Hace un tiempo este era el país del "todo vale", pero del todo vale para que unos pocos hagan grandes negocios a costa de otros muchos y sin importarles el bienestar general, el bien común, ni el interés público.
Un claro ejemplo de ello lo constituye el dictado del Decreto Nº 2284/91 mediante el cual se habilitaba la venta de medicamentos en kioscos y supermercados.
Desde el año pasado se encuentra en vigencia la ley 26.567, que ordena que todos los medicamentos incluyendo los de venta libre, deben ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”. La norma fue aprobada por unanimidad el 25 de noviembre, cuando la Cámara de Senadores derogó el Decreto 2284/91, que desde ese año habilitaba la venta de esos productos para dolencias menores en diferentes puntos de venta.
La Ciudad se constituyó en una isla en defensa de los intereses de kiosqueros y de las grandes cadenas farmacéuticas como Farmacity. La presión de kioscos y de Farmacity es y fue muy fuerte para que la Ciudad no aplique la ley nacional, porque de cada $ 100 en medicamentos que se gastan en el país, $ 11 corresponden a productos que no requieren de la prescripción médica. Estos son los datos que maneja Juan Tonelli, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre. Se calcula que en cantidades de medicamentos, estamos hablando del 24% del mercado.
El otro gran cambio que introdujo la nueva legislación nacional es que se prohíbe la exhibición de los medicamentos de venta libre en las góndolas. Se busca evitar la compra compulsiva de medicamentos, es decir, que el consumidor no comprará impulsivamente un digestivo porque lo está viendo, sino que deberá realmente sentir una molestia y recordar el nombre del producto que desea comprar. Caso contrario, deberá pedirle consultar al farmacéutico.
En este punto, comenzaron los reclamos de los laboratorios más chicos (ya que los grandes tienen sus marcas muy afianzadas a fuerza de campañas de publicidad), e incluso de algunas cadenas de farmacias como Farmacity, ya por la nueva legislación debían modificar su estrategia de marketing vaciando las góndolas destinadas a medicamentos de venta libre y reemplazarlas con más productos de cosmética, belleza, higiene personal o cualquier otra categoría que no sea medicamentosa.
Pese a las presiones, la Legislatura porteña aprobó la Ley 4015 que ordenaba la adhesión a la Ley Nacional 26.567, que establece que los medicamentos deben ser vendidos sólo en farmacias a través de un farmacéutico. Esta nueva ley fue aprobada el 17 de noviembre con 32 votos a favor, 21 en contra y una abstención. La particularidad fue que salió con los votos de la oposición, porque el PRO no apoyó la iniciativa.
La Ciudad así se sumaba a todas las demás jurisdicciones provinciales que ya habían adherido a la Ley Nacional 26.567.
Mientras la Legislatura porteña debatía adherir o no a la ley nacional, los diputados macristas Helio Rebot y Alejandro García, presentaron su propio proyecto que permitía la venta de los medicamentos libres en los kioscos. Ese proyecto buscaba congraciarse con la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre (CAPEMVEL). No es menor este detalle. Estos dos diputados se encuentran cercanos a la Diputada Nacional Gabriela Michetti y, ésta, es la actual pareja de Juan Tonelli, quien a su vez es el Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre.
Como si no alcanzará con las relaciones de Michetti con Tonelli, Ricardo Aizcorbe, presidente de la Confederación Argentina de Farmacias (COFA) señaló en el portal de noticias, Noticias Urbanas, que “Horacio Rodríguez Larreta, mantiene un vínculo personal y profesional íntimo con el director y actual CEO de Farmacity, Mario Quintana”. La vieja disputa interna del PRO entre michetistas y larretistas saldada por los negocios de Farmacity y los supermercados y kiocos.
Lo grave del asunto es que estamos hablando de remedios, de medicamentos no de caramelos, sin embargo, Mauricio Macri acudió a su habitual cuota de cinismo y vetó la ley en beneficio de aquellos que venden cualquier remedio en condiciones inapropiadas, sin controles específicos y, por sobre todo en beneficio de FARMACITY que ofrecen productos medicamentosos en góndolas de forma irresponsable.
En ese sentido, los farmacéuticos ya advirtieron que con su veto Macri permite que los medicamentos se vendan en cualquier lado, como si fueran chocolates, chupetines, o diarios. Este veto posibilita que al necesitar un remedio los porteños y porteñas no cuenten con asistencia profesional a la hora de adquirir sus medicamentos queden expuestos a la venta de remedios “truchos” o adulterados.
Gabriela Michetti y su novio hicieron los deberes, mandaron a los diputados Rebot y García a redactar un proyecto de ley. El bloque PRO en su conjunto se opuso a la adhesión a la ley nacional que ya se aplica en todo el país, menos en la Ciudad de Buenos Aires. Macri la vetó aduciendo los intereses de la autonomía porteña, falso porque por eso hacía falta una ley de adhesión.
Una vez más el PRO se muestra favoreciendo los grandes negocios de empresarios amigos y de grupos económicos afines. Para que los amigos empresarios hagan sus grandes negocios no hay límites, ni la salud pública constituye un obstáculo para ello.
FARMACITY sigue de fiesta, Macri y el PRO velan por sus intereses económicos.
