LARRETA Y SU REIVINDICACIÓN DEL "LAWFARE"

 

"Yo le creo a D'Alessandro, ha sido víctima de espionaje. Es como si te entren en tu chat y te miren los mensajes íntimos. Es una vergüenza. Él tomó la decisión de presentar su renuncia porque está muy dedicado a responder judicial y mediáticamente en la causa de las escuchas. Es gravísimo y tiene que defenderse", afirmó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones a radio La Red.*

La realidad es que se filtraron a la prensa algunos chats de Marcelo D'Alessandro. Esa filtración de chats dejó al descubierto las relaciones más que cercanas entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Corte Suprema, tan solo una semana después de que el tribunal dictara una cautelar a favor de la administración porteña en la disputa por la coparticipación con el gobierno nacional. En los intercambios se ve cómo el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, recibe anticipos y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente supremo, Horacio Rosatti. Otros chats exhiben cómo D’Alessandro habla de licitaciones y de sobres con miles de dólares con uno de los empresarios que son parte del negocio de las grúas y de los estacionamientos.

El detonante fue la filtración de un intercambio de mensajes del ministro con jueces y camaristas federales, así como con directivos del Grupo Clarín, en los que presuntamente se diseñaba una maniobra para encubrir un viaje que los involucrados compartieron a la residencia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.

Fundamentalmente dejó en evidencia todas las maniobras en las que incurrieron funcionarios políticos y judiciales para evitar ser investigados por la justicia federal de Bariloche. Algunos de esos intercambios muestran cómo D’Alessandro fue parte de las maniobras de Juntos por el Cambio por quedarse con un asiento en el Consejo de la Magistratura, el organismo que colonizó la Corte a finales del año pasado y que actualmente también preside Rosatti. ¿Será por eso que Horacio Rodríguez Larreta lo necesita en caso de ser electo Presidente de la Nación?

En otro alarde de "lawfare" explícito, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires recibe al ex Juez Moro. El exjuez y exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro llegó al país para participar de un seminario de la Fundación Libertad por su aniversario número 35. Moro fue el magistrado responsable de la investigación judicial trucha que terminó con la proscripción, primero, y el encarcelamiento del Presidente Lula da Silva en Brasil, posibilitando el triunfo electoral de Bolsonaro.

La actividad que lo tuvo como protagonista se realizó en el salón Dorado de la Legislatura porteña y la apertura del encuentro, estuvo a cargo de Moro (actualmente senador de Brasil) junto al diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy.

También debemos recordar que el juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin anuló todas las sentencias dictadas contra el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato.  La decisión de Fachin atañe a cuatro procesos en los que el mandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la "competencia jurídica" requerida para analizar esos casos.

Más aún, el Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió en una ajustada votación, que el juez Sergio Moro no actuó de manera imparcial. Según la máxima corte judicial del país, Lula no tuvo derecho a un juicio justo y la condena debe anularse completamente.

LAWFARE AL PALO.

Recordemos, una vez más, que el l lawfare es el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de los/as políticos/as progresistas en la región. Con la muerte política se busca erosionar el poder de los/as enemigos/as políticos/as, deslegitimarlos/as y convertirlos/as en los/as causantes de todos los males, desacreditarlos/as, manchar su imagen política, arruinar sus carreras. En fin, convertirlos/as en muertos/as políticos/as. Al mismo tiempo se busca su muerte jurídica, es decir, inhabilitarlos/as legalmente para participar en política.

Un modelo a seguir por Juntos para el Cambio. La utilización del Poder Judicial para lograr llegar al gobierno.

Por eso, Sergio Moro en la Legislatura de la Ciudad.

Por eso, Larreta avisa que Marcelo D'Alessandro será funcionario en un futuro gobierno si es que él es presidente.

*https://www.adnciudad.com/index.php/politica2/15707-sera-parte-del-equipo-de-gobierno-que-viene

DEL LAWFARE AL MAMARRACHO JURÍDICO

 

El domingo por la noche (sí, leyó bien, un domingo a las 20 horas) la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli,  de forma unánime resolvió  a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en el distrito porteño.

Ordenaron al Gobierno de la Ciudad que disponga la continuidad de la presencialidad de las clases, pero ellos -los/as tres jueces/zas- lo hicieron de manera virtual  y firmaron su sentencia de modo digital para no contagiarse el COVID-19. Ellos se cuidan, chicos, chicas y docentes a la escuela.

Hasta aquí los datos de color que ilustran el "mamarracho" jurídico de la Sala Amarilla (conocida de esa manera por sus fallos siempre a favor del Gobierno) de la la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, donde una de sus integrantes es hermana del Secretario General del PRO a nivel nacional y funcionario del Gobierno de la Ciudad desde 2007, Eduardo Macchiavelli.

