TOMA DE LUGANO - El Juicio - Rechazo de incompetencia y suspensión del desalojo

SOCIEDAD • Jueves 12 de Junio de 2014 | 09:36

La Justicia suspendió el desalojo del barrio Papa Francisco en Lugano

Es hasta que pueda garantizarse "la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas", según indicó la jueza María Gabriela López Iñiguez, que descartó una asociación ilícita y rechazó el planteo de la fiscalía porteña para declararse incompetente.

La jueza María Gabriela López Iñiguez descartó ayer la figura de asociación ilícita y suspendió el desalojo del barrio Papa Francisco, en Lugano, hasta que pueda garantizarse "la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas". También rechazó un planteo de la fiscalía porteña para declararse incompetente en la causa.

La magistrada rechazó la excepción interpuesta por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad al no acreditarse pruebas suficientes de que se tratase de un delito de asociación ilícita y que, por ende, pase la causa a la Justicia Nacional. Por el contrario, en la parte resolutiva, la jueza expresó que la toma reviste "el conflicto referido al saneamiento y urbanización subyacente, en el marco de la Ley 1.770, de eminente carácter local".

La resolución de la magistrada fue comunicada durante una audiencia pedida por la fiscalía, que planteaba que la ocupación de los terrenos del ahora denominado barrio "Papa Francisco" configuraba el delito de "asociación ilícita" y no de "usurpación", por lo que la causa debia trasladarse al fuero federal.

También resolvió "diferir la fijación de fecha para el libramiento de la orden de allanamiento hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para garantizar adecuadamente la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas".

Marta Yané, referente del Movimiento Evita que se intentó criminalizar, expresó que “el PRO quería embarrar la cancha para no hacerse cargo del problema de vivienda". "Por eso inventaron que éramos parte de mafias y asociaciones ilícitas, pero la jueza entendió que no hay pruebas. Ahora no hay más excusas, tienen que hacerse cargo y avanzar con el saneamiento del terreno y la urbanización como lo marca la ley", subrayó.

Por su parte, el abogado de Yané, Juan Manuel Di Teodoro, afirmó que "los Fiscales no han podido sacarse la causa de encima y la misma seguirá en manos de la Jueza López Iñiguez. La fiscalía nunca aportó las pruebas para intentar demostrar la comisión de delitos en el Barrio Papa Francisco, delitos que sólo han existido en la fantasía y en las ansías de sacarse de encima la causa para ocultar las deficiencias de la investigación".

"El Fiscal siempre confundió el reclamo legítimo del cumplimiento de la Ley 1.770 (urbanización de la Villa 20) por parte de quienes tomaron el predio con un hecho ilícito y llegó al absurdo de pretender que la organización de los vecinos y la elección de delegados constituye una asociación ilícita. Así primero criminalizó la protesta social solicitando las detenciones de vecinos que expresaban la posición de la toma ante los medios de comunicación y luego ahondó en su postura criminalizando la militancia social y política al imputar a Marta Yané por el sólo hecho de ser una militante que se solidarizó con el reclamo de urbanización y la toma e instalación del Barrio Papa Francisco”, agregó el letrado.

Finalmente, Di Teodoro expresó que "no resulta un dato menor que se encuentre suspendida la orden de allanamiento y desalojo del predio tomado. Se trata de un reconocimiento implícito de que estamos ante un problema social, la falta de vivienda y de urbanización de la villa 20, y no ante un hecho que deba ser abordado por el Derecho Penal".

*http://www.infonews.com/2014/06/12/sociedad-149105-la-justicia-suspendio-el-desalojo-del-barrio-papa-francisco-en-lugano.php

TOMA DE LUGANO - El juicio

El 24 de febrero un grupo de personas ocupó el predio lindante a la Villa 20

Toma de Lugano: la próxima semana se define si se suspende el desalojo

La jueza López Iñiguez tiene cinco días para definir la jurisdicción de la causa penal por usurpación y hasta el jueves para decidir si suspende o no la orden de desalojo del terreno ocupado. La fecha prevista desde hace un mes es el 12 de junio.

Por: Vanina Escales

Cinco días es el plazo que la jueza María Gabriela López Iñiguez tiene para definir la competencia jurisdiccional de la causa penal por la toma de tierras en Villa Lugano. La jueza debe contestar a un pedido del representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que solicitó declinar en favor de la Justicia nacional la competencia en el caso. Para el fiscal Carlos Fel Rolero la toma fue un delito de mayor gravedad: asociación ilícita. La tarea que parece sencilla, no lo es en absoluto.

