domingo, 10 de junio de 2018

Aborto Legal, Seguro y Gratuito es JUSTICIA SOCIAL


Hoy, en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir, 1300 abortos por día. Todos clandestinos. Según datos del mismo Ministerio, se inducen anualmente entre 370.000 y 520.000 abortos mediante prácticas que simulan estar ante una necesidad médica.
Esto sucede en nuestro país y negarlo es como intentar tapar el sol con las manos. Hablamos de mujeres, mujeres que deciden interrumpir un embarazo y no tienen la debida atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Sólo porque el aborto es ilegal.
"La única verdad es la realidad" y por ello, diremos que, primeramente, la defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de Justicia Social. Cada vez más, nuestra Patria se encuentra sumida en la pobreza y la desigualdad social y son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad. En la Argentina, el Código Penal, en lo que respecta a la punibilidad del aborto, se les aplica exclusivamente a nuestras mujeres pobres.
Que el aborto sea ilegal da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer. No será lo mismo, ni será en las mismas condiciones la práctica clandestina de un aborto en Recoleta que en José León Suárez. La sociedad toda sabe esto, pero prefiere mirar para otro lado. Quienes sólo concebimos una Patria Justa, fundada en los principios de la Justicia Social, no podemos permitir ni una sola muerta más por abortos clandestinos.
Debemos ser conscientes de que la clandestinidad del aborto no impide su realización, sólo aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres.
Ni mujeres pobres presas por abortar, ni mujeres pobres muertas por intentar.
El derecho al aborto seguro supone el reconocimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como parte sustancial interdependiente e indivisible de los Derechos Humanos. Por esa misma razón, se le debe dar el mismo grado de garantías del Estado para ejercerlo que los demás Derechos Humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Actualmente el acceso a un aborto seguro es un privilegio de pocas mujeres que tienen los recursos económicos  para obtenerlo en el mercado clandestino.
Frente a esta realidad se paran con toda hipocresía los personeros de la derecha dogmática y nos pretenden dar clases de moral y ética mediante la presentación de proyectos legislativos que apuntan a una supuesta protección integral de los Derechos Humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer. Sólo se acuerdan de hablar de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social cuando la sociedad debate si el aborto debe ser legal o clandestino. Son los mismos que hace unos años atrás dijeron sin ruborizarse que  Hay mujeres que quedan embarazadas para recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH)” y ahora, dicen querer otorgarles beneficios a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
Y no faltan los leguleyos, como los del fascista Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que pretenden darle el andamiaje jurídico a la resistencia contra la legalización del aborto. Es así que Guillermo Lipera, presidente de la asociación civil Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ha insistido en que la legalización del aborto, de ser convertida en ley, será inconstitucional debido a que el artículo 1° de la Convención sobre Derechos del Niño define como niño "a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad". Agrega que "De allí que a la persona humana, desde la concepción misma, le resulten aplicables la totalidad de las normas que, tanto en nuestro derecho interno como en los tratados internacionales sobre derechos humanos , protegen la vida". "Habrá una lluvia de presentaciones ante la Justicia para que así sea declarada", vaticinó en el Diario La Nación Lipera.
Ciertamente el Artículo 19 del Código Civil y Comercial establece que "La existencia de la persona humana comienza con la concepción" y ello, además, es concordante con lo prescripto por la Convención sobre Derechos del Niño. Sin embargo, frente a dicho enunciado debe realizarse una interpretación armónica de nuestro orden normativo y analizar el citado Artículo 19 a la luz de lo establecido en el Artículo 21 que prescribe "Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió".
El Código Civil y Comercial de la Nación sienta como principio una condición resolutoria: los derechos y deberes que adquiere el concebido (cuando la causa fuente del embarazo es el acto sexual) o el implantado en la persona (cuando la causa fuente son las técnicas de reproducción humana asistida) se consolidan o quedan irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida. En sentido contrario, si el concebido o implantado no nace con vida, la ley considera que la persona humana no ha existido. Frente a una interrupción legal del embarazo esa persona por nacer nunca ha existido, por lo que, toda presentación judicial que pregona Guillermo Lipera deberá ser rechazada in limine, es decir, en el acto.
A mayor abundamiento, es dable agregar que el legislador en tiempos de Carlos Tejedor, a quién debemos la actual redacción de nuestro Código Penal, nunca asimiló al feto a una persona. ¿Por qué es sostenible esto? Dado que el Artículo 85 del Código Penal pena al que causare un aborto con reclusión o prisión de tres a diez años, mientras que la pena del Artículo 79 por homicidio va de ocho a veinticinco años. Si el feto humano, bien jurídico protegido por el Artículo 85 del Código Penal, fuera una persona la pena debería ser la misma, es decir, de ocho a veinticinco años.
En momentos en que mucho lego cita de manera errónea el concepto de "persona por nacer" es menester recordar que leer leyes no es saber Derecho.
En consecuencia, hay que reafirmar que la falta de acceso de las mujeres en situaciones de embarazo no deseado a servicios de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad es discriminatoria porque afecta únicamente a las mujeres y, en especial, a las mujeres en situación de vulnerabilidad social.

