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domingo, 28 de agosto de 2022

Así provoca Larreta

Así llegaban las piedras a las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta de la Nación

Después de las piedras, la ocupación policial...


Y las vallas!!!



Mientras tanto, otros agentes de la Policía de la Ciudad, esperaban en la Plaza Vicente López la llegada de los primeros manifestantes peronistas.


En Recoleta siempre se encuentran vecinas solidarias con la policía para la realización de actividades de espionaje o "tareas de inteligencia"


Una de las violentas manifestantes kirchneristas,  en la calle Uruguay al 1200


¿Policía? La maldita policía de la Ciudad, verdaderos barras bravas uniformados que le pegan e insultan al Diputado Máximo Kirchner

Mientra el Jefe de Gobierno dice esto:

 

Su socio López Murphy...


Bombardearon "la" plaza, fusilaron al que pensaba diferente, nos proscribieron, prohibieron decir Perón y cantar "la marcha", nos encarcelaron, nos torturaron, desaparecieron a 30.000 personas, hoy arman causas judiciales para persiguir y amenazar, cada vez que pueden reprimen con palos, balas de goma y gases. Pero en su relato, las víctimas siempre son ellos.

Para ello, la violencia nunca fue un límite, no hay que caer en las provocaciones.


 

miércoles, 30 de septiembre de 2020

La hipocresía de Larreta


Ante tanta caradurez, la única respuesta posible:
 



miércoles, 23 de septiembre de 2020

MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD: La doble vara de Rodríguez Larreta, otra vez de manifiesto

A la hora de manifestar en la Ciudad de Buenos Aires hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacerlo para manifestar disconformidad con el Gobierno Nacional o manifestar algún reclamo al Gobierno de la Ciudad. Todo no se puede.

Ya fue dicho aquí. "Se nota mucho, permiso para manifestarse para unos, represión para otros. Un caso de doble vara."

Mientras a unos/as se les permite ir hacia el Obelisco al grito de "¡quema de barbijos!" y, también, se les permite organizar una fogata para reducir a cenizas los tapabocas, uno de los elementos sanitarios que previenen o minimizan el riesgo de contagio de coronavirus, a otros/as, no se les permite manifestarse por sus derechos.



Libertad para quemar barbijos, libertad para los/las anticuarentena.

Pero cuando la movilización la realizan trabajadores y trabajadoras para reclamar por sus derechos la cosa se pone más densa. No importa que se trate de trabajadores esenciales.

El pasado 21 de septiembre, en ocasión del Día de la Sanidad, enfermeras y enfermeros porteños/as se movilizaron desde el Obelisco a la Legislatura, ubicada en la calle Perú 160. Reclamaban el pase de los/as licenciados/as en enfermería a la carrera profesional, de la que fueron excluidos/as en noviembre de 2018. Hoy son parte de la carrera administrativa, claramente un sinsentido.


La Legislación de la Ciudad de Buenos Aires reconoce a 24 categorías de profesiones de la salud, entre las que se encuentran, por ejemplo, médicos/as, odontólogos/as, fisioterapeutas, fonoaudiólogos/as y nutricionistas, pero no incluyó a los/as licenciados/as en enfermería, quienes quedaron encuadrados/as como parte del personal administrativo. Al ser considerados/as administrativos/as, no se les reconoce las capacitaciones, especializaciones y títulos en los que invierten su dinero y su tiempo.

Iban a entregar un petitorio pero la policía se los impidió, no de muy buena manera. Palos y represión otra vez. La Policía de la Ciudad tiene una fuerte vocación a la hora de reprimir. Una concepción ideológica para el accionar policial porteño, el crimen de pensamiento.

De nuevo hay que recordarle al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que más allá de las simpatías y de a quién voten los manifestantes se les debe garantizar a todos y a todas su derecho a expresarse en las calles de la Ciudad.

lunes, 3 de agosto de 2020

MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD: La doble vara de Rodríguez Larreta

Sábado de movilizaciones en cuarentena.


Mientras unos dijeron el #1aYoVoy, la convocatoria para manifestarse en contra la reforma judicial en el Obelisco, todo transcurrió con normalidad y esta vez, sin agresiones a periodistas.

Otros, decidieron movilizarse para pedir justicia a tres años de la desaparición de Santiago Maldonado y para reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, de quien no se sabe nada hace tres meses.

