MACRI POR DECRETO Y A PEDIDO DE MAGNETTO

En los últimos tiempos hemos visto como se fue degradando la profesión de periodista como consecuencia de la presión de los accionistas de los grupos económicos que poseen medios de comunicación. También vimos como los propios accionistas tuvieron que poner la cara y hacer las veces de editorialistas o columnistas o conductores de programas de televisión.

Lo que se había empezado a discutir era como muchos políticos también se guiaban en sus opiniones o acciones políticas según los lineamientos definidos en las oficinas de algún multimedios.

En los últimos días, vimos como una protesta gremial consecuencia de un conflicto laboral en el que la empresa Artes Gráficos Rioplatense (AGR) afecta el derecho a la libertad sindical, el derecho de reunión, el derecho a huelga, entre otros, fue desvirtuado como un ataque a la libertad de prensa. Todos los mercaderes de la opinión o la palabra, mal denominados periodistas, salieron a coro a los delegados sindicales que protestaron frente a la planta de AGR y denunciaron estar asistiendo al peor momento de la democracia. Muchos dirigentes de la oposición, por no decir todos, salieron a los codazos unos y otros, a declarar su estupor frente a tamaño atentado contra la libertad de prensa.

Muy pocos hablaron y aún hoy denuncian la flagrante violación a la libertad sindical por parte del Grupo Clarín. Un secreto a voces, hoy visibilizado gracias a la vigencia de la Ley de Medios, es que a Clarín no le gusta que sus trabajadores de agremien libremente, que tengan representantes sindicales e incluso, que se atrevan a protestar. Una larga historia de despidos de dirigentes gremiales es la constante de Clarín desde la Dictadura Militar a nuestros días.

Sin embargo, en el afán pusilánime de políticos por quedar bien ante Magnetto ninguno había llegado tan lejos como Mauricio Macri. El pasado lunes 11 de abril, Macri firmó el DECRETO DE NECESIDAD y URGENCIA Nº 2 fundado en "los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 del año en curso que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al 27 de marzo de 2011 del diario Clarín", considerando que ello "ha configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión". Dicho Decreto de Necesidad y Urgencia impone multas de $ 5.000 hasta $ 50.000 o arresto de 3 a 10 días a "quien impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva..." Misma pena a "quien intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución". Finalmente, para "quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones será sancionado con una multa de pesos dos mil ($ 2.000) a pesos treinta mil ($ 30.000), o con arresto de uno (1) a diez (10) días. La pena será extensiva a personas de existencia ideal y/0 sus representantes legales que de alguna manera convoquen, organicen o apoyen logísticamente las conductas sancionadas".

Nadie llegó tan lejos. Mauricio Macri dicta una norma legal para proteger a Clarín de las protestas sindicales, para sancionar con multas a los sindicatos y a sus representantes legales (personas de existencia ideal) y para proteger a Magnetto, ya que penar a quien hostigue a directivos o gerentes será penado con arresto de 1 a 10 días o multa de $ 3.000 a $ 50.000, claramente habrá que ver que se va interpretando por hostigamiento para protegerlo.

Para que definitivamente se incorporen estas penas al Código Contravencional falta que la Legislatura porteña lo apruebe. Dentro de los diez días, contados a partir de la sanción del DNU, deberá recibirlo el parlamento.

Mauricio Macri por Decreto y a pedido se ha transformado en el EMPLEADO DEL AÑO del Grupo Clarín, de esa manera, busca fortalecer su candidatura presidencial recibiendo los favores del multimedios.

LA JUEZA SARMIENTO QUEMÓ LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Jueza María José Sarmiento intervino en el trámite judicial de la causa “Pinedo Federico y otros c/ PEN- Dto. 2010/09 s/ Amparo ley 16.986” y dictó la resolución mediante la cual se ordena "la suspensión inmediata de los efectos del Decreto N° 2010 dictado por la Presidenta de la Nación Argentina en Acuerdo General de Ministros, con fecha 14 de diciembre de 2009, hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los Decretos de Necesidad y Urgencia".

En lo más sustancial de su fallo, la Jueza Sarmiento fundamenta su resolución en que "La posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia requiere la existencia de una imposibilidad funcional por parte del Congreso de la Nación para desempeñarse como tal, imposibilidad que, prima facie, no parece configurarse en el caso habida cuenta que de conformidad con lo establecido en el art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional el Presidente de la Nación tiene la atribución de convocar a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera". Curiosa reinterpretación del Art. 99 inc. 3º de la Constitución la de Sarmiento ya que, dicho artículo en su parte pertinente establece que: "...El Poder Ejecutivo no podrá en ningun caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de caracter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros."

