jueves, 13 de julio de 2017

El negociado de Plaza Houssay

Cosas que pasan en la La Ciudad de la Furia. El Gobierno de la Ciudad le otorgó una obra de 19.500 metros cuadrados, donde habrá un Centro Comercial, un Paseo de Compras y Gastronómico, a cambio de cederle la explotación comercial del mismo con la obligación de pagar un canon mensual inicial de $ 400 mil, a una empresa que cuenta con un capital en todo concepto de $ 100.000 y que fue creada en agosto de 2016.


Se trata de la Licitación convocada por el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Modernización, para que una empresa se ocupe del diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Centro Cultural, Gastronómico y Estacionamiento "Plaza Dr. Bernardo A. Houssay". La empresa "Lamp Investments S. A." resultó ser la ganadora de la licitación y tendrá derecho a la explotación comercial por 20 años con derecho a 10 más con un canon mensual inicial de $ 400.000.

La Plaza Houssay ya había sido remodelada durante el año 2015 de acuerdo a un convenio suscripto entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad por lo que la misma estuvo cerrada durante 5 meses. A menos de un año de ser reabierta y reinaugurada como "Campus BA" de Plaza Houssay, la Legislatura de la Ciudad aprobó un proyecto de Ley denominado "Campus Urbano".

El Proyecto de Ley fue presentado por el Poder Ejecutivo porteño y fue aprobado en primera lectura en diciembre de 2015 y en mayo de 2016 se convirtió en Ley al obtener 54 votos positivos y tan solo 4 negativos (La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de 60 legisladores). Los tres bloques parlamentarios mayoritarios le dieron su apoyo total en ambas oportunidades.

Pese a que Lamp Investments S. A. debe iniciar las obras para la construcción del Centro Cultural, Gastronómico y Playa de Estacionamiento “Plaza Dr. Bernardo A. Houssay”, la Resolución  N.° 478/MMIYTGC/17 (publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes 7 de julio próximo pasadono abunda en detalles respecto de las obras que se realizarán ni de las características del polo gastronómico, aunque sí se explaya respecto a que la playa de estacionamiento se construirá en dos pisos “del predio bajo rasante del predio ubicado entre la Avenida Córdoba y las calles Junín, Paraguay y Presidente José E. Uriburu”.

La Resolución mencionada corresponde al Ministerio de Modernización que fue el organismo que llevó a cabo el proceso licitatorio pese a que en el Gobierno de la Ciudad funciona el Ministerio de Desarrollo Urbano que tiene como misión el diseño de las políticas e instrumentación de los programas y proyectos destinados al planeamiento urbano y a la ejecución y fiscalización de obras públicas de la Ciudad. Es claro, que debería haber sido este último ministerio el encargado del proceso licitatorio y no el de Modernización, a lo sumo, estamos frente a un interrogante que tiñe de sospecha a la licitación convocada. Más cuando el encargado de defender el proyecto en la Legislatura porteña fue Álvaro García Resta, subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno porteño.

Por otra parte, se le adjudica una obra de gran magnitud y de una potencial explotación comercial millonaria a una empresa que tan solo cuenta con $ 100.000 de capital de respaldo, que fue creada el año pasado y cuyo objeto comercial es "la compraventa de inmuebles, su permuta, locación, leasing, subdivisión o loteo; la construcción de edificios o su refacción y reciclado; la administración de inmuebles urbanos o rurales, y operaciones comprendidas en la ley de Propiedad Horizontal". Cabe resaltar que Lamp Investments S. A. fue creada dos meses después de sancionada la Ley que aprueba el nuevo diseño de Plaza Houssay. Y cuando parece que ya no hay más motivos para la sospecha, surge que en Panamá existe una empresa homónima de Lamp Investments S. A. Nada es claro alrededor de ésta adjudicación.

