LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS PORTEÑOS A LA DERIVA

A comienzos de año, allá por enero, la Legislatura porteña dio un importantísimo paso en la consolidación de la autonomía plena de nuestra Ciudad al aprobar el traspaso de 18.000 efectivos de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Se ha aceptado el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15.000 efectivos de la Policía Federal, desplegados en las 54 comisarías porteñas. De acuerdo al convenio aprobado, también fueron transferidas las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, quienes se unieron a los 6.300 efectivos que integran la Policía Metropolitana para brindar el servicio de seguridad en la Ciudad.

Sin embargo, los porteños y porteñas no hemos notado ninguna mejora en la seguridad en las calles de nuestra Ciudad, no nos sentimos ni más cuidados ni más protegidos. Por el contrario, se han retirado todos los controles policiales de acceso a la ciudad que había en los límites con la provincia de Buenos Aires, así como también los que se encontraban en las principales avenidas de la Ciudad.  Ello, pese a que la Ciudad cuenta con una normativa legal que contiene aspectos modernos y democráticos para la organización de una fuerza de carácter preventivo y de cercanía a la sociedad.

La falta de conducción política del proceso de traspaso de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad se hace notar en las tres comunas en dónde la Policía Metropolitana tiene una fuerte presencia.  Esas comunas de la Ciudad son la 12 (Villa Pueyrredón, Saavedra, Villa Urquiza y Coghlan), la 15 (Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Agronomía y Parque Chas) y la 4 (La Boca, Barracas, Pompeya y Parque Patricios), barrios en los cuales la relación de la Metropolitana con la Policía Federal es muy mala. No existe el trabajo conjunto entre ambas fuerzas de seguridad a pesar de que las mismas se deben fusionar en una sola Policía. ¿Cómo trabajan? La fuerza que llega primero al lugar del hecho es la que se encarga del tema, es decir, no hay protocolos de actuación ni coordinación. Si la Policía Metropolitana llega primero, actúa la Metropolitana, si por el contrario llega la Federal, del tema se encarga esa fuerza.

Esta situación se replica hacia arriba debido a que el Superintendente de Seguridad Metropolitana, Guillermo Calviño, quien quedó al frente de la “Federal porteña” aspira a ser el Jefe de la fuerza policial unificada, al igual que los que están en la cúpula de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace. La interna está abierta entre estos dos sectores policiales, y demuestra a las claras la improvisación y la incapacidad de Martín Ocampo y Patricia Bullrich de conducir a las fuerzas de seguridad.

El Presidente y el Jefe de Gobierno establecieron un plazo de un año para el proceso de transferencia de la Policía Federal, cada vez falta menos, y los problemas tienden a profundizarse. El objetivo principal del Ministro de Seguridad porteño es que la Legislatura apruebe una ley que unifique a las dos policías y para ello está dispuesto a efectuar las necesarias concesiones que le solicite la Federal. ¿Qué pasará  con los adicionales que cobra la Federal y que la Metropolitana tiene prohibidos? Recordemos que esos adicionales representan una parte muy importante del sueldo de los agentes de la Policía Federal. 

La seguridad ciudadana está a la deriva, sin rumbo y sin conducción. El territorio se lo están disputando dos grupos armados, uno claramente superior y mayoritario que buscará replicar el modelo ineficaz, militarizado y corrupto de la Policía Federal en nuestra Ciudad. El otro sector, la actual Policía Metropolitana nunca tuvo en claro su identidad y demostró ser muy útil a la hora de espiar a dirigentes opositores y familiares del ex Jefe de Gobierno y a la hora de protagonizar casos de violencia institucional. El problema es que en el medio estamos nosotros, la gente. 

