DEL LAWFARE AL MAMARRACHO JURÍDICO

 

El domingo por la noche (sí, leyó bien, un domingo a las 20 horas) la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli,  de forma unánime resolvió  a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en el distrito porteño.

Ordenaron al Gobierno de la Ciudad que disponga la continuidad de la presencialidad de las clases, pero ellos -los/as tres jueces/zas- lo hicieron de manera virtual  y firmaron su sentencia de modo digital para no contagiarse el COVID-19. Ellos se cuidan, chicos, chicas y docentes a la escuela.

Hasta aquí los datos de color que ilustran el "mamarracho" jurídico de la Sala Amarilla (conocida de esa manera por sus fallos siempre a favor del Gobierno) de la la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, donde una de sus integrantes es hermana del Secretario General del PRO a nivel nacional y funcionario del Gobierno de la Ciudad desde 2007, Eduardo Macchiavelli.

Respecto al mamarracho jurídico, primeramente, diremos que se camufló una acción de amparo al demandar al Gobierno de la Ciudad para forzar la competencia ordinaria de la Ciudad, cuando el objeto de la misma era suspender la vigencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Para atacar la vigencia del DNU debieron haber acudido al fuero Contencioso Administrativo Federal.

La presentación judicial fue realizada por un colectivo de "padres organizados" y una desconocida ONG para intentar que la justicia de la Ciudad se declare competente para resolver la cuestión, pese a que la Procuración ya había determinado que se trataba de una cuestión en la que la Corte Suprema tenía competencia originaria.

Así las cosas, una vez presentada la acción de amparo, la fiscal Nidia Karina Ciccero dictaminó a favor de otorgar la cautelar pese a reconocer la incompetencia, una obviedad ya que con anterioridad se había expresado en twitter, precisamente, el miércoles 21 de abril a la noche. Este dato es relevante porque la fiscal al emitir opinión previa tendría que haberse excusado de dictaminar en dicha acción. Curiosidades, datos de color, anécdotas que se suman.

Un dictamen fundado en una supuesta urgencia que no era tal. La legislación vigente prevé supuestos en los que un Tribunal incompetente resuelva una cuestión, pero no era el caso. La urgencia para ello debe estar fundada en casos de vida o muerte, necesidad de un trasplante, de una intervención quirúrgica o prestación médica.

Es necesario recordar que la modalidad de prestación pedagógica es federal, ello sin soslayar que la Ciudad tiene la responsabilidad indelegable de proveer educación a sus habitantes. Y las medidas sanitarias en pandemia son federales.

En síntesis, la justicia porteña no tiene competencia para realizar el control de constitucionalidad de disposiciones federales. Tampoco las puede declarar inaplicables. Hacerlo es una burrada jurídica.

Para señalar el uso ilegítimo del Derecho que puede hacer el Poder Judicial a fin de obtener un determinado objetivo político, como en este caso, hablamos de lawfare. El lawfare es una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder político, económico y/o mediático. Es una guerra judicial, su principal arma es la manipulación de los magistrados y de su tarea, que es impartir justicia. Se trata de jueces/zas que interpretan de modo sesgado las leyes al servicio de un interés político.

Del lawfare al mamarracho jurídico porque ya no se trata de una interpretación o aplicación de la ley sesgada, sino que directamente estamos frente a una resolución judicial contraria a la ley para satisfacer los objetivos políticos de Horacio Rodríguez Larreta.