públicos.
El LAWFARE es una distorsión en la aplicación de la LEY ejecutada por jueces al servicio del "poder político-económico-mediático" que persigue a dirigentes políticos y/o sociales que se le oponen. A mayor abundamiento podemos decir que LAWFARE es el uso indebido de instrumentos jurídicos, por parte de jueces, para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y a su entorno, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular.
Los protagonistas del LAWFARE son los jueces que interpretan las leyes de manera sesgada al servicio de ese poder. Es manipulación de magistrados. Como lo señalara en su oportunidad el Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo De Lázzari, en la V° Jornada de la Red de Jueces Penales Bonaerenses: "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante." Agregando que: "El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester, creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío que estaba mencionando."
Moro no es un ejemplo de transparencia y lucha contra la corrupción, tampoco un académico o jurista, Moro es símbolo de la peor cara del Poder Judicial en las naciones latinoamericanas, siendo uno de los protagonistas del LAWFARE, que en nuestro continente no ha sido otra cosa que la guerra judicial contra los líderes políticos populares y progresistas de la región.
La Facultad de Derecho de la UBA no puede, ni debe rifar su prestigio académico promocionando una supuesta exposición académica con un referente de la utilización del Poder Judicial al servicio de los intereses económicos y políticos de las minorías dominantes que constituyen los grandes grupos económicos de nuestra región.

domingo, 17 de mayo de 2020

NO HAY DERECHO: El caso de Ramona

Ubi societas, ibi ius; ibi litis. Donde hay sociedad, hay derecho y hay conflicto, pues la manifestación del poder se exterioriza cuando hay dos o más personas; y cuando ello ocurre no falta la oposición o resistencia, que hace surgir el conflicto, por eso es necesario un proceso para resolver el conflicto de intereses surgido de dicha interacción, mediante formas civilizadas y democráticas que tengan como propósito lograr, en justicia, la paz social. Un medio civilizado de resolver conflictos sociales.

La Nación Argentina se ha obligado a respetar y a hacer cumplir en su territorio el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC). A su vez, los constituyentes de 1994 incorporaron este Pacto a nuestra Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 22, al darle explícitamente jerarquía constitucional. Por lo tanto, el Estado Nacional -y las provincias y la Ciudad Autónoma-  se obligan a llevar adelante las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de los Pactos incorporados a al Constitución Nacional.
Es esencial entonces remitirse al PIDESC porque en su Artículo 11° establece que "[l]os Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."
De este modo, el Estado argentino reconoce que el Derecho Humano a una vivienda adecuada (vivienda digna) tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
Ramona estuvo durante más de 10 días denunciando que los barrios vulnerables de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron sin agua: mostró en videos cómo la situación seguía siendo crítica a pesar de que desde el Gobierno de la Ciudad de  se decía que se había solucionado, puso su cuerpo para cambiar las cosas. 
Ramona era vecina de la villa 31 y referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa. Ella se las rebuscaba para pasar la cuarentena en una vivienda junto a su familia, cuidando a su hijita que está en silla de ruedas por padecer una enfermedad que prácticamente no le permite hacer nada por su propia cuenta. Ella reclamaba por el agua y contaba las condiciones inhumanas en las que vivía junto a su familia. Ella, a comienzos de esta semana, tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el hospital por un cuadro de neumonía y le diagnosticaron Covid-19, tuvo que quedarse internada en el Muñiz, intubada, sedada y conectada a un respirador. Ella murió porque contrajo la enfermedad en momentos en los que su barrio llevaba muchos días sin agua potable.
Ramona nunca tuvo acceso a una vivienda digna pese a que existe un área específica del gobierno porteño destinada a ello, la Secretaría de Integración Social y Urbana. Mientras había falta de agua en la villa y se conocían más casos de coronavirus, se supo que Diego Fernández, el funcionario a cargo de la Secretaría, contrató a la Consultora HYTSA "...para integrar los distintos equipos que conforman la Gerencia Operativa de Reasentamiento." por la suma de $ 1.141.488 más u$d 1.199.653.  Dicho contrato, además, tuvo una extensión por otros u$d 857.599.
Mientras ese dinero era recibido por HYTSA, Ramona y sus vecinos y vecinas seguía sin tener acceso a una vivienda adecuada. El Gobierno de la Ciudad tenía plata para la consultora pero no para garantizar el acceso a una vivienda adecuada a todos los habitantes de los barrios vulnerables de nuestra Ciudad. Plata para cumplir con la Constitución Nacional no hay.
Cabe aclarar que, en opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesvivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición.  Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia (Observación General Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).
Resulta evidente que en la Ciudad el Gobierno no cumple con la ley y cuando no hay cumplimiento con la ley, NO HAY DERECHO.
Pero nada de esto es casualidad sino que responde a la ideología y concepción de Horacio Rodríguez Larreta, quien considera que los barrios populares no son parte de la sociedad
Extra societatem non est ius, in omni societate ius est; lo que exactamente quiere decir: fuera de la sociedad no hay Derecho y en toda sociedad hay Derecho. Dicho con más claridad, Derecho y Sociedad se exigen mutua y necesariamente, de tal modo que no puede haber derecho sin sociedad, ni puede haber sociedad sin Derecho.

viernes, 15 de mayo de 2020

GRACIAS TOTALES!!!



A 10 años de aquel show del 15 de mayo de 2010. El HOMENAJE a Gustavo Cerati  de
"La Ciudad de la Furia"

Archivo del blog