De la trancripción de la norma constitucional surge la contradicción con lo dicho por la Jueza Sarmiento, la Constitución no habla de "imposibilidad funcional" por parte del Congreso para desempeñarse como tal, sino que simplemente señala "circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios". De sostenerse lo dicho por la Jueza sería imposible considerar legítimo, válido y plenamente vigente a un Decreto de Necesidad y Urgencia ya que "imposibilidad funcional" no habría nunca, salvo que no exista el Congreso Nacional o se hayan muertos tantos diputados y senadores que haga imposible su reunión como cuerpo legislativo por no contar con quorum suficiente para sesionar. No por absurdo deja de ser grave lo resuelto por Sarmiento, ya que "Su Señoría" se arroga para sí más competencias y atribuciones que las que tuvieron los constituyentes del 94 cuando redactaron el Artículo 99 de la Constitución Nacional. De imponerse en los Tribunales la "Doctrina Sarmiento" respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia se estaría negando la competencia del Poder Ejecutivo Nacional de dictarlos y, por tanto, se estaría borrando el Artículo 99 inc. 3º de la Constitución Nacional.

Resulta claro que el Constituyente quiso regular el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia y que por dicha razón le ha dado alcance constitucional a los mismos. Por eso, ningún Juez de la República Argentina puede negar o desconocer la validez de los mismos, ni realizar tan intrincadas interpretaciones del texto legal que hagan que sea imposible dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Ya quedó plasmada la forma en que la Dra. Sarmiento desconoce la letra y espíritu de la Constitución por lo que, sólo nos resta ver cómo le hace decir a la Ley 26.122 lo que ella no dice, ni jamás quiso decir.

Como ya se dijo, la Jueza Sarmiento al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los Diputados Federico Pinedo, Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega ordenó "la suspensión inmediata de los efectos del Decreto N° 2010 dictada por la Presidenta de la Nación Argentina en Acuerdo General de Ministros, con fecha 14 de diciembre de 2009, hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los Decretos de Necesidad y Urgencia".

Nuevamente la Dra. Sarmiento ignora la ley, o, simplemente la desconoce ya que la Ley 26.122 no establece plazo legal alguno para la ratificación o derogación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el único plazo legal establecido es el impuesto por la Constitución Nacional al Jefe de Gabinete de Ministros quien dentro de los diez días de dictado el Decreto debe someter el mismo a consideracion de la Comisión Bicameral Permanente. El Artículo 10º de la Ley 26.122 dice, simplemente, que: "La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento". Más aún, el Artículo 17º de la Ley 26.122 establece que: "Los decretos a que se refiere esta ley dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil"; es decir, que el Decreto de Necesidad y Urgencia tiene fuerza de Ley una vez publicado en el Boletín Oficial y que, por tanto, es plenamente válido, legítimo y legal, por ello, obligatorio para todos.

Los plazos legales establecidos en la La Ley 26.122 rigen a la actividad del Congreso Nacional que tiene 10 días a partir de la recepción del Decreto para que la Comisión Bicameral se pronuncie. Obviamente este plazo no se ha cumplido, lo que viene a demostrar la imposibilidad excepcional de sesionar del Congreso Nacional, lo que demuestra que está dado el requisito de las "circunstancias excepcionales" que hacen imposible el trámite ordinario de una Ley. En conclusión, la Dra. Sarmiento vuelve a utilizar un argumento falaz para intentar fundamentar un resolución ilegítima y manifiestamente arbitraria además de absurda.

Finalmente, y para comprender mejor lo dicho por la Jueza, esbozaremos la DOCTRINA SARMIENTO respecto del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia:

"El Poder Ejecutivo podrá dictar Decretos de Necesidad y Urgencia sí y solo sí no existiera el Congreso Nacional; en cambio, si existe Congreso Nacional dicho Decreto no será válido hasta tanto los Diputados y Senadores Nacionales quieran tratarlo y aprobarlo"

La Jueza Sarmiento pretende quemar la Constitución Nacional y la Ley 26.122 al intentar reescribir la regulación del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Quizás lo que ha sucedido es que la oposición, -a través de la judicialización de la política-, ha logrado que una jueza haga lo que los opositores no pueden hacer porque no los acompañaron los votos.

Le guste o no a quien sea, Diputado o Jueza, el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia está regulado por la Constitución Nacional y eso no lo puede modificar la Jueza Sarmiento.