SARMIENTO: LA JUEZA QUE NO QUISO SABER DE QUÉ SE TRATABA Y QUE AHORA NOS TRATA DE IMBÉCILES

La hija del Coronel, allá por la década del 70, estudiaba en la Universidad Católica, era catequista y de paso cantaba en el coro universitario. Su hermano, el varoncito de la familia, Alejandro Luis, el 25 de octubre de 1976 presentó su solicitud de ingreso al Colegio Militar, en la que consta que su padre era Ministro de Gobierno de Misiones.

Ella, la estudiante católica de abogacía hija del Coronel, no preguntaba por qué. Su papá era Ministro de Gobierno en la provincia de Misiones, cuando gobernaban los militares, claro, todo normal para la veinteañera María José.

Mientras ella terminaba el colegio secundario, allá por mayo de 1971, su "papi", fue destinado como Jefe de Inteligencia al Comando del Cuerpo II, uno de los escenarios principales de la lucha del Ejército contra las organizaciones armadas peronistas y marxistas y continuó en ese decisivo cargo operativo en 1972. En ese cargo, se encargo de aplicarle picana a un joven militante de la JP. Ello ocurrió el 28 de noviembre de 1972, Tacuarita Brandazza, de 23 años, fue secuestrado por un comando conjunto de las policías provincial y federal, el Cuerpo de Ejército II y la Gendarmería, y torturado hasta morir en la sede del Comando, en Dorrego al 900 de Rosario. El "papi" de la Jueza manejaba la picana...

En el año 1974, mientras María José estudiaba abogacía, su padre se retiraba del Ejército porque había tomado estado público su participación en el secuestro y asesinato de Brandazza. Pero no se jubiló, ingresó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que ya en ese entonces era controlada por las Fuerzas Armadas.

Papá Sarmiento se desempeñaba como jefe de inteligencia en Posadas hasta que luego del Golpe de Estado asumió como Ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones. Sin embargo, mientras todo ello sucedía, la niña Sarmiento no se enteraba de nada. Estudiaba abogacía pero no comprendía que los amigos de su papá habían quebrantado el orden constitucional, ni que las instituciones de la República estaban subordinadas al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

María José ingresó en el Poder Judicial en el año 1978 gracias a los influyentes amigos del Coronel Sarmiento, cosa que ella no ignoraba. Así las cosas, ya egresada y con su título de abogada continuó su carrera judicial hasta que Carlos Saúl Menem la designó Jueza federal.

Quizás se le pueda conceder a María José que durante su adolescencia y tierna juventud no haya tenido cabal conciencia de lo que sucedía. Quizás, y sólo tal vez, se pueda comprender que a raíz de pertenecer a la "familia militar" María José haya creído que los buenos de la historia eran los de uniforme.

Sin embargo, es imposible suponer que durante los años '80 la Dra. María José Sarmiento no supiera todavía qué era lo que había hecho su papi en la larga noche de la Dictadura. En esos años, cuando las madres y abuelas todavía reclamaban "Aparición con vida" y los comandantes eran condenados, María José no podía ignorar lo sucedido... podía ponerse del lado de los genocidas, pero no podía ignorar que su papá era parte de ese plan macabro ideado por los militares.

María José no quiso saber de que se trata, pero tiempo después María José no pudo no saber lo ocurrido durante la última Dictadura. Tampoco podía Sarmiento ignorar el rol de su papi en la provincia de Misiones.

Devenida en Jueza, María José no pudo ignorar que las leyes de obediencia debida y de punto final beneficiaron a su papá, el mago de la picana. Tampoco podía ignorar la Jueza que a partir del 25 de mayo de 2003 el gobierno de Néstor Kirchner se empeñó en culminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, y, María José sabía que eso significaba que en algún momento la Justicia se iba a ocupar de lo que hizo su papi.

Más de quince causas por violación a los Derechos Humanos en la Provincia de Misones se abrieron al concluir la Dictadura para investigar noventa casos de secuestros, torturas y asesinatos. Esas causas se paralizaron a raíz de las leyes de punto final y obediencia debida, y comenzaron a reabrirse en 2005 una vez que la Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad de ambas leyes. En febrero de 2006 el Fiscal General de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías. Nada de esto podía ser ignorado por Su Señoría, la Dra. Sarmiento.

La Jueza Sarmiento nos trata de imbéciles pretendiendo hacernos creer que no sabía quien era su papi y que desconocía que se había reabierto hace 5 años una causa en contra del Coronel Sarmiento.

La Dra. Sarmiento se victimiza pero ella fue la que actuó con revanchismo al fallar en contra del Gobierno en los casos del DNU del Fondo del Bicentenario y de la remoción de Martín Redrado. Ahora, el lobo se viste con piel de cordero...

DE REDRADO Y DE ALGUNOS PSEUDOS CONSTITUCIONALISTAS

Argentina da para todo. Eramos pocos y apareció Redrado.

Ya tenemos un Vicepresidente que es el "jefe" de la oposición y ahora tenemos a un funcionario público que fuera designado por el Poder Ejecutivo de la Nación (es decir, no lo votó nadie a diferencia de Cobos) que se niega a cumplir con una norma de alcance general y obligatoria como tal para todos.