El 24 de febrero un grupo de personas ocupó el predio lindante a la Villa 20. Por este hecho están procesados quienes fueron nombrados como interlocutores por los ocupantes. “Confunden en el delito de usurpación a los delegados del barrio”, explicó Juan Manuel Di Teodoro, el abogado de Marta Yané, procesada dirigente del Movimiento Evita por solidarizarse con la toma. Ese grupo de vecinos devenidos delegados se constituyeron como tal a pedido de las autoridades que se acercaron al lugar para resolver la toma y la eventual desocupación del predio en forma pacífica. El único detenido es Marcelo Chancalay, un ex presidente de la Junta Vecinal de la villa 20 y actual empleado del Gobierno de la Ciudad.

En la audiencia de hoy –la última para definir la competencia en la causa– estuvieron presentes, además del fiscal Fel Rolero, los defensores Di Teodoro –por Marta Yané–, Pedro Dattoli –por Chancalay–, y el Defensor General Luis Duacastella y la Defensora Oficial María Lousteau por el resto de los imputados.

Qué quiere el Gobierno de la Ciudad

La pregunta que rondó la audiencia es “¿qué quiere el Gobierno de la Ciudad?”. Porque por un lado, en el Fuero Contencioso Administrativo –ante la jueza Elena Liberatori– se impuso realizar el censo y avanzar en el cumplimiento de la Ley 1770. Para esto la Ciudad formó un Comité de Crisis compuesto por el Defensor del Pueblo, la Asesora Tutelar y la Procuración de la Ciudad. El censo se realizó con personal técnico del Estado porteño que revista en el Instituto de la Vivienda y fue acompañado por la defensoría en su carácter de veedor. Todos caminaron la villa 20 con chalecos identificatorios. Esto hace suponer que se desea avanzar en la resolución de este conflicto y dar cumplimiento a la 1770. Pero por otro lado, en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas –a cargo de la doctora López Iñiguez– el mismo Gobierno de la Ciudad pide el desalojo del terreno ocupado y el allanamiento.

El terreno actualmente ocupado pertenece a la Ciudad, lindante al de la Policía Federal y a la villa 20. Lo que se está negociando desde el Comité de Crisis es hacer una traspaso del antiguo cementerio de autos, sanear los terrenos, el ocupado y el de la Federal, y construir allí las viviendas previstas en la 1770.

El censo, que comenzó el fin de semana pasado y que seguirá al menos dos fines de semana más, es el elemento nuevo que las defensas trajeron esta semana y que harían reconsiderar el caso y por tanto, la resolución que debe tomar la jueza. Los abogados defensores plantearon que es inadmisible que la fiscalía intente justificar una asociación ilícita con los mismos ocupantes a los que está censando la Ciudad para incluirlos en un plan de viviendas. Por esta contradicción, que la jueza también tomó como tal, es que se convocó a informar de las actividades llevadas a cabo el fin de semana al Procurador y al Defensor del Pueblo. La doctora Mónica Reyna volvió a asistir como subsecretaria Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo. El doctor Conte Grand no concurrió y envió como delegado de la Procuración a Francisco D’Albora, Director de Asuntos Penales, que informó que la Procuración mantiene el pedido de restitución del terreno ocupado y no se extendió sobre ninguna otra pregunta.

El defensor Duacastella dejó en claro la situación discordante del Gobierno porteño: “Entiendo que la Procuración representa a la Ciudad en ambos expedientes y no puede tener posiciones contradictorias en un expediente y en otro. Si se ha admitido el censo de los ocupantes, entiendo que estaríamos frente a un hecho nuevo que permitiría expresamente que el doctor manifieste si el pedido de restitución se mantiene” en los mismos términos que el 24 de febrero, día de la toma. La postura de la Ciudad es mantener la causa penal por usurpación y exigir la restitución, y esto aunque la cúpula del Gobierno haya estado el fin de semana prometiendo viviendas y urbanización tras el censo.

Al cierre de la audiencia, el doctor Di Teodoro agregó “No pudimos obtener del organismo técnico las respuestas que requeriríamos en esta audiencia si no fuera porque la convocatoria fue hecha de manera defectuosa –por el fiscal Fel Rolero–, y adrede para evitar que el doctor D’Albora hoy tenga los elementos para poder responder”.