Los unos y los otros decidieron manifestarse y movilizarse. Ni a los unos, ni a los otros les importó la pandemia y el aislamiento dispuesto por las autoridades. Los unos y los otros violaron la cuarentena.


Imágenes elocuentes de unos y otros. Ausencia policial para unos y accionar represivo para otros con pocas cuadras de diferencia. Rodilla encima de la cabeza de un manifestante en un caso, pasividad policial en otro. Todo eso en un mismo día.

Una vez más, una protagonista excluyente, la Policía Porteña. Una vez más ha demostrado un claro accionar discrecional y discriminatorio, ya que ha permitido numerosas manifestaciones, todas violatorias de la cuarentena, empleando una doble vara que pone en evidencia el carácter elitista de la Policía de la Ciudad, protegiendo a unos, reprimiendo y encarcelando a otros.

Los grandes medios de comunicación, en tono épico, anunciaban que de manera espontánea desde  las 16, vecinos porteños con banderas argentinas llegaban al Obelisco y por otro lado, que marchaban grupos de jóvenes anarquistas y violentos a quienes hubo que reducir porque atacaron a la policía.

Unos se manifestaban contra una política del Gobierno Nacional, otros para repudiar la desaparición de Santiago Maldonado durante el gobierno anterior y reclamaban la aparición de Facundo Astudillo Castro responsabilizando a la policía bonaerense. 

Se nota mucho, permiso para manifestarse para unos, represión para otros. Un caso de doble vara.

Una concepción ideológica para el accionar policial porteño, el crimen de pensamiento. Se reprime a quienes "piensan" en cuestiones que van en detrimento de propuestas o hechos en los que funcionarios del PRO son responsables (tal como lo es la desaparición de Santiago Maldonado).

Se nota mucho, debido a que el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, es quien está a cargo de la Policía de la Ciudad. Para los muchachos del Pro en la Ciudad hay marchas buenas y malas. Buenos muchachos.

Es momento de recordarle a Horacio Rodríguez Larreta que más allá de las simpatías y de a quién voten los manifestantes se les debe garantizar a todos y a todas su derecho a expresarse en las calles de la Ciudad.

En un Estado democrático habría que investigar a los policías por su proceder violento en lugar de habilitar la criminalización de ciertas protestas. Pero ningún fiscal de la Ciudad hizo la denuncia porque el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (ex representante de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura de la Nación) es el responsable del blindaje judicial en la Ciudad.


sábado, 11 de abril de 2020

Y un día, Larreta mostró la hilacha


En tiempos de coronavirus, el Gobierno de la Ciudad muestra la hilacha.

Mediante la Contratación Directa N° 2009/SIGAF/2020, el Gobierno de la Ciudad adquirió equipamiento antidisturbios, es decir, miles de cartuchos antitumultos (balas de goma) y miles de granadas para arrojar gas lacrimógeno (granadas HC - hexacloroetano (HC), un agente químico que produce un humo blanco y espeso y granadas CS - Gas CS es el nombre común para clorobenzilideno malononitrilo, fórmula química: C10H5ClN2, un gas lacrimógeno).

El Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, Pérez Lorgueilleux   firmó el pasado 3 de abril, la RESOLUCIÓN N° 69/SSGA/20 mediante la cual se aprobó dicha contratación directa, según lo publicado en el Boletín Oficial del día 8 de abril. 

Se gastaron casi 53 millones de pesos (exactamente $ 52.765.291,90.-) en equipamiento antidisturbios "para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia" (según la solicitud de la División de Armamento, Munición y Explosivos de la Policía de la Ciudad, del pasado día 25 de marzo, avalada por el Ministerio de Seguridad).

Es decir, que ante la situación socioeconómica que podría derivar en una crisis social, la Ciudad junta balas de goma y gas lacrimógeno antes que alimentos e insumos hospitalarios (barbijos, alcohol, etc.). 

En otras palabras, mientras en los barrios de mayor vulnerabilidad social de la Ciudad  no hay agua potable (con la excepción del Barrio Saldías en la Comuna 2, gracias a una iniciativa de la entonces comunera Gabriela Castillo) y por ello, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria  y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre otros, conjuntamente con algunos habitantes de la Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildañez, Villa 15 – Oculta -, Villa 20, presentaron una acción de amparo reclamando al acceso al AGUA POTABLE y SANEAMIENTO SEGURO como forma esencial de prevención del contagio del coronavirus  y del dengue, Larreta arma a su policía.