Publicado originalmente en http://www.xn--vocesporteas-jhb.com.ar/la-seguridad-ciudadana-de-los-portenos-a-la-deriva-juan-manuel-di-teodoro-movimiento-evita-capital/

Mientras tanto, en La Ciudad de la Furia... LA POLICÍA FEDERAL ES PORTEÑA

La Legislatura aprobó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad

(39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra)

En el día de hoy, la Legislatura porteña dió un importantísimo paso en la consolidación de la autonomía plena de nuestra Ciudad al aprobar el traspaso de 18.000 efectivos de la Policía Federal. En efecto, se ha aceptado el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15.000 efectivos de la Policía Federal desplegados en las 54 comisarías porteñas. De acuerdo al convenio aprobado, también serán transferidas las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, quienes se unirán a los 6300 efectivos que integran la Policía Metropolitana para brindar el servicio de seguridad en la Ciudad.

Si bien el convenio aprobado no contiene demasiadas definiciones tajantes, la primera cláusula resulta contundente y justifica la definición de día histórico para la autonomía de la Ciudad ya que, establece que "la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad" y "la Nación conserva las estructuras, el personal, los bienes y los servicios necesarios para asegurar las funciones de seguridad en materia federal en territorio de la Ciudad".

Seguramente muchos porteños y porteñas coincidiremos en que ésta era una deuda histórica que debía saldarse cuánto antes. Era hora de que cuando votamos Jefe de Gobierno sepamos que estamos votando a quien debe garantizarnos la seguridad en nuestro barrio y que esa decisión pase exclusivamente por quienes vivimos nuestra Ciudad, de la misma manera que quienes viven en Santa Cruz votan al Gobernador o Gobernadora que dirigirá las fuerzas de seguridad de su provincia.

Que la “federal” tiene falencias o que tiene dentro sus integrantes a nefastos personajes sin escrúpulos no resulta ser una denuncia que sorprenda a nadie, pero esa obvia descripción no alcanza para que la mejor opción sea dejar las cosas como están. Porque votar en contra o abstenerse es votar a favor de que la Policía Federal siga siendo lo que es; es no votar instancias de control ciudadano ni tener la posibilidad de realizar un control legislativo sobre el proceso de traspaso a la Ciudad.

Aceptar con humildad que la mejor opción es que la Ciudad tenga su propia policía es algo que ya impulsó en su momento Néstor Kirchner cuando instruyó a sus legisladores nacionales para que modifiquen la “Ley Cafiero” (recordemos que fue sancionada el 8 de noviembre de 1995, y en su artículo primero señala que el objetivo es "garantizar los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación").

Corría el año 2007 y Mauricio Macri acababa de imponerse en el balotaje a Daniel Filmus. Fue entonces que el Presidente Kirchner acordó con el PRO la reforma de la “Ley Cafiero”. Desde el oficialismo, el proyecto fue defendido en el recinto por el titular de la comisión de Asuntos Municipales, Eduardo Acastello, quien sostuvo que "la ley Cafiero actúa como un corcé que no permitió que los habitantes de la ciudad tuvieran su propia fuerza de seguridad como en otros lugares de la Argentina". En esa línea, y al término del debate, el entonces titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó que "no sentimos que estamos haciendo la gran epopeya sino que con gran esfuerzo estamos modificando la ley Cafiero que impedía que la ciudad tuviese potestad en materia de seguridad". La postura del PRO fue expuesta por Federico Pinedo, quien aseguró que el macrismo quiere "darle seguridad a la gente de la ciudad" y sostuvo que se trata de "contar con las herramientas necesarias: no queremos locuras, que se tomen los pasos necesarios porque no queremos obtener ventajas ni hacer partidismo". Pinedo admitió además que el proyecto es "un avance cualitativo en la legislación argentina y en la "calidad institucional". El dictamen promovido por el oficialismo, en base a una iniciativa impulsada por la kirchnerista Juliana Marino, "establece que el gobierno ejercerá sus funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales" (Lo mismo que dice el Convenio entre Nación y Ciudad suscripto por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta). Finalmente, la reforma aprobada a la “Ley Cafiero” (actualmente vigente) sostiene en su cláusula transitoria única que "definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios".