La jueza López Iñiguez consideró, por su parte, de estricta necesidad saber la situación real que se está viviendo en el predio ilegalmente ocupado. Esto a la hora de resolver “de la mano de la incompetencia y del recurso suspensivo o devolutivo” que dé a su decisión, si se libra o no y en qué condiciones una nueva orden de allanamiento a través de la fuerza pública.

Los primeros días de la semana entrante se sabrá la decisión de la jueza y seguramente alguna de las partes apelará la medida. Pero hay ya estipulada una fecha límite para producir el desalojo: el 12 de junio. Por tanto la jueza López Iñiguez debe resolver además si suspende esa orden o no –a la luz de las tareas de remediación del Comité de Crisis– hasta tanto se terminen las tareas. Las defensas consideran que la orden de desalojo debería suspenderse.

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/toma-de-lugano-la-proxima-semana-se-define-si-se-suspende-el-desalojo-4337.html

Toma de Lugano: el miércoles se define una instancia importante en la criminalización de la protesta social

por Vanina Escales

La audiencia para definir la competencia jurisdiccional por la ocupación del predio de Lugano, el 24 de febrero pasado, debía comenzar a las 9.30. Una hora y media después comenzó sin los abogados que se esperaban desde temprano, los de Marcelo Chancalay, el único procesado con prisión preventiva por la toma. El resto de los defensores están presentes. Juan Manuel di Teodoro lo hace en representación de Marta Yané, dirigente del Movimiento Evita que se solidarizó con la toma y fue procesada, y el Defensor General, Luis Duacastella y la Defensora Oficial, por el resto de los imputados: los vecinos que hicieron las veces de delegados de la toma.

Se llega a esta audiencia luego de que el representante del Ministerio Público, el fiscal Carlos Fel Rolero, presentara un pedido de incompetencia por entender que la causa no debe ser enmarcada como “usurpación” (delito de competencia local) sino como “asociación ilícita” (competencia nacional). La audiencia estuvo a cargo de la jueza María Gabriela López Iñiguez, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, que se encargó de decirle a Fel Rolero que el planteo de incompetencia hace retrasar la causa y que ese tipo de maniobras dilatorias son graves cuando hay personas detenidas.

Los terrenos tomados son los lindantes a la Villa 20. Hasta el año pasado fue un cementerio de autos de la Policía Federal y por ese uso está contaminado con distintos metales e hidrocarburos. La audiencia tiene necesariamente un trasfondo político. En los alegatos, Duacastella remarca que desde el principio indicaron que “era necesario el diálogo y mesas de trabajo para poder resolver este conflictivo tema de vivienda que está atrás de esta causa de usurpación  y como usted bien ha sostenido –dirigiéndose a la jueza– en la propia resolución que ordena el desalojo, el conflicto que acá estamos discutiendo supera el tema del derecho penal”.

La interpretación sobre lo que originó la toma del predio parece ser lo que define las posturas de la Fiscalía y las Defensas. Para el fiscal Fel Rolero –de acuerdo con su alegato– se constituyó un grupo con fines delictivos para afectar bienes jurídicos: el orden público y la paz social. La toma, para el Ministerio Público, fue un medio para más adelante lograr “la obtención de un rédito económico por el loteo del predio y la posterior venta de los mismos”. Y detalló una serie de posibles delitos: estafas, estelionato, tenencia y portación de armas, infracción a la ley de estupefacientes, apología de un delito, malversación de caudales públicos, atentado y resistencia a la autoridad y extorsión. Lo llamativo de esta acusación es que las personas no fueron imputadas en ningún momento por estos delitos, ni están probados en la investigación. Tampoco se encontraron armas en los allanamientos. Además, Fel Rolero destaca en su escrito la pertenencia o simpatía de algunos delegados con agrupaciones políticas, como si fuera un delito.

