HAY PIQUETES Y PIQUETES

Los cortes de calles en "la Ciudad de la Furia" siempre desatan distintas polémicas, tanto en lo discursivo, como en los hechos concretos.

En el día de hoy conocemos por medio de los medios de comunicación que la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas condenó a siete trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) por manifestarse en la avenida General Paz, en cinco días repartidos entre agosto, septiembre y octubre de 2007. En dicha sentencia se argumentó que los integrantes del grupo (delegación gremial de ATE) “actuaron con dolo directo, buscaban con su accionar la obstaculización de vehículos”. Es decir, que los camaristas contravencionales y de faltas han interpretado que los trabajadores han impedido u obstaculizado intencionalmente y sin causa justificada el tránsito vehicular en la Av. Gral. Paz, pues eso, es dolo directo.

Lo novedoso y peligroso de este fallo es que ya no se trata de una aplicación antojadiza del Artículo 78 del Código Contravencional (Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento), sino que se trata de la realización de una lectura parcial, arbitraria y discrecional del mismo, ya que se omite considerar la segunda oración del mismo. En esa parte se señala expresamente que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención, por lo tanto, no resulta aplicable la figura del dolo intencional, ya que el objetivo principal lo constituye el reclamo sectorial y no la obstrucción de la vía pública. En pocas palabras, lo que ha dicho la Cámara, es que, no importa si salieron a protestar o ejercer un derecho constitucional (el de peticionar ante las autoridades) sino que al salir y marchar sobre una avenida hay sólo intención de obstruir la vía pública.

La judicialización de las manifestaciones callejeras es una de las iniciativas del Fiscal General de la Ciudad, el macrista Germán Garavano. Esta judicialización se transforma en la práctica en la criminalización de la protesta social y política. La condena a la que se hace referencia es el producto de la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal (fiscalía) según expresa indicación del Fiscal General.

El que avisa no traiciona, podría decir Garavano. Este blog ya se había echo eco de los anuncios del macrismo y de este Fiscal General allá por enero de 2008. Todo comenzó, cuando diez días después de la asunción de Macri en la Ciudad, la UOCRA realizó 39 cortes de calles simultáneos, como reclamo por más medidas de seguridad contra accidentes en su trabajo, lo que enfureció a Mauricio. Los fiscales denunciaron y la causa judicial derivó en una "probation" (un acuerdo de partes según el cual los organizadores debieron pintar escuelas).

Esto siguió, en junio de 2008, unos 1.000 taxis convocados por el Sindicato de Peones de Taxis de Omar Viviani, cortaron Avenida de Mayo contra el plan de Macri de sumar carriles exclusivos en avenidas. Se concentraron frente al edificio comunal y durante tres horas la zona estuvo completamente colapsada. El Gobierno porteño denunció a Viviani en la Justicia Contravencional que, tras un juicio abreviado condenó al sindicato a realizar tareas comunitarias.

Ahora, si se trata de piquetes y cortes de calle no son lo mismos unos u otros. Ningún Fiscal Contravencional de la Ciudad, ni su Fiscal General, Germán Garavano, ni el Fiscal General Adjunto, Luis Cevasco, salieron a denunciar a los piquetes caceroleros que se manifestaban en apoyo al reclamo sojero de las entidades patronales del campo.

Para Garavano y Macri queda claro que el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad es para criminalizar la protesta social y no para judicializar los cacerolazos y piquetes de Belgrano, Barrio Norte y Recoleta. Es que hay piquetes y piquetes.