Aborto Legal, Seguro y Gratuito es JUSTICIA SOCIAL.

martes, 15 de mayo de 2018

FMI: El rol clave del Congreso Nacional



Peligrosamente la Argentina se encamina a comenzar, nuevamente, un nefasto ciclo de sobreendeudamiento externo que, lejos de traer soluciones, seguirá afectando gravemente a nuestra economía debiendo cumplir con metas macro económicas que en nada beneficiarán a nuestro pueblo.
Frente al comienzo de las negociaciones del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) resulta imprescindible que el Congreso Nacional recupere sus facultades en torno al control de la emisión de deuda externa, tal como ya lo establece la Constitución Nacional.
El Poder Legislativo debe exigirle al Poder Ejecutivo la mayor precisión en todo lo que hace al endeudamiento público para de esa manera, contar con toda la información necesaria que garantice un análisis profundo de todas las operaciones de crédito público. La información que debe brindar el Ejecutivo Nacional deberá contener el tipo de deuda, si se trata de moneda nacional o extranjera, el monto máximo autorizado para la operación y el origen y destino del financiamiento.
Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá informar sobre el acuerdo para el pago de los servicios de la deuda pública. En ese sentido, el Poder Legislativo debe conocer las liquidaciones que permitan identificar los montos originales reclamados, intereses, punitorios, quitas y demás conceptos que incidan en los compromisos finales de pago, con el objetivo final de alcanzar claridad en el proceso de negociación y en los acuerdos que el Congreso deberá aprobar o no.
Esa es la manera en que el Congreso Nacional debe ejercer su rol ante la toma de deuda externa, y el modo en que el Poder Ejecutivo ejerce sus facultades y gobierna de forma republicana.
Las facultades de control sobre la emisión de deuda externa surge indubitablemente de lo establecido por el Artículo 4° (El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional) y el Artículo 75° inciso 4° de la Constitución Nacional (Corresponde al Congreso: 4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación).
La Constitución Nacional en sus Artículos 4° y 75°.4 es clara: el Congreso Nacional es el órgano competente para autorizar que el Estado mediante la ley de presupuesto o una ley especial contraiga un crédito.
Frente al mandato constitucional es deseable para la Nación Argentina que el Congreso Nacional ejerza su rol ante el inminente acuerdo con el FMI.


martes, 17 de abril de 2018

¿Sería posible imaginar el trabajo cotidiano de los abogados y abogadas particulares sin la existencia de la feria judicial?


El Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano anunció que el Gobierno Nacional impulsará una reforma para suprimir la feria judicial, el receso de actividades que actualmente se extiende por 45 días. Fue inmediatamente después de que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri dijera que "No puede ser que el horario de atención de los Juzgados y la Justicia en general sea hasta las 13:30 horas, o que por 45 días esté suspendido el servicio de Justicia".