Cambio de Ministerio para redactar pliegos y adjudicar el negocio Plaza Houssay, adjudicación a una empresa que no tiene ni un año de funcionamiento en el país, cuyo objeto comercial no resulta ser compatible y que no cuenta con respaldo económico para llevar adelante el proyecto adjudicado.

Pasan cosas en la Ciudad de Buenos Aires y esas cosas pasan cuando en la Legislatura de la Ciudad se vota otorgándole al Jefe de Gobierno un cheque en blanco para que un inversor privado haga negocios con bienes de dominio público de la Ciudad de Buenos Aires.

miércoles, 7 de junio de 2017

Presentación ante el Tribunal Superior por el presupuesto de las Comunas

El abogado Juan Manuel DI TEODORO, en representación de la Agrupación Peronista Iniciativa Porteña, ha presentado una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad solicitando que se deje sin efecto la Ley Nº 5124 (Presupuesto General de la Administración del GCBA) en tanto no le permite a cada una de las 15 Comunas disponer y administrar su propio presupuesto.
La presentación judicial realizada denuncia que la administración del presupuesto asignado a cada Comuna recae en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad a cargo de Felipe Miguel. Lo que sucede en la práctica es que cada Presidente de Comuna debe pedirle al Jefe de Gabinete que le libere fondos para así poder cumplir con sus funciones y ejercer la competencia que la propia Constitución de la Ciudad les asigna a las Comunas.
Al respecto, Juan Manuel Di Teodoro aseveró que: “Estamos frente a una situación de extrema gravedad institucional ya que mediante la inconstitucional asignación de partidas presupuestarias a la Jefatura de Gabinete y, por ende, la no asignación de esas partidas a las Comunas, se le impide a las Comunas ejercer libremente su competencia y jurisdicción. El macrismo desconoce a las Comunas y por consiguiente desconoce a la propia Constitución”.
Frente a las quejas de varios  comuneros oficialistas y la denuncia del Diputado Quattromano respecto a que el Jefe de Gabinete habría recortado el presupuesto de las Comunas 8, 9, 10 y 11, el dirigente peronista Di Teodoro sostuvo que: “Ello demuestra que no estamos judicializando un reclamo partidario, sino que estamos solicitando al Tribunal Superior que se cumpla con los Artículos 127, 128, 129, 130 y 131 de nuestra Constitución y no se vacíe de contenido a las competencias de las Comunas”.
Finalmente, Juan Manuel DI TEODORO afirmó que: “Al no otorgársele su propio presupuesto a las Comunas se niega la propia Constitución, la Ley de Comunas y la Ley 70 de administración financiera transformando a dichas normas jurídica en una “mentira de Estado” y al Jefe de Gobierno en un “Tirano” que tiene el poder de modificar nuestra Constitución. Al solicitar la declaración de inconstitucionalidad, lo que pretendemos es restablecer el orden jurídico de la Ciudad según el cual la Constitución es una ley superior, suprema y no modificable por medios ordinarios ni por los deseos de un gobernante”.
*Publicado originalmente en http://www.xn--vocesporteas-jhb.com.ar/presentacion-ante-tribunal-superior-presupuesto-las-comunas/