Para las defensas la instrucción fue defectuosa. La Fiscalía mantuvo hasta las 11 de la mañana del lunes el secreto sobre algunos testigos –vulnerando el derecho de defensa y la posibilidad de refutar prueba–, y se quiere avanzar –según dijo Di Teodoro– con “una maniobra política no solo para criminalizar a los delegados, para criminalizar a la militancia política y social que se solidariza con esas 700 familias que viven en condiciones precarias, sino que tapa las deficiencias de la investigación tirando el problema para arriba” (para fueros nacionales). El fiscal Fel Rolero también trajo dos casos de jurisprudencia para justificar su pedido de cambio de carátula –y por tanto, de jurisdicción– en donde nociones abstractas y estigmatizadoras como el “peligro” o “peligro abstracto”, aun cuando no se haya cometido el ilícito, jugaron un rol en las causas a las que hizo referencia para la obtención de la condena por asociación ilícita.

El abogado de Marta Yané, Di Teodoro, recalcó que “a nadie se le escapa que el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires es un ex diputado del partido de gobierno”. Y por tanto “parece que el gobierno va y le dice a la jueza Liberatori ‘avancemos en la mesa de diálogo’, y por otro lado va y le dice a los fiscales que pidan la incompetencia para tirar el problema” al ámbito de la Justicia nacional. La referencia es porque Liberatori dispuso la creación de un comité de crisis para resolver la urbanización de la villa 20 y se realizó un censo este fin de semana.

Por pedido expreso de las defensas se pidió –y se concedió– que los resultados del censo no sean utilizados para seguir judicializando a los que participaron de la toma. Imaginemos a Duacastella y Lousteau defendiendo a 1800 procesados. A la audiencia concurrió por pedido del Juzgado la doctora Mónica Reyna, subsecretaria Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo, para explicar las tareas de remediación de cara a la ejecución de la Ley 1770: la urbanización de la villa 20 y un plan de vivienda. Reyna explicó que el comité de crisis se formó “por la señora Asesora Tutelar, el señor Procurador de la ciudad y el señor Defensor del Pueblo” y que este fin de semana se realizó el censo con personal técnico del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo en su carácter de veedor. La Subsecretaria señaló que las personas censadas tenían actitud colaborativa, desmintiendo la idea de “peligrosidad” que les atribuyó el fiscal. También, que se está avanzando en un “convenio de regularización” donde el gobierno nacional entregaría el predio a la ciudad para cumplir con la 1770. “El dinero para la remediación ya se encuentra depositado en el juzgado de Elena Liberatori”, aclaró.

La ley 1770 desde 2005 –y su modificación en 2007– dispone la urbanización de la villa 20, y desde ese entonces el gobierno de la Ciudad no la cumple. La estrategia de los sin techo como forma de exigir el cumplimiento de la ley fue la toma de terrenos –pauperizados y contaminados– y el intento de procurar salidas políticas. En esta ocasión, como en la toma del Indoamericano, la respuesta judicial fue el procesamiento de los delegados designados entre los vecinos para entablar los diálogos y las soluciones pacíficas. Imita, además, a los procesamientos de militantes sociales en 1999 y 2000 cuando en medio de protestas y cortes se pedían interlocutores y se devolvían procesados.

Hay que señalar que sobre los delegados de la toma de Lugano rige una orden de restricción de acercarse al predio. Si hubieran estado durante el censo del fin de semana, hubieran violado la restrictiva, pero por eso mismo no fueron censados y es posible presumir que también sufren la emergencia habitacional por la que el predio fue tomado en primer lugar.

Para el Defensor General Duacastella no hay más prueba que “la que dije al principio que iba a suceder: que iban a terminar imputados los delegados. Que se iba a utilizar esta organización que ellos constituyeron con posterioridad, a pedido del Juzgado y a pedido de las Defensas y a pedido de la Fiscalía para poder negociar”. Es que al momento de la toma, las autoridades que se acercaron y les pidieron que nombraran interlocutores. Para Duacastella esa “es la única organización que existe en esta causa”, por tanto “voy a solicitar que se rechace el planteo de incompetencia”.

La resolución del pedido de incompetencia de la Fiscalía será en la próxima audiencia convocada para el miércoles 4 a las 10.30 de la mañana. Si la carátula cambiara a “asociación ilícita” cada toma, cada protesta, cada corte, podrá ser considerado de la misma manera. El caso de Marta Yané es ilustrativo del afán disciplinario del Ministerio Público de la Ciudad: ni siquiera es vecina de la toma, solo se solidarizó con los ocupantes al igual que una treintena de legisladores. 

http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2014/06/toma-de-lugano-el-miercoles-se-define.html