La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo dividido, resolvió en el expediente "Grupo Clarín y otros s/ medidas cautelares" en la cual el Juez Federal en lo Civil y Comercial de esta Capital Federal, Edmundo Carbone, había hecho lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación del Artículo 161 de la Ley de Medios (obligación de desinversión) respecto del Grupo Clarín, medida que ya había sido ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
El fallo es presentado como un aval al Grupo Clarín en su lucha por no desprenderse de ninguna de sus empresas de medios audiovisuales. Pero también es presentado como un aval a la plena vigencia y legitimidad de la Ley Nº 26.522 (Ley de Medios).
¿Cómo es posible?
Porque el fallo de la Corte hace las dos cosas. Respetando su tradicional y anquilosada jurisprudencia en relación a que las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del Artículo 14 de la Ley 48 que prevé la actuación del máximo Tribunal, no emite juicio respecto de la validez de la medida cautelar que suspende la aplicación del Artículo 161 respecto del Grupo Clarín. En definitiva, la Corte rechazó el recurso interpuesto por el Estado Nacional.
Pero, también la Corte, y en el mismo fallo, ha ratificado lo resuelto en el caso "Thomas, Enrique c/ Estado Nacional s/ amparo" el pasado día 15 de junio de 2010 afirmando que no se encuentra afectada de ningún modo la aplicación general de la Ley Nº 26.522 y, mucho más importante, que la medida cautelar no ha cuestionado la validez de la desinversión forzada sino el plazo de un año para cumplir con esa desinversión. Por ello, este fallo de la Corte Suprema no puede ser presentado como un aval a la ilegitimidad, invalidez o inconstitucionalidad del Artículo 161, sino como una impugnación a la brevedad del plazo establecido en dicho artículo.
La Corte Suprema también se ha pronunciado sosteniendo que debe fijarse un plazo razonable para la vigencia de la medida cautelar a efectos de evitar su desmesurada extensión temporal. De esa manera busca evitar la prolongación indefinida en el tiempo de una medida cautelar que desnaturalice el proceso y beneficie a un grupo empresario de manera indeterminada en el tiempo. Establece que ese plazo razonable debe ser fijado por el Juez de Primera Instancia de oficio o a pedido de parte, afirmando que de no establecerse el mismo, el Estado Nacional podrá recurrir a las instancias superiores incluida la propia Corte Suprema.
¿Cuál es el plazo razonable de vigencia de una medida cautelar?
No está expresamente fijado en ninguna norma. Sin embargo, es de suponer que el mismo es de dos años de acuerdo a criterios jurídicos y a antecedentes jurisprudenciales respecto de "plazo razonable". Entonces, el Grupo Clarín no tendrá obligación de desprenderse su sus numerosas y prácticamente monopólicas licencias de medios audiovisuales hasta el 7 de diciembre de 2011, ya que debe computarse el plazo desde el dictado de la medida cautelar por el Juez de Primera Instancia.
Ley de Medios vigente para casi todos es el sabor amargo que queda.
Sin lugar a dudas, este fallo puede ser leído como un triunfo del Grupo Clarín ya que gana tiempo y concentra todos sus esfuerzos y sus medios de comunicación en el objetivo mayor: las elecciones presidenciales de 2011. Para Magnetto la prioridad es el armado de un conglomerado opositor que pueda ganar las próximas elecciones. Clarín aportará sus medios y sus "periodistas-empleados" para tamaña empresa. El candidato opositor beneficiado por el buen trato que le dispensará el grupo monopólico se comprometerá a modificar la Ley de Medios.
La Corte dijo que en ese partido no juega, ese el es partido de "la oposición más Clarín" contra el Gobierno Nacional. Sepa el pueblo votar.
