De la furia de la bonaerense a la furia del gobierno porteño. La constitucionalidad de la solución

Fue una semana furiosa. De la furia de la bonaerense a la furia del Gobierno de la Ciudad.

El reclamo de la Policía Bonaerense, más allá del no menor cuestionamiento por sus formas, y de los antecedentes de algunos/as de sus protagonistas, ha sido considerado justo por la mayoría de los medios.

El reclamo salarial de la policía ha sido uno de los componentes del conflicto, pero no es el único. La pandemia ha privado a muchos agentes de sus adicionales, tanto legales como de los otros; por ejemplo, el cumplimiento de servicios en la cancha y en recitales, y hay quienes dicen que también el juego clandestino, la prostitución, etc.   Esas fuentes de ingresos, en la mayoría de los casos, constituían un complemento importante de sus remuneraciones.

También, es justo decirlo, hay que contar que según algunas estimaciones, hay alrededor de 7 mil efectivos de la fuerza afectados por coronavirus.

Pero poco se ha dicho respecto del abandono de tareas, que como medida de protesta, tiene enormes peligros en el caso de la policía, como pasa con otros trabajos esenciales. Sin embargo, no será motivo de análisis aquí pero esa importante señalarlo para una mejor comprensión del conflicto.

La solución llegó desde el Gobierno Nacional, el Presidente lo resolvió redireccionando los fondos de la coparticipación federal desde la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires. Lo cual desató la furia porteña.  

Desde el punto de vista del conflicto policial-salarial se contuvo la crisis y se evitaron desbordes. Desde el gobierno nacional, se resolvía un problema provincial: el problema de la policía bonaerense.

 

Adentrándonos en la furia de Larreta vale la pena aclarar algunas cosas. Sobre todo porque desde lo jurídico se ha afirmado que es inconstitucional, que modifica una materia que la Constitución reserva al Congreso, ya sea la coparticipación o cuestiones tributarias.

FALSO. No hay ninguna ley que se vea afectada por el decreto, ni tributaria ni de coparticipación, ni de ninguna otra índole. Además, si el Decreto N° 735/2020 (firmado por Alberto Fernández) fuera inconstitucional también lo sería el Decreto N° 194/2016 (firmado por Mauricio Macri), al que modifica. Y si hubiera fundamentos para considerar inconstitucional uno de esos decretos, debería empezarse por el Decreto N° 194/2016, ya que la Ley 23.548 dice que “la Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos”. Esos “niveles históricos” fueron establecidos por el Decreto N° 705/2003 (firmado por Eduardo Duhalde) en 1,40%, sin que nadie se haya quejado de esta cifra; y el Decreto N° 194/2016 (firmado por Mauricio Macri) aumentó esa participación a 3,75% (luego reducida a 3,50%, también por Decreto, sin que nadie haya dicho que dicha quita sea inconstitucional), siempre en un nivel muy por encima de los niveles históricos que señala la Ley 23.548. , 

¿Qué pasaría si el Decreto N° 735/2020 y por consiguiente el Decreto N° 194/2016, fueran inconstitucionales? La Ciudad tendría que devolver todo lo que percibió de más desde el 2016.  En esa encrucijada se ha metido solito el Gobierno de la Ciudad.

No obstante, se puede quedar tranquilo Horacio Rodríguez Larreta. En el Decreto N° 194/2016, el Presidente Mauricio Macri realizó una asignación de fondos nacionales como cualquier otra que puede hacer, que se rige por las normas presupuestarias.

Entonces, tenemos que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le corresponde recibir el 1,40% de los recursos coparticipables, según lo establecido por la Ley 23.548,  que ha sido interpretada por el Decreto N° 705/2003. Si por decreto algún Presidente decide disminuir ese porcentaje ello sería ilegal e inconstitucional y, por ende, inválido. No es el caso. Por eso, tampoco es inconstitucional el Decreto N° 257/2018 mediante el cual el entonces presidente luego de aumentar la coparticipación federal de la Ciudad de 1,40% a 3,75% la disminuyó a 3,5%.

Corresponde hacer un poco de historia. El gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación de la Ciudad al 3,75% cuando decidió la transferencia de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad (Decreto N° 194/2016). Luego, ante pedidos de gobernadores y a través del Consenso Fiscal 2017, la alícuota de la Ciudad se redujo al 3,5% (Decreto N° 257/2018).

Y no hay inconstitucionalidad porque ninguno de los decretos mencionados es contrario al Artículo N° 75, inciso 2° de la Constitución Nacional que establece que "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso".  

Por supuesto que al transferir parte de la Policía Federal de Nación a la Ciudad, correspondía transferir también los recursos equivalentes. Los mismos fueron estimados en 0,92% de la recaudación coparticipable total. Entonces, la Ciudad debía percibir el 2,32% de la coparticipación federal, pero Macri la fijó en 3,75%. Es decir,  Macri le otorgó un extra de coparticipación al gobierno de Larreta de 1.43% de la coparticipación total.

Mediante el Decreto N° 735/2020 el Presidente de la Nación dispuso que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le corresponde el 2,32% del total de los fondos coparticipables, respetando de esa manera la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad con sus correspondientes recursos tal cual lo ordena la Constitución Nacional.

No hay decreto inconstitucional, ni perjuicio económico a la Ciudad de Buenos Aires ya que no deja de percibir los fondos coparticipables que le corresponden.