Se trata del Presidente del Banco Central de la República Argentina y hablamos de su negativa a cumplir con lo establecido por el Decreto Nº 2010/09 mediante el cual se creara el FONDO DEL BICENTENARIO PARA EL DESENDEUDAMIENTO Y LA ESTABILIDAD.

Martín Redrado era el Presidente del Banco Central de la República Argentina y se negaba a cumplir con una norma legal, un lujo que no muchos ciudadanos se pueden dar. En el ejercicio de sus funciones, el funcionario público tiene la obligación jurídica, ética y moral de cumplir con las leyes y decretos.

Para evitar confusiones, es dable aclarar que es funcionario aquel que ha sido designado y se le ha asignado (sea por decreto o por elección) de manera continua la competencia de expresar o ejecutar la voluntad del Estado, cuando esa voluntad es para la realización de un fin público (conforme la opinión de los maestros del Derecho Administrativo, Rafael Bielsa - La Función Pública, Depalma, 1960 - y Manuel María Diez - Derecho Administrativo, Editorial Plus Ultra, 1979 -). De acuerdo con ello, Martín Redrado era un funcionario público.

¿Cuáles son las obligaciones y deberes de un funcionario público? Entre sus deberes generales podemos enumerar el fundamental: el deber de LEALTAD. Se impone al funcionario una obligación moral y jurídica de fidelidad a la Constitución y las leyes de la Nación, además, ha de ser leal a las directivas que le dieran en la Administración.

Entonces, Redrado en su calidad de funcionario público se ha negado a cumplir con lo establecido en un Decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación, de tal manera que ha violado el deber de lealtad, ya no a un gobierno sino a la propia Constitución Nacional. Es de destacar que el Decreto Nº 2010/09 se encuentra plenamente vigente y como tal es de cumplimiento obligatorio.

¿Qué dice el Código Penal de la Nación Argentina? En su capítulo IV, artículo 248 establece que "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere." Claramente, Martín Redrado se encontraría incurso en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues hasta que la Justicia no declare inconstitucional el Decreto 2010/09 o hasta que el Congreso Nacional no rechace el mismo, dicho Decreto tiene carácter de LEY. Ello surge claramente de la LEY Nº 26122 que establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia tienen plena vigencia y que sólo el rechazo de ambas cámaras del Congreso Nacional implicará su derogación.

Lo que no ha hecho Redrado es la apertura de una cuenta bancaria bajo el nombre de FONDO DEL BICENTENARIO PARA EL DESENDEUDAMIENTO Y LA ESTABILIDAD. En dicha cuenta bancaria se depositaría el importe total de la Letra emitida por el Tesoro Nacional con ese fin, cuyo monto asciende a 6.569 millones de dólares. Para ello, Redrado ha manifestado públicamente que no lo haría y suspendió la reunión de Directorio del Banco Central que había sido convocada para el día 7 de enero de 2010. Por supuesto que Redrado sabía de antemano que no contaba con la mayoría en el Directorio y por eso decidió suspender su reunión, más aún, los demás Directores del BCRA no comparten su opinión.

Frente a estos inusitados acontecimientos, la Presidenta tomó la decisión de remover del cargo de Presidente del Banco Central a Martín Redrado dado que incurrió en "mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

No fueron pocos los profestas del odio que se autotitularon abogados constitucionalistas que salieron a criticar la medida presidencial, entre ellos, Ricardo Monner Sans, Felix Loñ, Daniel Sabsay y Gregorio Badeni.

Lo que estos "constitucionalistas" ignoraron u obviaron es que el Congreso Nacional se encuentra de receso, es decir, que no se encuentra en período de sesiones ordinarias, y que eso sólo contituye uno de los fundamentos para el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia. Más aún, debido a la nueva composición del Congreso Nacional todavía no se han conformado las comisiones, por lo que el despacho de las comisiones se torna imposible. Sin embargo, es más grave aún el desconocimiento de la Ley 26122 que establece en su artículo 17º que "Los decretos a que se refiere esta ley dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil."; y el Código Civil en su artículo segundo habla de la obligatoriedad de las leyes.

Lo que también olvidan estos consitucionalistas es que cuando se regula la remoción del Presidente del BCRA, si bien se habla de un despacho de un Comisión Bicameral presidida por el Presidente del Senado, lo que claramente está establecido es que dicho dictamen no es vinculante. Para ser más claros, el artículo 9º de la Carta Orgánica del BCRA establece que los integrantes del Directorio del BCRA, incluído su Presidente, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional previo consejo de una comisión del Congreso Nacional. Además de lo ya dicho sobre el receso del Congreso Nacional, es oportuno e imprescindible aclarar que la comisión que debe aconsejar a la Presidenta no se encuentra constituida y que, como ya se mencionara, dicho consejo no es vinculante.

Pese a la opinión "interesada" de los mediáticos abogados "constitucionalistas" la remoción de Redrado es absolutamente legal y legítima de acuerdo a las leyes y normas antes reseñadas. El problema es la liviandad con la que los medios de comunicación tratan de "expertos" a algunos abogados y la mutación de esos abogados en sastres, ya que sus opiniones pretendidamente técnicas se transformar en exquisitos trajes a medida de una oposición que abarca desde Cobos, pasando por Macri, hasta Pino Solanas.

En el País del revés, el Vicepresidente de la Nación conspira contra su propio gobierno y, un funcionario público se niega a cumplir la LEY.