La Legislatura aprobó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad
(39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra)
En el día de hoy, la Legislatura
porteña dió un importantísimo paso en la consolidación de la autonomía plena de
nuestra Ciudad al aprobar el traspaso de 18.000 efectivos de la Policía
Federal. En efecto, se ha aceptado el traspaso de la Superintendencia
de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15.000 efectivos de la
Policía Federal desplegados en las 54 comisarías porteñas. De acuerdo al
convenio aprobado, también serán transferidas las unidades de Policía Montada,
Bomberos y la Guardia de Infantería, quienes se unirán a los 6300 efectivos que
integran la Policía Metropolitana para brindar el servicio de seguridad en la
Ciudad.
Si bien el convenio
aprobado no contiene demasiadas definiciones tajantes, la primera cláusula resulta contundente y justifica
la definición de día histórico para la autonomía de la Ciudad ya que, establece
que "la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en
todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito
de la Ciudad" y "la Nación conserva las estructuras, el personal, los
bienes y los servicios necesarios para asegurar las funciones de seguridad en
materia federal en territorio de la Ciudad".
Seguramente muchos porteños y
porteñas coincidiremos en que ésta era una deuda histórica que debía
saldarse cuánto antes. Era hora de que cuando votamos Jefe de Gobierno sepamos que
estamos votando a quien debe garantizarnos la seguridad en nuestro barrio y que
esa decisión pase exclusivamente por quienes vivimos nuestra Ciudad, de la
misma manera que quienes viven en Santa Cruz votan al Gobernador o Gobernadora
que dirigirá las fuerzas de seguridad de su provincia.
Que la “federal” tiene falencias o
que tiene dentro sus integrantes a nefastos personajes sin escrúpulos no
resulta ser una denuncia que sorprenda a nadie, pero esa obvia descripción no
alcanza para que la mejor opción sea dejar las cosas como están. Porque votar
en contra o abstenerse es votar a favor de que la Policía Federal siga siendo
lo que es; es no votar instancias de control ciudadano ni tener la posibilidad de
realizar un control legislativo sobre el proceso de traspaso a la Ciudad.
Aceptar con humildad que la mejor opción es que la
Ciudad tenga su propia policía es algo que ya impulsó en su momento Néstor
Kirchner cuando instruyó a sus legisladores nacionales para que modifiquen la “Ley
Cafiero” (recordemos
que fue sancionada el 8 de noviembre de 1995, y en su artículo primero señala
que el objetivo es "garantizar los intereses del Estado Nacional en la
ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el
pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la
Nación").
Corría el año 2007 y Mauricio Macri
acababa de imponerse en el balotaje a Daniel Filmus. Fue entonces que el
Presidente Kirchner acordó con el PRO la reforma de la “Ley Cafiero”. Desde el
oficialismo, el proyecto fue defendido en el recinto por el titular de la
comisión de Asuntos Municipales, Eduardo Acastello, quien sostuvo que "la ley Cafiero actúa como un corcé que no
permitió que los habitantes de la ciudad tuvieran su propia fuerza de seguridad
como en otros lugares de la Argentina". En esa línea, y al término del
debate, el entonces titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria,
Agustín Rossi, afirmó que "no sentimos que estamos haciendo la
gran epopeya sino que con gran esfuerzo estamos modificando la ley Cafiero que
impedía que la ciudad tuviese potestad en materia de seguridad". La
postura del PRO fue expuesta por Federico
Pinedo, quien aseguró que el macrismo quiere "darle seguridad a la gente de la ciudad" y sostuvo que se
trata de "contar con las
herramientas necesarias: no queremos locuras, que se tomen los pasos necesarios
porque no queremos obtener ventajas ni hacer partidismo". Pinedo admitió además que el proyecto es
"un avance cualitativo en la
legislación argentina y en la "calidad institucional". El
dictamen promovido por el oficialismo, en base a una iniciativa impulsada por
la kirchnerista Juliana Marino, "establece que el gobierno ejercerá sus
funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales"
(Lo mismo que dice el Convenio entre
Nación y Ciudad suscripto por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta).
Finalmente, la reforma aprobada a la “Ley Cafiero” (actualmente vigente)
sostiene en su cláusula transitoria única que "definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para
garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires
los convenios necesarios".
Ese convenio es el que aprobó la
Legislatura porteña.