viernes, 5 de mayo de 2017

La Corte Suprema no se ajusta a derecho

La Corte Suprema benefició a un genocida con el cómputo de cada día de prisión como doble sosteniendo la aplicabilidad al caso de la Ley 24.390. Más allá de la derogación de dicha ley en el año 2001, debemos remitirnos al análisis de si corresponde o no, su aplicación ante un delito que al día de hoy se sigue cometiendo, tal como se explicará más adelante, y que es considerado como de lesa humanidad.
La Corte sentenció en el caso: "Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario", en el cual, Luis Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 (TOF n° 2) a la pena de trece años de prisión por la comisión de delitos considerados de lesa humanidad.
El cómputo de detención y pena se realizó conforme al Art. 7° de la ley 24.390, en consonancia con lo estipulado por el Art. 2° del Código Penal. De acuerdo con aquella disposición, luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, se computaron dos días de prisión por cada día de encarcelamiento efectivamente cumplido sin condena.
El fallo de la Corte se basó en una ley votada en 1994 y que estuvo vigente hasta el 2001.
¿De qué se lo acusó y por cual delito se condenó a Luis Miña? Luis Muiña fue acusado y condenado por el delito de secuestro y desaparición forzada de personas. Concretamente, se responsabilizó a Luis Muiña por la comisión de cinco hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados, siendo del caso resaltar que uno de esos hechos tuvo como víctima a Jorge Mario Roitman quien, a la fecha de la sentencia de mérito, permanecía en condición de desaparecido. Entonces, tenemos que en el caso analizado por la Corte se trata del delito de secuestro y desaparición forzada, es decir, de un delito que se sigue cometiendo mientras permanece la privación de libertad. Duranteese tiempo en que continúa cometiéndose el delito se pueden suceder leyes penales diferentes, más benignas o más gravosas y, en verdad, el delito se sigue cometiendo en vigencia de todas esas leyes.
¿Qué ley debe aplicarse en estos casos? Los doctrinarios del Derecho Penal abordan la cuestión de dos maneras diferentes. La doctrina europea considera que se debe aplicar la última ley penal, aunque sea más gravosa, es decir, aunque sea la más perjudicial. En cambio, la doctrina nacional se inclina por la aplicación de la ley penal vigente al comienzo de la ejecución del delito que está siendo juzgado.
Al momento del secuestro ejecutado por el represor Luis Muiña no estaba vigente la Ley 24.390, por lo tanto, siguiendo a la doctrina penal nacional no es posible aplicarla al caso, más allá, de la incorrecta y arbitraria decisión mayoritaria de la Corte Suprema que no tiene antecedentes en el ámbito del Derecho Penal. Tampoco, se puede llegar a la solución que arriba la Corte siguiendo la doctrina de los tribunales europeos, que resulta ser la aplicación de la ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible, ya que, al momento de sentenciar hasta la actualidad el beneficio del 2 x 1 se encuentra derogado por Ley 25.430 .
También debemos tener presente que la reforma de la Ley 24.390 se realizó con anterioridad a la detención de Muiña, y en ese momento, el legislador declaró expresamente que ella "integra el Código Procesal Penal de la Nación" (Art. 10, según ley 25.430) y, resulta bien sabido que las normas procesales, por su naturaleza instrumental, son de aplicación inmediata a las causas en trámite. No resulta posible la aplicación de una norma procesal que no se encontraba vigente al momento que Muiña se encontraba bajo prisión preventiva.
Primera conclusión a la que arribamos es que, más allá de que se trate de un delito de lesa humanidad o no, en el presente caso no existen elementos que puedan justificar la aplicación de la denominada "ley del 2 x 1", entre otras cosas, porque la detención preventiva de Muiña no se materializó durante la vigencia del Art. 7° de la ley 24.390 .
Ahora bien, el caso que analizó la Corte se trata, efectivamente, de un caso con condena por delito de lesa humanidad, algo que no resulta ser un detalle menor al momento de su juzgamiento.
Respecto de dicha categoría de delitos, es decir, delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción, y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional. Por ello, no resulta admisible que una ley cuya finalidad fue limitar temporalmente la prisión preventiva, que es una medida procesal, pueda significar un cambio en la valoración típica de los delitos de lesa humanidad  que tienen una dimensión que claramente excede ese simple ámbito procesal.
Por otra parte, el Derecho Internacional humanitario y los Derechos Humanos, en diversos tratados y documentos, prescriben la obligación de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, la prohibición de sancionar en forma inadecuada a los delitos de lesa humanidad constituye fundamento objetivo y suficiente para rechazar la aplicación del beneficio del "2 x 1" a un genocida.

La Corte Suprema no se ajusta a derecho. Así lo han decidido los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti.

GRACIAS NÉSTOR, FUERZA CRISTINA

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