El PRO AVISA: JUECES MOLESTOS SERÁN DEMANDADOS Y RECUSADOS

El Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, afirmó que "Estamos dispuestos a demandar a cualquiera que cause daños y perjuicios, sea un peatón o un juez". Ello sucedió en el marco de la visita del funcionario macrista a la Legislatura a la que fue convocado debido al conflicto de poderes instalado desde que el Gobierno presentara más de 700 recusaciones contra el Juez Gallardo.

Previamente, hay que decir que Pablo Tonelli es el Procurador General de la Ciudad, es decir, que es el abogado de la Adminsitración Pública o el abogado del Estado de la Ciudad. En dicho desempeño cumple la importante función de ser el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado porteño, además de ser quien dictamina en materia jurídica sobre la interpretación de leyes, decretos, resoluciones y demás actos administrativos. Asimismo, representa al Estado de la Ciudad en juicio. Según el Artículo 134 de la Constitución representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses.

Lo que diera origen al avasallamiento del Poder Judicial por parte del macrismo es una acción de amparo iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla por mora en la adjudicación de viviendas por parte de la Ciudad. El Juez Gallardo ordenó a la Ciudad asignar adjudicatarios a los solicitantes, ordenó reactivar las obras y embargó 14 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a la cuenta de su juzgado, como es habitual cada vez que se produce un emabrago judicial ya que el tribunal es el custodio de las sumas embargadas.

Esos son los antecedentes de la causa por daños y perjuicios que inició la Ciudad contra el Juez y contra la Asociación Civil Casa Amarilla por considerar "innecesaria la transferencia de fondos embargados". En la demanda por daños, la Ciudad plantea un resarcimiento de 138 mil pesos.

Al haber un juicio pendiente entre las partes (la Ciudad y el Juez) por la causa por daños y perjuicios, Pablo Tonelli resolvió recusar al magistrado en "aquellas causas donde la Ciudad sea parte demandada", dejándole a Gallardo todas aquellas en las que el Gobierno porteño es demandante -las ejecuciones fiscales-.

Es decir que mientras el Juez le exige a la Ciudad que cumpla con una Ley que otorga viviendas sociales, el macrismo demanda a ese Juez porque esa plata retenida por el Juzgado le impide obtener intereses. Es de destacar que esa plata tenía un fin específico dado por una ley, por lo que el Gobierno no la puede gastar en otra cosa.

Pero más grave aún es el hecho de demandar a un Juez por una sentencia judicial que obliga al Gobierno a cumplir con una ley. Un Juez no puede ser demandado por sus sentencias, sino imaginen lo que sucedería con cada Juez que dicte una sentencia contraria al Estado. Ningún Juez fallaría en contra del Gobierno de la Ciudad y entonces, todos los porteños nos encontraríamos indefensos frente al accionar del Estado de la Ciudad.

¿No será eso lo que quiere lograr Macri al atacar, perseguir y demandar a un Juez?