Ese convenio es el que aprobó la Legislatura porteña.

EL CAPRICHO, LA CIUDAD ENDEUDADA Y UN MILLÓN DE REHENES POR DÍA

El capricho de Mauricio Macri enceguece a todo el PRO y obliga a sus promotores mediáticos a hacer malabares para presentar las noticias referidas a la aceptación del traspaso de los subtes por parte de la Ciudad.

El blindaje mediático que protege a Macri sigue ocultando la ineficiencia de una gestión que sólo sabe endeudar al Estado de la Ciudad y aplicar tarifazos año tras año.

Sin embargo, no hay peor propagandista de su propia gestión que el mismísimo Mauricio Macri. Por eso, el blindaje mediático cobra más relevancia e importancia, todo sea para proteger al posible candidato del establishment.

A Mauricio Macri lo asustó la posibilidad de que se produzca un accidente en los subtes. Sólo imaginar esa posibilidad, lo aterró y lo paralizó, y se encaprichó. Todo ello, pese a que los subtes no registran accidentes de gravedad desde hace casi 30 años y pese al informe de auditoría que él mismo encargó. La auditoría la realizó el Metro de Barcelona, según contratación realizada por SBASE (la empresa del Estado de la Ciudad, que según acta-acuerdo firmada por Macri, ya tenía a su cargo la administración y control del contrato de concesión del servicio de subterráneos de la Ciudad y que ya había aumentado la tarifa del mismo a $ 2.50) y que sostiene en su paper que, respecto de toda la red, "el plan de mantenimiento se cumple con algunas desviaciones no significativas" y que "existe constancia documental del mantenimiento preventivo y correctivo, encontrándose algunas carencias que no se han valorado como críticas". En síntesis, el informe del metro de Barcelona dice todo lo que sabíamos e incluso muestra que el subte está mejor de lo que todos suponíamos, coches en mal estado en la Líneas A y E y servicio normal en las restantes líneas. Un capricho sin sustento teórico, ni fáctico, -según los expertos catalanes contratados por Macri- no hay nada de que asustarse.

Ahora, y pese a haber aceptado el traspaso del Subte a principios de año y, pese a haber dado comienzo de ejecución al Acta-Acuerdo firmado al haber aumentado la tarifa y al haber contratado una auditoría privada, Mauricio Macri pretende que la Legislatura avale su capricho mediante la sanción de una nueva ley. Una vez más, Macri y el PRO, demuestra su supino desapego a la legalidad, ya que la Legislatura ya aprobó el traspaso del servicio de subterráneos a la Ciudad en el año 2000 mediante la sanción de la Ley N° 373 (sancionada el 11 de mayo de 2000, promulgada de hecho el 15 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 20 de julio de 2000), por lo que no hace falta ninguna Ley para que la Ciudad acepté un traspaso que, además, ya fue aceptado por el Jefe de Gobierno en enero del corriente año.

Al momento de asumir, Mauricio Macri recibió una Ciudad equilibrada en sus cuentas y con una deuda por un total de 1807 millones de pesos, suma que el propio Macri se encargó de triplicar. Entonces, una de las características más salientes del Gobierno de Mauricio Macri es el endeudamiento contínuo.

Al capricho de Macri se suma la política de endeudamiento, política que se visibiliza en los hechos:  La deuda porteña creció un 42% en los primeros nueve meses del año al pasar de 4104,7 millones de pesos a  6011,1 millones de pesos, cifra que el próximo 31 de diciembre podría llegar a casi 9000 millones de pesos, si finalmente logran la colocación de U$S 566 millones en bonos que tiene autorizados por la Legislatura el gobierno de Mauricio Macri. De la deuda asumida, para el caso de  subtes en 2010 se tomaron 1200 millones de pesos al 12,5% anual en dólares, una tasa muy alta, y en la actualidad todavía un tercio de esos fondos no se utilizó. A fines de 2011 se habían volcado 800 millones de pesos y en lo que va de 2012 solo se usaron otros 88 millones de pesos, mientras que el resto descansa en un plazo fijo en pesos que paga una tasa de interés por debajo de la que rinde el bono en dólares para los acreedores. Un negocio donde los tomadores de bonos ganan y la Ciudad pierde.

