MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD: La doble vara de Rodríguez Larreta

Sábado de movilizaciones en cuarentena.

Mientras unos dijeron el #1aYoVoy, la convocatoria para manifestarse en contra la reforma judicial en el Obelisco, todo transcurrió con normalidad y esta vez, sin agresiones a periodistas.

Otros, decidieron movilizarse para pedir justicia a tres años de la desaparición de Santiago Maldonado y para reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, de quien no se sabe nada hace tres meses.

Los unos y los otros decidieron manifestarse y movilizarse. Ni a los unos, ni a los otros les importó la pandemia y el aislamiento dispuesto por las autoridades. Los unos y los otros violaron la cuarentena.

Imágenes elocuentes de unos y otros. Ausencia policial para unos y accionar represivo para otros con pocas cuadras de diferencia. Rodilla encima de la cabeza de un manifestante en un caso, pasividad policial en otro. Todo eso en un mismo día.

Una vez más, una protagonista excluyente, la Policía Porteña. Una vez más ha demostrado un claro accionar discrecional y discriminatorio, ya que ha permitido numerosas manifestaciones, todas violatorias de la cuarentena, empleando una doble vara que pone en evidencia el carácter elitista de la Policía de la Ciudad, protegiendo a unos, reprimiendo y encarcelando a otros.

Los grandes medios de comunicación, en tono épico, anunciaban que de manera espontánea desde  las 16, vecinos porteños con banderas argentinas llegaban al Obelisco y por otro lado, que marchaban grupos de jóvenes anarquistas y violentos a quienes hubo que reducir porque atacaron a la policía.

Unos se manifestaban contra una política del Gobierno Nacional, otros para repudiar la desaparición de Santiago Maldonado durante el gobierno anterior y reclamaban la aparición de Facundo Astudillo Castro responsabilizando a la policía bonaerense. 

Se nota mucho, permiso para manifestarse para unos, represión para otros. Un caso de doble vara.

Una concepción ideológica para el accionar policial porteño, el crimen de pensamiento. Se reprime a quienes "piensan" en cuestiones que van en detrimento de propuestas o hechos en los que funcionarios del PRO son responsables (tal como lo es la desaparición de Santiago Maldonado).

Se nota mucho, debido a que el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, es quien está a cargo de la Policía de la Ciudad. Para los muchachos del Pro en la Ciudad hay marchas buenas y malas. Buenos muchachos.

Es momento de recordarle a Horacio Rodríguez Larreta que más allá de las simpatías y de a quién voten los manifestantes se les debe garantizar a todos y a todas su derecho a expresarse en las calles de la Ciudad.

En un Estado democrático habría que investigar a los policías por su proceder violento en lugar de habilitar la criminalización de ciertas protestas. Pero ningún fiscal de la Ciudad hizo la denuncia porque el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (ex representante de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura de la Nación) es el responsable del blindaje judicial en la Ciudad.

TOMA DE LUGANO: Conducta mediática de los fiscales cuestionable

En el marco de la causa penal iniciada a raíz de la denominada "Toma de Lugano", la Justicia porteña ha abordado la temática del tratamiento de los casos judiciales en los medios de comunicación.

En medio de una realidad en la que el periodismo quiere ser Juez, los fiscales penales de la Ciudad de Buenos Aires ventilan sus investigaciones judiciales en los medios de comunicación. Ello es lo que ha ocurrido desde el primer momento en que se inició la toma del predio de Pola y Cruz, en el barrio de Lugano, en reclamo del cumplimiento de la Ley N° 1770 que dispone la urbanización de la villa 20.

Es así que los fiscales intervinientes en la causa tuvieron una actuación que poco tuvo que ver con el decoro y la prudencia con la que deben actuar los representantes del Ministerio Público Fiscal y nunca dudaron en señalar a los partícipes de la toma como "punteros políticos", denominación peyorativa utilizada cuando se pretende denostar o desacreditar a quienes militan en barrios carenciados.

Por esos motivos, entre otros, se planteó la recusación de los fiscales que han intervenido en la causa judicial y que realizaron las imprudentes y desubicadas manifestaciones públicas. 

Planteada la cuestión, la titular del Juzgado Penal N° 14, Dra. María Gabriela López Iñiguez sostuvo que: “Puesta a resolver he de decir que es deber del juez evitar e impedir todo intento de arrastrar las actuaciones de una causa penal al plano político, debiendo instar a las partes a evitar en la mayor medida posible que se utilice, al realizar sus respectivas afirmaciones, un vocabulario que parezca más propio del terreno de la discusión política que de la dogmática jurídico-penal, única herramienta que debe emplearse en el marco de un proceso penal si se pretende brindar seguridad jurídica al justiciable y al ciudadano en general”.

