LA REFORMA CONSTITUCIONAL SEGÚN MAURICIO

Antes de adentrarnos en el análisis de las intenciones de Mauricio para reformar la Constitución de la Ciudad, vale la pena hacer un poco de memoria para rastrear sus intenciones. El año pasado, en primera vuelta, Macri superó a Daniel Filmus por 45,76% a 23,75%. No obstante la abultada ventaja, hubo una segunda vuelta porque el presidente de Boca (en uso de licencia) no alcanzó la mitad más uno de los votos, como prevé la Constitución porteña para evitar el balotaje. Sin embargo, los macristas afirman que el balotaje no los desvela, aunque reconocen que a partir de la experiencia de 2007 solo cabe concluir que "si hay mucha diferencia en la primera vuelta, deberían acotarse los márgenes, y así evitar un gasto inútil de recursos".

Entonces, hay que eliminar al ballotage o balotaje de la Constitución porteña o asimilarlo al sistema nacional. Mauricio no quiere correr riesgos después del desgaste lógico de cuatro años de gobiernos y así asegurarse la reelección.

Siempre con la mirada puesta sobre los costos presupuestarios, el macrismo, entiende que constituye un gasto irracional los 186.697.964 pesos que tiene de presupuesto el Consejo de la Magistratura (superior en 10.100.000 pesos al presupuesto de la Legislatura). Es decir, no se pone el acento en el funcionamiento de una institución como el Consejo de la Magistratura sino en el costo de la misma, y por eso muestran números que a simple vista asustan y molestan como ser que mientras en el consejo hay 844 empleados, en el Poder Legislativo trabajan 2798 personas. Es decir, posee más presupuesto para financiar una estructura dos veces menor. Sin embargo, el dato que más alarma a los equipos técnicos de Pro consiste en la incongruencia entre el personal del Consejo de la Magistratura y la dotación de recursos de todo el Poder Judicial porteño, que justamente asigna el consejo: para desempeñar muchas menos tareas, el consejo emplea 844 personas, contra los 680 agentes distribuidos entre los 31 juzgados contravencionales y los 12 contencioso administrativo y tributarios. Mediante la reforma constitucional, el macrismo quiere quitar al organismo la facultad de administrar el Poder Judicial, su presupuesto y sus recursos humanos.

Ahora bien, hay que señalar que los consituyentes han incorporado el Consejo de la Magistatura con el objeto de fortalecer la independencia del Poder Judicial y por ello ente sus funciones está la selección mediante concurso público de los jueces y los propone a la Legislatura para su designación, no dejando en manos del Poder Ejecutivo la designación y selección de los magistrados. Por otro lado, a los efectos de democratizar el Poder Judicial ha colocado en el Consejo la facultad del dictado de los Reglamentos Internos del Poder Judicial, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados, la reglamentación del nombramiento, renovación y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, y, finalmente, la elaboración del Presupuesto y administración de los recursos del Poder Judicial. Antes al ser ejercidas por los mismos jueces éstas facultades hacía que el Poder Judicial se transforme en una casta privilegiada pudiendo acceder a la carrera judicial sólo aquéllos que recibían los favores de los integrantes de la familia judicial. Las restantes competencias del Consejo son la de recibir las denuncias contra los jueces y decidir sobre la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, competencias que las antiguas constituciones otorgaban al Poder Legislativo. Al estar estas competencias en el seno del Consejo de la Magistratura y al ser este un órgano compuestos por tres miembros elegidos entre los jueces y fiscales, tres miembros elegidos por los abogados y tres miembros elegidos por la Legislatura, se le confiere seriedad y rigor técnico a la remoción de magistrados evitando el manoseo político-partidario de dichos procedimientos. ¿Qué busca Mauricio con desmantelar el Consejo de la Magistratura? Es una preguntga que requiere un análisis más profundo y que da para un nuevo post, en esta oportunidad sólo nos preguntamos ello.

Mauricio y Gabriela consideran al Ente Regulador de Servicios Públicos como "un reducto de burocracia inútil" que le cuesta al Estado porteño más de 16.600.000 pesos anuales. Posee, indican, 300 empleados para "organizar una audiencia pública" y "redactar un par de informes" por año, pese a que la ciudad todavía comparte con la Nación el control de los servicios públicos. Creen conveniente desintegrarlo. Nada más y nada menos que dejar a la Ciudad sin control sobre los Servicios Públicos que se prestan en la Ciudad. Ciertamente, es menester reconocer que todavía existen competencias que son ejercidas por la Nación, pero también es cierto, que la Ciudad debe pelear por el ejercicio pleno de su autonomía y no renunciar a ella disolviendo organismos que han sido creados para defender a los usuarios de los servicios públicos que se prestan en la Ciudad. Por otro lado, no deja de ser llamativo que varios de los servicios que se prestan en la Ciudad son realizados por empresas privadas conducidas por el grupo SOCMA (automotores Plaza S. A.) o por amigos de Franco Macri.

Según la columnista del Diario La Nación, Ángeles Castro, "tras las complicaciones que las medidas cautelares de la justicia porteña llevaron no sólo a la gestión de Macri, sino también a la de Aníbal Ibarra, el borrador de la reforma incluye restringir los artículos 14, 15 y 16, relacionados con los recursos de amparo. Palabras más, palabras menos, las fuentes sostienen que "es inviable que, como la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, los jueces obliguen al gobierno a dar una solución habitacional hasta a un extraterrestre que se instale en una plaza".

La acción de amparo es un medio procesal de protección de los derechos constitucionales, y, como tal, es un elemento que hace a la existencia misma de un derecho fundamental. En dicho sentido se ha expresado el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal en materia de amparo, al sostener que “la acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de excepción, y sólo cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto es, más expedito y rápido”. La única conclusión posible es que la protección de los derechos fundamentales, no es PRO, y que quienes reclaman ante la Justicia son Extraterrestes.

Aunque, con absoluta sinceridad, lo que más le molesta a Macri son los amparos que han paralizado obras tales como el complejo habitacional y urbanísitico que se pretendía construir en la Ciudad Deportiva de Boca, más conocido como Santa María del Plata sin pasar siquiera por la Legislatura y sin realizar el debido estudio de impacto ambiental; o el que impide el funcionamiento del Helipuerto en la Costanera Sur.

Finalmente, todo el ímpetu reformista se reduce a la intención de eliminar a las Comunas como parte del gobierno porteños, impidiendo la descentralización y desconcentración del Gobierno de la Ciudad, y el involucramiento de todas las fuerzas políticas en los temas barriales que hacen a la vida cotidiana de los vecinos de la Ciudad de la Furia. Como ya se ha dicho desde aquí, las urnas están bien guardadas si de comunas se trata.

No podía ser de otra manera, cada vez que un gobernante asume sus funciones intenta moldear las instituciones a su antojo y busca la manera de perpetuarse en el poder, Mauricio no es la excepción.

La reforma constitucional según Mauricio consiste en recortar todo instrumento de participación popular, de control de gestión y de democratización de las instituciones porteñas.