Al mismo tiempo que la Dra. Romina Tesone, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad, dictó sentencia y ordenó al Gobierno que la canasta alimentaria que se da en las escuelas de la Ciudad sea dividida por franjas etarias, incluya variedad de alimentos (los 6 grupos) para garantizar todas las vitaminas (A, D y C) y nutrientes (proteínas, hierro, calcio), se incorpore leche o yogur para su consumo todos los días y se entregue jabón o elementos de higiene, la Ministra de Educación, Soledad Acuña, avisa que no cumplirá con la orden judicial. Mientras tanto, Larreta arma a su policía.

A la vez que la Ministra anuncia que "estamos preparados para clases no presenciales. Hace años que venimos haciendo un esfuerzo por mejorar la infraestructura de las escuelas, la tecnología y que los docentes se formen y perfeccionen en esta época digital", desde el gremio ADEMyS señalan que la Ciudad no está preparada  para dar clases virtuales y afirman que "Acuña miente. Desde hace casi tres años los alumnos de primer ciclo de primaria no tienen computadora propia y la totalidad de los niños no cuenta con internet incorporada al equipo. ¿Cómo pretende la ministra la continuidad pedagógica en estas condiciones?" Mientras tanto, Larreta arma a su policía.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 45 de la Capital Federal a cargo de la Dra. Rosalía Romero, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la ART Provincia que provean de equipos de protección personal frente al coronavirus a los trabajadores del Hospital Tornú y fijó una multa de 10 mil pesos por día, para cada una, en caso de incumplimiento. Mientras tanto, Larreta sólo arma a su policía.

En tanto el Gobierno Nacional adopta medidas para los sectores más vulnerables destinando $63.000 millones distribuidos de la siguiente manera: $2.000 millones se usarán para reforzar los comedores escolares con viandas y módulos alimentarios durante el próximo mes; $12.000 millones adicionales de inyección para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); $12.000 millones del bono especial de $3.000 para los jubilados; $1.800 millones extras para los planes sociales y $36.000 millones de un monto fijo para los monotributistas de escala menor, Larreta gasta $53 millones de pesos en armamento para su policía.

Frente al temor de un posible estallido social derivado de los efectos económicos producidos por la pandemia del coronavirus cada cual atiende a sus prioridades. El Presidente de la Nación adoptó una política de contención humanitaria, especialmente dirigida a la población en mayor situación de riesgo. Bonos, aumentos, compensaciones, provisión alimentaria, entre otros, son algunas de las decisiones que apuntan a reducir los efectos de la emergencia sanitaria sobre los más vulnerables. En cambio, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta ha preferido preparar a la Policía de la Ciudad para la represión.

Y un día, Larreta mostró la hilacha. 

lunes, 29 de abril de 2013

BORDA: REPRESIÓN, INTERPELACIÓN y DESPUÉS...