Y agregó: “En este orden de ideas, no sólo no puedo compartir desde lo individual, sino que debo censurar desde mi rol funcional, que aún bajo color de una política institucional de comunicación del Ministerio Público Fiscal, y con el pretexto de ser llanos para llegar ‘al gran público’ se empleen, en referencia a personas inocentes hasta tanto no se pruebe legalmente lo contrario, los términos peyorativos aquí señalados (‘puntero político’, por citar un ejemplo), puesto que no sólo es un modo impropio de referirse al justiciable sino que a nadie escapa que ese concepto (‘puntero’) encierra un claro sentido de valor, más específicamente de desvalor, pues involucra las ideas de actuación política espuria, de tráfico de influencias y recursos en relación a las personas más necesitadas a cambio de votos; de intercambios de dinero y bienes ‘en las sombras’ en el marco de la tan declamada estimulación de la participación política por ‘el pancho y la coca’, en un claro descrédito de los verdaderos motivos que pueden llevar a una persona, que siempre debe presumirse libre y autodeterminada, cualesquiera sean las razones o motivaciones de esa autodeterminación, pues de lo contrario sí estaríamos sosteniendo un discurso tácito lesivo de la idea de dignidad como característica inherente a todo ser humano. Este deber de prudencia en las expresiones, que no es tan diferente a la prudencia que exige el reglamento para la jurisdicción y que no puede decirse que no esté incluido en el deber de objetividad del art. 5 del CPP, debe extremarse aún más en quien ejerce la delicada función de llevar adelante la decisión de dar o no impulso a la pretensión punitiva estatal. Porque la vehemencia no va de la mano necesariamente con el descrédito, y todo representante del ministerio público fiscal debe tener presente que un imputado es aún un inocente, con derecho al honor, y que el juego armónico del orden jurídico argentino nos enseña que si los fines de la pena son los que declama la ley 24660, en concordancia con normas constitucionales y convencionales de superior jerarquía, su imposición se justifica en el hecho de que el delito fue la libre decisión en contra del derecho de un sujeto libre que pudo motivarse en la norma de modo distinto, y sin embargo decidió libremente no hacerlo. Esto no puede ser entendido como una ficción normativa, de manera tal que involucrar el concepto de "punteros políticos" del particular modo en que se ha hecho en autos, en relación a las acciones desarrolladas por un conjunto indeterminado de personas en la llamada "toma del predio de Lugano", no puede ser visto sólo como un juego de sinonimias. Porque no lo es. Y claramente ello redunda en el mayor o menor peso que puede caberles a quienes enfrentan en esta causa, en el terreno de lo real y concreto, una imputación penal por haber sido "organizadores"”.

Asimismo, afirma la Dra. López Iñiguez que: “Por último, no puedo dejar de señalar, a modo de reflexión, que estas ideas no se predican respecto de los sectores sociales acomodados”. Finalizando, la magistrada interviniente que a su criterio “la conducta "mediática" de los fiscales resulta cuestionable”.

Un fallo judicial firme que, al menos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires cuestiona y censura la conducta mediática de fiscales que pretenden resolver una causa judicial ante los medios de comunicación masivos.

CIUDAD PRO: SIN PROTESTAS Y SIN POBRES. El Fiscal General las reprime y los persigue

No es la primera vez que desde la asunción del Ing. Macri se observa la obsesión en mantener "el orden" a cualquer precio. Muchas veces parecen actuar bajo los efectos del síndrome "De la Rua", es decir, con una necesidad de demostrar quién es la autoridad en la Ciudad.

No son hechos aislados. Para demostrar ello, previamente tenemos que recordar que el diseño insitucional de la Ciudad, además de ser novedoso, establece que el Jefe de los fiscales debe ser designado por la Legislatura.

El Artículo 126 de la Constitución de la Ciudad establece: "El Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Superior de Justicia". Y los jueces del Tribunal Superior son designados por designados por el Jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. De esa manera, el bloque de Diputados PRO impuso su mayoría para la designación del Fiscal General Germán Garavano.

A poco de asumir Macri la Jefatura de Gobierno, Germán Garavano anunció su intención de restringir el derecho a la protesta y sancionar a quienes organicen cortes de calle para reclamar sus derechos. Se establecía de esa manera un nuevo mandamiento: Circular dejarás!

Mientras ello sucedía, la "humana y sensible" Gabriela Micheti lanzaba una nueva proclama "El espacio público es innegociable".

Entonces, el Ministro de Espacio Público, el Fiscal Garavano y la policía desalojaron violentamente a un grupo de cartoneros. Eran noventa personas –entre ellas cerca de treinta niños– en condiciones precarias de vida. Estaban a metros de la calle La Pampa y el cruce de las vías del ferrocarril Mitre, frente a la plaza Barrancas de Belgrano.

Así las cosas, y mientras el Fiscal General de la Ciudad se preocupaba por los grandes temas de la seguridad porteña, los estudiantes secundarios comenzaban a protestar por la reducción de las becas. Asambleas y tomas de los colegios secundarios constituyeron la nueva amenaza según Garavano y Macri.

Confección de listas negras, órdenes a la policía y citación de alumnos y padres a las Fiscalías Contravencionales de la Ciudad. Era la criminalización de la protesta estudiantil. Los y las adolescentes eran el nuevo enemigo elegido por el Fiscal General.

En todo este tiempo, también fueron los artesanos objeto de persecución y hostigamiento por parte de Garavano. Fue así, que el pasado jueves 25 llegó la gota que rebalsó el vaso. A escasos metros de la Legislatura porteña un grupo de policías de civil, la denominada brigada, decidió secuestrar 48 mates (sí, mates) y labrar un acta contravencional contra la artesana que los vendía. En minutos y ante la evidente arbitrariedad de los policías de civil se inició una protesta sobre la calle Perú y muchas personas rodearon un patrullero a fin de evitar que el mismo partiese con los mates.

El titular de la Comisaría 2º decidió devolver los mates y dejar sin efecto el acta contravencional, pesar de lo indicado por la Fiscalía Contravencional, cuando la protesta se transformó en sentada y ante la presencia de medios de comunicación y de Diputados porteños.

Los Diputados y Diputadas porteños decidieron requerir la presencia del Fiscal General en la Legislatura a efectos que de explicaciones relacionadas con la política general que le ha dado al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Garavano concurrirá a la Comisión de Justicia de la Legislatura y deberá decir por qué en esta Ciudad ya existe una Justicia que decidió perseguir a pobres, trabajadores, estudiantes secundarios, artesanos y toda persona que proteste o reclame sus derechos.

En la Ciudad PRO no hay lugar para los pobres.