Las urnas están bien guardadas

Si de Comunas se trata, las urnas están bien guardadas! El Jefe de Gobierno ya se ha manifestado públicamente en contra de la realización de las elecciones para elegir a los representantes de las Juntas Comunales. La Legislatura porteña le puso fecha a la demorada elección de autoridades de Comunas, la nueva división política de la Ciudad. Será (¿?) el 10 de agosto del corriente año próximo, según establece la norma que fue aprobada. Ese día, se supone que los porteños elegiremos a las siete autoridades que estarán a cargo de cada una de las 15 comunas en las que fue dividida nuestra Ciudad.
Debemos tener presente que la LEY DE COMUNAS (Ley Nº 1.777) constituye un proceso de Reforma Política y de Reforma de Administración del Estado. Ello es así, porque las Comunas son gobiernos locales barriales con funciones ejecutivas propias y otras que se llevarán adelante en forma concurrente con el Gobierno central de la Ciudad. Implican una descentralización administrativa y política de la Ciudad. La Reforma Política era necesaria, porque los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no están representados en sus barrios y porque no tienen capacidad de elegir respecto de quienes tienen que velar por sus intereses más directos y cercanos en su vida cotidiana. La LEY DE COMUNAS acerca la representación de los vecinos a la decisión sobre sus prioridades. Serán sus propios vecinos quienes los deberán representar.
Por otro lado, la LEY DE COMUNAS implica un proceso de Reforma del Estado, que incluye procesos –como señaláramos– de desconcentración y de reforma administrativa, con capacidad efectiva de ejercer atribuciones administrativas en el marco de las comunas, con ejecución de presupuesto y obras en el marco de su competencia o de las que le delegue el Gobierno Central. Claro que el cumplimiento de los objetivos previstos en la LEY DE COMUNAS va a depender que quienes sean los miembros electos en la Junta Comunal y de la participación de los vecinos, sus clubes, sus asociaciones y demás organizaciones controlando, exigiendo y peticionando por los problemas del barrio.

Parece que una vez asegurado el sillón de Jefe de Gobierno, Mauricio Macri no quiere compartir el poder del Gobierno de la Ciudad con los vecinos, más todavía cuando se aseguró casi la mitad de la Legislatura, teniendo margen para votar todas las leyes que quiera.

Ante tanta concentración de poder, ¿por qué compartirlo con los vecinos que sean electos por sus vecinos en las comunas? Se debe haber preguntado Macri.
En estos días, los equipos PRO analizan reformar la Constitución de la Ciudad y en lo referente a las Juntas Comunales sostienen lo siguiente:
"Los 105 cargos comunales (siete por cada una de las 15 comunas) implicarán un gasto anual de casi 6.200.000 pesos, que el jefe de gobierno califica de innecesario. Cree que las unidades descentralizadas pueden -como los centros de gestión y participación comunales (CGPC)- ser dirigidas por un solo funcionario".

El número de miembros de las Juntas Comunales quedó establecido en la Constitución porteña, pero fue la Ley 1.777 votada por la Legislatura, incluidos los diputados macristas, la que les adjudicó un sueldo equivalente al 60% del salario de un legislador (aproximadamente $ 8.000 en bruto). Por eso, si se trata de un problema presupuestario basta con la reforma del Artículo de la ley corresponidente, aunque no podemos menos que tildar de falaz dicho argumento, porque de esa misma manera podemos concluir que el gasto en sueldos del Poder Legislativo resulta innecesario y que por ello la solución sería cerrar la Legislatura.

En el PRO también sostienen que: "si las juntas resultan integradas por distintas fuerzas políticas, la toma de decisiones terminará bastardeada por intereses partidarios y complicará, en lugar de hacer más expeditivas, las soluciones para los problemas cotidianos de la gente".

Este último argumento pone al desnudo el pensamiento vivo del macrismo, no quieren la participación de los distintos sectores políticos en el gobierno de los barrios, quieren que haya un delegado del Jefe de Gobierno y no una Junta que represente a los vecinos. Es que el Gobierno PRO va por la máxima concentración del poder y pretende destruir todo lo que sea participación popular y sus instituciones, como lo son las cooperadoras de las escuelas y los centros culturales.

Así las cosas, el Ingeniero Macri no respeta el mandato constitucional y se dirige a infringir las leyes vigentes, ignorando que la Legislatura puso fecha de elecciones y que su responsabilidad es cumplir con la Ley.

Guardar las urnas es PRO. Que no haya Comunas, va a estar bueno.