El viernes pasado la Policía Metropolitana entró al Hospital Borda, destruyó el Taller Protegido 19, reprimió ferozmente a cientos de personas, hirió a más de cincuenta y se llevó detenidos a una decena. Entre todos ellos había médicos, enfermeros, administrativos, pacientes, vecinos, legisladores, militantes y periodistas.
Fue a las 7 de la mañana que se inició el operativo mediante el cual, personal de la Policía Metropolitana desalojaba maquinarias y mobiliario del Taller Protegido 19 del Hospital Borda, por lo que los trabajadores se convocaron en el lugar, donde habitualmente se hacen tareas de rehabilitación y se enseña oficios a los pacientes.
Cabe destacar que la Policía Metropolitana ingresó al predio del hospital Borda de manera clandestina por la parte de atrás (calle Pedriel), de manera que sus movimientos no puedan ser observados. Para ello, tiró abajo un paredón e ingresaron en horas de la madrugada más de 300 efectivos de la Guardia de Infantería muy bien pertrechados con escudos, rifles y gas pimienta. Todo para acompañar una acción que supuestamente estaba amparada por la Justicia porteña y la ley.
La Policía Metropolitana avanzó sobre el predio del Hospital sin tener presente que en los patios de los mismos deambulan pacientes, enfermeras/os y médicos. Sin embargo, no dudaron en utilizar balas de goma y gas pimienta. Todo para lograr demoler el Taller Protegido 19 y comenzar las obras de un centro cívico que jamás fue aprobado por la Legislatura y que nunca contó con aval de la Justicia.
¿Cómo no solidarizarse con médicos, enfermeros, trabajadores y pacientes?
LA INTERPELACIÓN A MONTENEGRO
El Gobierno de la Ciudad salió rápidamente a esbozar una remozada "teoría de los dos demonios", habló de "dos violencias", la de los trabajadores, médicos y pacientes y la respuesta de la policía. Ese fue el eje de la defensa del Ministro Guillermo Montenegro en la interpelación del sábado pasado.
Montenegro sostuvo que la Policía Metropolitana actúo en el marco de la ley en defensa del orden y a continuación agregó que: "Voy a respaldar fervientemente a todos los policías que hagan bien su trabajo". Una sutil manera de avalar la represión del viernes en el Hospital Borda.
En la Legislatura se observó a un Montenegro por demás nervioso, que sonreía frente a los pedidos de renuncia que le efectuaban todos los bloques parlamentarios opositores y que se levantaba a cada rato, llegando incluso a interrumpir a la Diputada Cerruti yéndose del recinto y volviendo a los cinco minutos. Una situación absurda e inédita. Salvo que los nervios y la incomodidad le hayan jugada una mala pasada al ministro macrista y no pudiera controlar sus efínteres. 
En todo momento, el Ministro Montenegro intentó justificar la brutal y criminal represión en el interior de un hospital arguyendo que hubo un enfrentamiento, que el Taller Protegido 19 no se encuentra dentro del Borda, que la Justicia porteña avaló la construcción del Centro Cívico al igual que la Legislatura y, que a lo sumo , hubo errores y excesos en el accionar policial.
Miente Montenegro. La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (SALA II), en la acción de amparo iniciada por los Diputados Ibarra y Naddeo, ratificó la medida cautelar del 28 de diciembre del 2012, manteniendo por lo tanto la suspensión del decreto licitatorio de la Construcción del Centro Cívico (Decreto  GCBA N° 121/12), hasta tanto se dirima la cuestión de la apelación del fallo de primera instancia del 19 de febrero pasado. Esta resolución de la Cámara dejó en claro que el accionar del gobierno de la Ciudad con la demolición del Taller Protegido 19  ha sido ilegal y violatoria de lo resuelto por la Justicia.
La Cámara porteña señaló que la medida de la magistrada de primera instancia, Dra. Andrea Danas, no se encuentra firme y que por lo tanto la medida cautelar de la suspensión del Centro Cívico SÍ "se encuentra vigente, y en consecuencia el GCBA se encuentra impedido de llevar a cabo cualquier medida vinculada con la construcción de los edificios del nuevo distrito gubernamental hasta que se resuelva el expediente en su conjunto".
Tan ilegal ha sido el accionar de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda que la Cámara resolvió sancionar a Mauricio Macri, al Procurador Julio Conte Grand y al Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, con una multa de 20 mil pesos a cada uno por desconocer el fallo de la Justicia.
La matriz represiva y autoritaria del ministro Montenegro y de todo el PRO queda demostrada en la defensa esgrimida de la existencia de "dos violencias", una clara criminalización de la protesta social ya que trabajadores, médicos y pacientes se manifestaron en contra de un accionar ilegal de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad y fueron brutalmente reprimidos con palos, balas de gomas y gas pimienta. Esa protesta fue acompañada por Legisladores porteños, Diputados Nacionales, sindicalistas y militantes de todo el arco político opositor al PRO. Ellos también fueron reprimidos.
También muestran sus rasgos represivos al decir que a lo sumo hubo "errores o excesos" mientras no identifican a un solo agente de la Policía Metropolitana que haya disparado arteramente a quemarropa, sino que la Vicejefa de Gobierno comunica que sí van a identificar a los "agresores", es decir, a trabajadores y pacientes que fueron reprimidos. 
No hay Ley, ni decisión judicial alguna que justifique lo ocurrido el viernes pasado en el Borda. Balas de goma, palos y gas pimienta en un lugar donde el Estado debe proteger a los "locos" más pobres de nuestra Ciudad. 
ESO ES PRO.
Un Jefe de Gobierno que reprime en un neuropsiquiátrico habla de diálogo. Un Jefe de Gobierno que desconoce las decisiones judiciales en su contra habla de respeto a la Justicia. Un Jefe de Gobierno que criminaliza la protesta social habla de Democracia.
Es la Ciudad que tenemos.