Respecto al mamarracho jurídico, primeramente, diremos que se camufló una acción de amparo al demandar al Gobierno de la Ciudad para forzar la competencia ordinaria de la Ciudad, cuando el objeto de la misma era suspender la vigencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Para atacar la vigencia del DNU debieron haber acudido al fuero Contencioso Administrativo Federal.

La presentación judicial fue realizada por un colectivo de "padres organizados" y una desconocida ONG para intentar que la justicia de la Ciudad se declare competente para resolver la cuestión, pese a que la Procuración ya había determinado que se trataba de una cuestión en la que la Corte Suprema tenía competencia originaria.

Así las cosas, una vez presentada la acción de amparo, la fiscal Nidia Karina Ciccero dictaminó a favor de otorgar la cautelar pese a reconocer la incompetencia, una obviedad ya que con anterioridad se había expresado en twitter, precisamente, el miércoles 21 de abril a la noche. Este dato es relevante porque la fiscal al emitir opinión previa tendría que haberse excusado de dictaminar en dicha acción. Curiosidades, datos de color, anécdotas que se suman.

Un dictamen fundado en una supuesta urgencia que no era tal. La legislación vigente prevé supuestos en los que un Tribunal incompetente resuelva una cuestión, pero no era el caso. La urgencia para ello debe estar fundada en casos de vida o muerte, necesidad de un trasplante, de una intervención quirúrgica o prestación médica.

Es necesario recordar que la modalidad de prestación pedagógica es federal, ello sin soslayar que la Ciudad tiene la responsabilidad indelegable de proveer educación a sus habitantes. Y las medidas sanitarias en pandemia son federales.

En síntesis, la justicia porteña no tiene competencia para realizar el control de constitucionalidad de disposiciones federales. Tampoco las puede declarar inaplicables. Hacerlo es una burrada jurídica.

Para señalar el uso ilegítimo del Derecho que puede hacer el Poder Judicial a fin de obtener un determinado objetivo político, como en este caso, hablamos de lawfare. El lawfare es una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder político, económico y/o mediático. Es una guerra judicial, su principal arma es la manipulación de los magistrados y de su tarea, que es impartir justicia. Se trata de jueces/zas que interpretan de modo sesgado las leyes al servicio de un interés político.

Del lawfare al mamarracho jurídico porque ya no se trata de una interpretación o aplicación de la ley sesgada, sino que directamente estamos frente a una resolución judicial contraria a la ley para satisfacer los objetivos políticos de Horacio Rodríguez Larreta.

FACULTAD DE DERECHO O FACULTAD DE LAWFARE

Si bien la Facultad confirmó que el evento fue suspendido, es dable afirmar que al proyectar y proponer una charla sobre "combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho" a cargo de Sergio MORO, artífice y ejecutor de la persecución judicial contra el ex Presidente Luiz Ignacio "Lula" Da Silva (violando el debido proceso), luego Ministro de Justicia del Gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, evidenciando, de esa manera, su absoluta parcialidad para con quien había juzgado previamente, y cuando esa charla iba a ser presentada por el Sr. Vicedecano; la Facultad de Derecho de la UBA se mostró más como un "comando de campaña partidario" que como la Casa de Altos Estudios prestigiosa que es y debe seguir siendo.

No obstante lo cual, es sumamente plausible la decisión de suspender la actividad por carecer la misma de valor académico alguno y tratarse el ex Juez Moro del mayor símbolo del LAWFARE, que no es otra cosa que el uso ilegítimo que puede hacer el Poder Judicial del DERECHO con el objetivo de dañar, difamar o deslegitimar a un oponente en la lucha para obtener cierto objetivo partidario, pudiendo llegar a la exclusión de una candidatura a cargos públicos.

El LAWFARE es una distorsión en la aplicación de la LEY ejecutada por jueces al servicio del "poder político-económico-mediático" que persigue a dirigentes políticos y/o sociales que se le oponen. A mayor abundamiento podemos decir que LAWFARE es el uso indebido de instrumentos jurídicos, por parte de jueces, para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y a su entorno, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular.

Los protagonistas del LAWFARE son los jueces que interpretan las leyes de manera sesgada al servicio de ese poder. Es manipulación de magistrados. Como lo señalara en su oportunidad el Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo De Lázzari, en la V° Jornada de la Red de Jueces Penales Bonaerenses: "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante." Agregando que: "El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester, creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío que estaba mencionando."

Moro no es un ejemplo de transparencia y lucha contra la corrupción, tampoco un académico o jurista, Moro es símbolo de la peor cara del Poder Judicial en las naciones latinoamericanas, siendo uno de los protagonistas del LAWFARE, que en nuestro continente no ha sido otra cosa que la guerra judicial contra los líderes políticos populares y progresistas de la región.

La Facultad de Derecho de la UBA no puede, ni debe rifar su prestigio académico promocionando una supuesta exposición académica con un referente de la utilización del Poder Judicial al servicio de los intereses económicos y políticos de las minorías dominantes que constituyen los grandes grupos económicos de nuestra región.