Asistimos
inermes a un debate lleno de hipocresías en donde se dice de todo, menos lo que hay que decir. Expertos mediáticos hablan del "
flagelo de la droga", oscuros funcionarios de burocracias inútiles aparecen para poner el grito en el cielo frente al planteo de acabar con la persecución policial de aquel que consume drogas.
En estos días pareciera que nadie conoce a quien consume o ha consumido drogas. Más aún, nadie jamás consumió drogas. Y lo peor, escuchar a muchos que fuman y/o fumaron unos cuantos "porros", decir que "está bien que se siga persiguiendo al consumidor".
¿Qué dice la ley? El artículo 14º de la
Ley 23.737 establece que "
Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal". En otra parte, la citada ley dice que "
Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de seiscientos a doce mil australes: ...b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público".
¿De dónde surge la penalización del consumo de drogas o su tenencia? En 1974, durante otro gobierno peronista y bajo la influencia de José López Rega, entró en vigencia la ley 20.771, que establecía una pena de prisión para el que tuviera estupefacientes en su poder, aunque fueran destinados al uso personal, y que luego guió el espíritu de la ley 23.737, hoy vigente.
Existen teorías criminológicas, no exentas de una carga ideológica troglodita, que asocian a la delincuencia con la droga y el alcohol, que en los últimos años, alcanzaron su cenit con el "efecto Blumberg", logrando hacer perdurar el temor de avanzar en el debate respecto a la despenalización del consumo de drogas.
Es así, que se pretende hacer equivaler la despenalización del consumo de drogas a legalizar el crimen, como podría ser la violación o los secuestros. Nada puede ser más distinto, pues los delitos tienen como primer objetivo el daño a otro en beneficio propio, mientras que ninguna droga es en sí misma un mal, sino que puede llegar a serlo por las circunstancias de su uso indebido o indiscriminado. Pensemos en el alcohol que ingerimos al beber cerveza, vino o whisky.
Es menester señalar que la ley 23.737, cuyo fin es supuestamente preservar la salud pública, transforma en delincuentes a cientos de miles de personas que no son delincuentes. En los más de 15 años de vigencia de la norma hubo, aproximadamente, 320.000 procesados o detenidos por este tema: el 98,5% de ellos no tenía antecedentes penales cuando fue detenido y tenía menos de 5 gramos en su poder.
Sin embargo, la ley 23.737 y la guerra contra las drogas demostraron su rotundo fracaso porque en modo alguno, pudieron disminuir el consumo ni el narcotráfico.
En este sentido se preserva la salud pública mediante la implementación de políticas sanitarias que tengan como objetivo principal la recuperación de los adictos.
No debería haber lugar para dudas, el problema de las adicciones debe ser tratado como un tema de salud y no de índole criminal, porque ninguna recuperación es posible por vía compulsiva y bajo la intervención de un Juez penal.