martes, 10 de marzo de 2009

ASÍ REPRIME MACRI (y eso que todavía no tiene policía PROpia)

Actúan en la oscuridad. Se visten de negro.
Amenazan, golpean, roban y destruyen mercaderías.
Macri ordena desalojos compulsivos y ellos expulsan de autopistas y plazas a indigentes y personas sin techo.
Son empleados del Ministerio de Espacio Público que depende del amigo de la infancia de Mauricio, Juan Pablo Piccardo.
Se hacen llamar Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), pero en realida son "la patota de Macri".
El pasado el viernes 27 de febrero desalojaron a cien familias de un viejo edificio de la avenida Paseo Colón 1588. De madrugada, junto a las fuerzas policiales actúo la UCEP. Hizo el trabajo sucio, adelantaron su intervención y trataron de avanzar con normalidad, la policía no se metió hasta que todo se transformó en una pelea callejera.
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, junto a varios funcionarios más colaboraron en la represion.
La UCEP estaria compuesta por ex barrabravas, ex policias exhonerados y matones que no tienen problema en ejercer la violencia fisica. La Defensoría del Pueblo y el INADI estan investigando el proceder de la UCEP desde que comenzaron a actuar, ya que los habrian denunciado por discriminación y violencia contra cartoneros y chicos de la calle.
La responsabilidad y la dirección política de estos hechos surge claramente a partir de la participación de importantes funcionarios, de la firma del Decreto 1232/2008 mediante el que se creó la UCEP, y de las órdenes de desalojo administrativo firmadas por los ministros Piccardo y Montenegro. Claro, hay un detalle legal que no tuvieron presente: la UCEP está habilitada para remover objetos y no personas, salvo que para Macri y su gobierno no sean personas quienes viven en condiciones indignas o en la calle.
Macri todavía no tiene su policía PROpia pero ya tiene sus grupos de tareas para reprimir.

martes, 26 de febrero de 2008

MEMORIA FURIOSA


Corría el año 2002, el empresario Mauricio Macri, prometió “meter presos” a los cartoneros porque “se roban la basura” de la calle.
En ese entonces, el candidato a Jefe de Gobierno por un sector del menemismo, sostenía que la solución para la crisis de la basura es encarcelar a los cartoneros.
Para el empresario Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires estaba inundada de miles de delincuentes que todos los días “se roban la basura” que la gente saca a la vereda. “Los vamos a sacar de la calle”, prometió el candidato, en referencia a los cartoneros.
El gobierno porteño desalojó con la Policía Federal a los cartoneros asentados en Belgrano. Hubo heridos y nueve detenidos. El Macrismo adujo que actuó por orden judicial, pero la fiscalía lo desmintió. Recién entonces asumió su responsabilidad.
Eran noventa personas –entre ellas cerca de treinta niños– en condiciones precarias de vida. Estaban a metros de la calle La Pampa y el cruce de las vías del ferrocarril Mitre, frente a la plaza Barrancas de Belgrano. Los adultos son cartoneros que, desde comienzos de año, se habían asentado allí, sobre un playón de cemento. Desde ese lugar reclamaban que se reactivara el “tren blanco” con el que transportaban sus mercaderías y que fue desactivado el 28 de diciembre por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
El gobierno porteño y la Policía Federal los desalojaron por la fuerza, sin orden judicial. Como algunos se resistieron hubo nueve detenidos, seis de los cuales –entre ellos una mujer– tuvieron que ser asistidos porque sufrieron distintas heridas por la violenta represión.
Al igual que en la década del 70, mientras los grupos de tareas desaparecían gente, y Cacciatore limpiaba Buenos Aires; mientras Rodríguez Larreta y Macri reprimen la pobreza, y la televisión repite las imágenes de la violencia desplegada, el rostro humano del Macrismo, Gabriela Michetti, anunciaba a viva voz que "el espacio público es innegociable".

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