APUNTES SOBRE EL PRESUPUESTO 2011 DE LA CIUDAD: Educación y Salud a la deriva

La Legislatura continúa discutiendo la "ley de leyes", el "plan de gobierno", la Ley de Presupuesto 2011 de Mauricio Macri.

Como ya sabemos, Macri solicita autorización para continuar endeudando a la Ciudad, para refinanciar la colocación de bonos y de, esa manera, asegurarle a sus amigos empresarios y proveedores del Estado que seguirá siendo un buen negocio tomar deuda de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez cobraran mayores intereses y la deuda de capital se incrementará. Un gran negocio ser amigo de Macri y proveedor de la Ciudad.

¿Cómo asegura este negocio? Con mayor endeudamiento (cuya única garantía son los bienes de la Ciudad) y con un aumento del ABL en un 30%. Los porteños y porteñas pagamos la fiesta de Macri y el PRO. Eso sí, Mauricio nos asegura más asfalto, más bicisendas y ciclovías y mejores plazas. De Educación y Salud poco y nada.

Los fondos para infraestructura de escuelas públicas, para construir, reparar y refaccionar, se reducen en el 2011 a pesar de que durante varias semanas los estudiantes secundarios tomaron colegios y se movilizaron en reclamo de mejores condiciones edilicias para estudiar. En ese marco, hay que destacar que pese a la promesas del Ministro Bullrich se redujo en un 1% la participación de Educación en el presupuesto total de la Ciudad. Además, cuando Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno en diciembre de 2007 prometió que en marzo de 2008 todas las escuelas tendrían gas, hace unos días el Ministro de Educación del PRO volvió a prometer que todas las escuelas tendrían gas en el mes de marzo, claro, estamos en 2010 y Bullrich se refiere a marzo de 2011. Pasaron 3 años de gestión, pasaron varios "frazadazos" de chicos y chicas y el gas para la calefacción todavía no está en las escuelas porteñas.

Del presupuesto destinado a educación, 1013 millones de pesos corresponden a infraestructura y al Plan Integral Digital que planea la compra de 190 mil netbooks y 16 mil notebooks, para alumnos y docentes de escuelas primarias... suena a poco, parece una meta difícil de cumplir. Mucho más si le sumamos que más del 80% del presupuesto destinado a infraestructura escolar para el año 2010 no ha sido ejecutado hasta la fecha.

El panorama de la salud pública en la Ciudad no pinta mejor. El Ministro Lemus arrancó su presentación en la Legislatura afirmando que el presupuesto en salud nunca alcanza, pero no pudo explicar por qué compró 4 autos Citroën C4 a 125 mil pesos cada uno. Mientras compraba esos autos para su traslado y el de sus subsecretarios cerró el servicio de zooterapia que se realizaba en el Hospital Tobar García. Prioridades de gestión que le dicen.

El gobierno de Macri va a destinar casi 5 mil millones de pesos al área de Salud. Sin embargo, el Ministro no puede explicar porque los residentes (estudiantes de medicina y jóvenes graduados que realizan su práctica profesional en hospitales públicos) no cobran sus sueldos.

Como si eso fuera poco, el Ministro Lemus reconoció que la Ciudad paga sobreprecios en la provisión de medicamentos para los hospitales debido a que una sola droguería tiene adjudicada dicha provisión. Esa empresa, llamada PROGEN, se autodefine como la primera droguería de productos genéricos del país y es propiedad de Esteban Wolf y Mariano Manis, le vendió al Gobierno de la Ciudad todos los medicamentos de salud mental más caros que los que se compraban en los hospitales antes que asumiera Mauricio Macri.

Educación y Salud para pocos es el plan de gobierno del PRO para el 2011. Mayor endeudamiento e impuestazo es la otra pata de la gestión de Mauricio Macri. La Ciudad está a la deriva.

DROGAS: Un debate lleno de hipocresías

Asistimos inermes a un debate lleno de hipocresías en donde se dice de todo, menos lo que hay que decir. Expertos mediáticos hablan del "flagelo de la droga", oscuros funcionarios de burocracias inútiles aparecen para poner el grito en el cielo frente al planteo de acabar con la persecución policial de aquel que consume drogas.

En estos días pareciera que nadie conoce a quien consume o ha consumido drogas. Más aún, nadie jamás consumió drogas. Y lo peor, escuchar a muchos que fuman y/o fumaron unos cuantos "porros", decir que "está bien que se siga persiguiendo al consumidor".

¿Qué dice la ley? El artículo 14º de la Ley 23.737 establece que "Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal". En otra parte, la citada ley dice que "Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de seiscientos a doce mil australes: ...b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público".

¿De dónde surge la penalización del consumo de drogas o su tenencia? En 1974, durante otro gobierno peronista y bajo la influencia de José López Rega, entró en vigencia la ley 20.771, que establecía una pena de prisión para el que tuviera estupefacientes en su poder, aunque fueran destinados al uso personal, y que luego guió el espíritu de la ley 23.737, hoy vigente.

Existen teorías criminológicas, no exentas de una carga ideológica troglodita, que asocian a la delincuencia con la droga y el alcohol, que en los últimos años, alcanzaron su cenit con el "efecto Blumberg", logrando hacer perdurar el temor de avanzar en el debate respecto a la despenalización del consumo de drogas.
Es así, que se pretende hacer equivaler la despenalización del consumo de drogas a legalizar el crimen, como podría ser la violación o los secuestros. Nada puede ser más distinto, pues los delitos tienen como primer objetivo el daño a otro en beneficio propio, mientras que ninguna droga es en sí misma un mal, sino que puede llegar a serlo por las circunstancias de su uso indebido o indiscriminado. Pensemos en el alcohol que ingerimos al beber cerveza, vino o whisky.

Es menester señalar que la ley 23.737, cuyo fin es supuestamente preservar la salud pública, transforma en delincuentes a cientos de miles de personas que no son delincuentes. En los más de 15 años de vigencia de la norma hubo, aproximadamente, 320.000 procesados o detenidos por este tema: el 98,5% de ellos no tenía antecedentes penales cuando fue detenido y tenía menos de 5 gramos en su poder.
Sin embargo, la ley 23.737 y la guerra contra las drogas demostraron su rotundo fracaso porque en modo alguno, pudieron disminuir el consumo ni el narcotráfico.

En este sentido se preserva la salud pública mediante la implementación de políticas sanitarias que tengan como objetivo principal la recuperación de los adictos.
No debería haber lugar para dudas, el problema de las adicciones debe ser tratado como un tema de salud y no de índole criminal, porque ninguna recuperación es posible por vía compulsiva y bajo la intervención de un Juez penal.