En medio de todo esto, es decir, capricho más endeudamiento, Macri le solicita a la Legislatura que, además, de hacer algo que ya hizo, que es aprobar el traspaso, apruebe un aumento de impuestos consistente en cuarenta centavos más por litro de nafta premium, 30 centavos más la súper y 20 más el gasoil, un 10 por ciento de aumento en los peajes de AUSA,  y hasta un 5 por ciento más de impuestos de patentes de los autos de más de 150 mil pesos. Todo ello, bajo la promesa de no aumentar la tarifa...

Tenemos, capricho + endeudamiento + impuestazo y... un millón de personas que utilizan el subte diariamente como rehenes.

¿Por qué rehenes? Porque será el argumento central de Macri y el PRO para que se apruebe el nuevo impuestazo ya que en el Presupuesto 2013 enviado a la Legislatura no se prevé ninguna partida para financiar el servicio del subte, ni las obras pendientes. De esta manera, Macri vocifera que es porque el Gobierno Nacional no aporta los casi 400 millones de pesos de subsidios que aportó este año, entonces, que debe aprobarse este impuestazo para poder hacer funcionar los subtes. En este punto, hay que señalar dos cosas; la primera es que la política de subsidios no es un recurso y, segundo, que esos 400 millones de pesos representan menos del 1% del Presupuesto anual de la Ciudad para el año 2013.

No hay un problema o un escollo insalvable desde el punto de vista presupuestario para que la Ciudad se haga cargo del subte, lo que hay es un capricho que busca ser justificado y legitimado por la Legislatura porteña.

Así se vive y se viaja en la "Ciudad de la Furia", entre el capricho, las deudas y todos y todas como rehenes.

*Dibujo de http://currinonline.blogspot.com.ar/

EN BUSCA DE LA SEGURIDAD PORTEÑA

No vamos a teorizar sobre la necesidad de la existencia de la Policía, ya que ello, a esta altura, está fuera de lugar. La policía, al igual que otros instrumentos de ordenamiento y control social, deriva en forma directa de la organización del Estado y, más precisamente, de la organización del poder político y económico.

El tema, es que, su existencia produce efectos sobre los ciudadanos y habitantes de la Ciudad mayores que los de otros instrumentos y métodos de organización como lo pueden ser los jueces o la escuela. La policía se presenta como una reproducción del poder mismo, y, también, como una manifestación de la forma más primitiva y directa del poder: LA FUERZA.

En ese marco, y también durante la prolongada transición hacia la asunción de las nuevas autoridades de la Ciudad, referentes del "macrismo" y del Gobierno Nacional han venido discutiendo respecto del traspaso de la Policía por parte del Estado Nacional hacia el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en campaña, el anterior Jefe de Gobierno había lanzado su proyecto de Policía Porteña en una glamorosa presentación.

Si bien todos los candidatos a Jefe de Gobierno insistían en la necesidad del traspaso de la Policía Federal, es claro que, con los resultados en la mesa el Gobierno Nacional comenzó a contradecir a su candidato y sostuvo la necesidad de estudiar en profundidad la temática. A medias, cumplieron con parte de la promesa electoral, la LEY CAFIERO se reformó y ya no existen impedimentos legales para que la Ciudad cuente con su propia fuerza policial. De traspaso, nada.

