Como si no hubieran motivos para desconfiar de la nueva Policía Metropolitana, ahora, aparece en escena el abogado Ciro Gerardo James.
Este abogado, recibido en la Universidad de Belgrano, se inició en el universo de los servicios de Inteligencia en la segunda mitad de los años ’90 como ocasional informante de un sector de la Side llamado Sala Patria. En el 2003 ingresaría a la Policía Federal como personal civil. Allí pasó por Robos y Hurtos y otras divisiones de la Superintendencia de Investigaciones, donde conocería al ex Comisario Jorge "Fino" Palacios. Según el semanario "Miradas al Sur", fue en ese ámbito que James "se hizo diestro en los métodos tecnológicos para fisgonear al prójimo".
No solo de la función pública ha vivido el hombre, ya llegó a ser socio accionista de Protect Compañía de Seguridad, con sede en la localidad de Temperley, además de atender su estudio jurídico ubicado en el primer piso de la avenida Córdoba 817.
James fue detenido en la causa en la que se investigan el espionaje a Burstein –uno
de los familiares que planteó públicamente su oposición a la designación de Jorge “Fino” Palacios en el aniversario del atentado a la mutual judía– y al empresario Carlos Avila. Las escuchas fueron ordenadas por un juzgado de Misiones, en una causa trucha armada para espiar a los nombrados, y James sería quien involucró a los espiados y quien retiraba los casetes por autorización del Juez de Misiones.
Ciro Gerardo James estaba contratado por el Ministerio de Educación porteño desde 2008, con dos contratos por 57.000 y 72.000 pesos anuales. James admitió ante el Juez Federal Oyarbide que tuvo dos contratos con el Ministerio de Educación porteño en 2008 y 2009, pero no pudo dar precisiones sobre cuál era su trabajo, sólo sostuvo que asesora en materia legal a la jefa de gabinete del Ministerio de Educación porteño, Roxana Barroso, y que en el desarrollo de sus tareas era supervisado por el Director de la Unidad de Auditoría del Gobierno de la Ciudad, Roberto Ayub .
En el juzgado sospechan que el contrato encubría el pago por tareas de espionaje.
La sospecha es que los policías y los funcionarios judiciales de Misiones participaron del armado de la causa trucha contra Burstein y Avila y, por lo tanto, fueron claves en el espionaje ilegal. Todo indica que, a cambio de un pago, fueron el vehículo para espiar a quien perdió a su esposa en el atentado y al empresario y productor televisivo.
Existen en total 400 horas de grabación que hizo la SIDE.
Entre escucha y escucha, aparece nuevamente "el Fino" Palacios. Es que James fue su subordinado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal y, según él mismo declaró ayer ante el juez, lo había hecho entrar a la Policía Metropolitana. El actual titular de la fuerza, Osvaldo Chamorro, reconoció que James era un aspirante a ingresar.
Las hipótesis son las siguientes:
Al "fino" Palacios le importaba escuchar lo que Burstein hablaba desde su celular con otros integrantes de la agrupación Familiares y con el fiscal Alberto Nisman. Es que en agosto y septiembre, cuando se produjo el espionaje, los familiares juntaron firmas contra su designación al frente de la fuerza policial porteña y, además, estaba por resolverse si el juez Ariel Lijo lo procesaba o no por encubrimiento en el atentado contra la AMIA. El magistrado finalmente procesó a Palacios.
La escucha a Avila tenía interés porque se produjo en los momentos en que chocaron la AFA y Torneos y Competencias. Avila fue, hace varios años, el dueño de esta última empresa y mantuvo en agosto diálogos con el Poder Ejecutivo en relación con cómo reorganizar las transmisiones de fútbol, ahora en forma abierta y a través de Canal 7.
El Ministro Montenegro y el Jefe de Gobierno Mauricio Macri siguen dando qué hablar con la conformación de la Policía Metropolitana. Contrataciones de represores, de policías expulsados de otras fuerzas y, ahora, un abogado experto en escuchas telefónicas que espiaba a un familiar de las víctimas del atentado a la AMIA. Los denominadores comunes de la Policía de Macri son represión, corrupción y espionaje. ¿Para eso quiere Macri su propia policía?
