EL SUEÑO MACRISTA DE UNA CORTE ADICTA ESTÁ EN SUSPENSO

La historia es sencilla. Macri viene trabajando a destajo para domesticar a la Justicia porteña porque le traja ya varios dolores de cabeza. Para ello, quiere aprovechar la vacante que se produce a partir del 1º de octubre en el Tribunal Superior.

Los sueños de una "justicia adicta" no le son ajenos al Jefe de Gobierno. Entonces, qué mejor que designar en el Tribunal Superior a la Fiscal que siempre ha dictaminado, se ha pronunciado, a favor de los intereses del Gobierno de la Ciudad. La candidata elegida es Daniela Ugolini (foto) que actualmente se desempeña como Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Ugolini es una fiscal de dictámenes polémicos. Entre ellos, dijo que era legal que el Gobierno de la Ciudad recuse al Juez Gallardo en todas las causas en las que interviene y el Gobierno sea parte, cabe aclarar, que en el fuero adminsitrativo el Gobierno de la Ciudad siempre es parte, por lo que su dictamen equivale a decir que Gallardo ya no entienda más en ninguna causa. Una aberración.

Macri busca colocar a Ugolini en el Tribunal Superior de Justicia con las mismas intenciones con las que Menem colocó a Julio Nazareno en la Corte Suprema.

Pero los sueños de Macri tendrán que esperar. Los magistrados Guillermo Shleiber, Roberto Gallardo y Elena Libertatori le pusieron un freno a la candidatura de la fiscal Daniela Ugolini para integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad al aceptar las medidas cautelares interpuestas por la oposición a la iniciativa macrista. De esa manera, hicieron lugar a los cuestionamientos que había recibido la fiscal, entendiendo que en el caso no se cumple con los requisitos del Decreto Nº 1620/03 por el cual se deben dar a publicidad los antecedentes de los candidatos a jueces para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones o adhesiones a los postulantes.

El fallo del Juez Guillermo Shleiber se centró en el planteo de los legisladores electos de Proyecto Sur de que se “trampearon” los tiempos de la presentación para que el pliego fuera votado antes del 10 de diciembre. Los futuros diputados reclamaron que se declare ilegal el procedimiento “por violar los plazos establecidos”. Según la norma, la nominación debe hacerse “dentro de los 60 días desde que se produzca la vacante”: el juez Julio Maier dejará el cargo el 1º de octubre, pero el pliego de Ugolini se publicó el 19 de agosto.

“Que la integración del máximo tribunal local pudiera estar sospechada resultaría francamente pernicioso para la salud cívica de la ciudad. El Estado debe garantizar que todos y cada uno de los pasos que se den revistan la seriedad, la transparencia y el respeto integral a las normas”, advirtió en su sentencia el Juez Gallardo.

Los sueños de una Corte adicta tendrán que esperar.