Por otra parte, no resulta ser un dato menor que un Jefe de Gobierno que ha sostenido que se ha venido preparando durante años para ejercer el cargo que detenta actualmente, que en en campaña afirmaba que "HAY EQUIPO", y que tuvo 6 largos meses entre que ganó la elección y que asumió, recién ahora anuncie que en una semana va a presentar SU plan de seguridad. ¿A qué se dedicaron Macri y sus asesores durante todo este tiempo?

"Hay un debate interno que no terminó respecto del proyecto de Policía que se implementará, para presentar el proyecto de ley en la Legislatura", confirmó el jefe de Gobierno en la conferencia de prensa posterior al almuerzo con Alberto Fernández.

No es un dato menor porque la creación de una fuerza policial no es algo que deba improvisarse. Improvisación es lo que demuestra el Jefe de Gobierno cuando comenta que el debate interno no terminó, y cabe preguntarse entonces si realmente empezó.

En ese punto las crónicas periodísticas son vagas y algunas hablan de la creación de una Academia policial. Esa simple definición nada nos ilustra respecto del modelo de formación que tendrá la policía porteña. Sostienen los funcionarios macristas que la nueva policía contará con salarios más altos que los de la federal, que estará equipada con elementos de última tecnología y que será el Estado quien provea de uniformes a los nuevos agentes. Todas definiciones vacías en cuanto a la inquietud respecto del modelo de formación.

Por qué decimos esto, porque lo que distingue a una sociedad avanzada de aquellas que no lo son, no es el número de misiles de que dispone, ni el número de medallas que obtienen sus atletas, ni la renta per cápita ni otras cosas por el estilo, importantes por cierto, pero poco caracterizadoras de lo que podríamos denominar progreso. En cambio, el rasgo definitorio del progreso que caracteriza a una sociedad avanzada es el nivel de organización social racionalmente obtenida, o dicho de otra manera, el grado de desarrollo jurídico de esa sociedad. Entonces, si vamos a tener a una fuerza policial que desconozca la idea de Derecho, el Gobierno de la Ciudad no hará otra cosa que reproducir a la "maldita policía" de Duhalde y a la policía del "gatillo fácil", y no importará cuánto equipamiento tecnológico tenga o cuán alto sean sus salarios.

La otra cuestión fundamental en la concepción de una fuerza policial tiene que ver con la militarización de sus funcionarios. Tal es el modelo de la Policía Federal y de todas las policías provinciales de nuestro país. La militarización no sólo remite a un orden jerárquico y a su correlato de obediencia, sino que remite a la filosofía con la que se forman los futuros agentes policiales, y de ahí, que la crítica a la militarización de la policía constituya una crítica absoluta a la idea de tratar al delincuente o presunto pertubardor como a un "enemigo". No debe soslayarse que el objeto y el objetivo de los militares es la inocuización o destrucción del enemigo. Además, el hecho de estar preparado y capacitado profesionalmente para luchar contra un enemigo provoca la aplicación de tácticas bélicas que, obviamente, no son las idóneas para mantener la delicuencia dentro de cotas soportables para el público, como no resulta idóneo que la población tenga ante sí una Policía absolutamente militarizada que la convierta en un ejército de ocupación en vez de ser un intermediario entre el ciudadano y la administración de Justicia.

El fin a plantearse con la creación de la Policía Porteña debiera partir de la idea de que particulares y policías no son enemigos, no todo sujeto que se encuentra frente a un policía es un delincuente, ni todo policía que se halle frente a un sujeto, aunque éste sea un delincuente, se comporta como un energúmeno. El DERECHO ofrece las pautas necesarias y razonables para encontrar salidas adecuadas al mantenimiento de la paz social.

Lamentablemente el recuerdo de las vívidas imágenes del desalojo de los cartoneros de hace unas semanas atrás, y la concepción autoritaria de la primacía del derecho de circulación que expuso el, también macrista, Fiscal General de la Ciudad, nos remite a la creación de una policía a imagen y semejanza de esa ideología, consecuencia directa de los discursos demagogicos de dirigentes del PRO y del mismo Mauricio Macri.