Pero el Ministro de Justicia no fue el único que obedientemente respaldara al Presidente a finales del año pasado. Ni lerdo, ni perezoso, el Consejero de la Magistratura de la Ciudad, Juan Pablo Godoy Velez sostuvo en Canal 26: “Me parece muy bueno el proyecto de eliminar la feria judicial”. Godoy Velez representa el pensamiento de la Lista “Seamos el Encuentro de Abogadxs” que une a macristas que pertenecían a Gente de Derecho con ex integrantes de la Lista Cambio Pluralista (radicales) y que llevan como candidata a Presidenta del Colegio Público de Abogados a María del Carmen Besteiro.
¿Sería posible imaginar el trabajo cotidiano de los abogados y abogadas particulares sin la existencia de la feria judicial? No. De ninguna manera, ya que sería imposible litigar para los abogados que no tengan un estudio grande. Los estudios clásicos de uno o dos abogados tienen un problema grande. Si todo el año fuese hábil y ellos quisieran tomarse vacaciones en un momento dado no podrían porque les podría llegar una cédula y les empezaría a correr el plazo procesal, lo que dejaría en estado de indefensión a sus clientes o pupilos procesales.
¿Por qué mencionamos ésta circunstancia? Porque debemos entender que la feria judicial es, además de todo lo sabido, un derecho del abogado. Sucede que, no sólo los abogados, la gente necesita tomarse vacaciones, ya que, resulta que tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones y, tienen la "extraña" costumbre de hacerlo en verano (época de feria judicial de enero) que es el momento en el cual sus hijos no asisten al colegio, vale decir, que el resultado es que se van todos al mismo tiempo, incluidos los abogados. Resulta oportuno recordar un viejo proverbio polaco: "Aquel que descansa bien, ha hecho ya la mitad del trabajo".
Tanto los operadores del Poder Judicial como los abogados no somos ajenos a los efectos de la feria. La feria judicial nos ordena la vida, nos sincroniza, pone metas visibles, metas volantes que de otro modo no nos motivarían. El momento de la feria judicial es, cuando todo el mundo se "apura" a plantear, sacar, devolver, tramitar cosas que tenía pendientes.
A los efectos de una mayor ilustración al respecto, es dable mencionar lo que sucede en otros países respecto a la feria judicial. En España la feria judicial se extiende durante el mes de agosto, cuando todos los agentes de tribunales se toman las vacaciones anuales. A nivel regional, Uruguay tiene un régimen igual al de la Argentina. Paraguay, en tanto, sólo suspende la actividad durante el mes de enero. En el caso de Colombia, la feria tiene una extensión de casi 20 días, del 20 de diciembre al 10 de enero.
En Brasil los jueces gozan de dos meses de vacaciones, uno en cada semestre, a lo que se suma una semana de receso del 20 al 30 de diciembre. En el estado norteño de Pernambuco existe además un segundo receso, del 20 al 30 de junio, festividades de San Juan, con lo cual son 80 días de feria en el año.
Mientras tanto, en Italia el receso judicial empieza la última semana de julio y termina la primera semana de septiembre, unas seis semanas. Los magistrados están obligados a tomar las vacaciones en ese período.
Conclusión, no nos encontramos frente a un invento argentino. Segunda conclusión, la eliminación de la feria judicial solo favorece a los grandes estudios que cuentan con numerosos empleados en detrimento de los abogados y abogadas de a pie.
Quien dice que le parece muy bueno el proyecto de eliminación de la feria judicial “no te defiende a vos”, defiende los intereses de los grandes y poderosos estudios jurídicos. No te dejes engañar.
Desde la Mariano Moreno nos oponemos a la eliminación de la feria judicial, ya que entendemos que la misma es, también, un derecho de los abogados y abogadas.

GRACIAS NÉSTOR, FUERZA CRISTINA

Archivo del blog