Legislatura porteña: ASÍ VOTA EL FAP (Frente de Apoyo al PRO)

La Legislatura porteña discutía acerca de la inconstitucional y arbitraria DISPOSICIÓN Nº 40/DGEGRL/12 (06/08/ 2012) Ministerio de Modernización que establece lo siguiente:

"Art. 1º.- Los pedidos de asamblea de trabajadores a realizarse en las dependencias del GCABA, deberán ser presentadas con no menos de 72 (setenta y dos) horas hábiles de anticipación ante la máxima autoridad de la dependencia, por delegados con mandato vigente de organizaciones sindicales reconocidas.
Art. 2°.- La autoridad de la dependencia deberá evaluar la posibilidad de disponer de un espacio físico para la celebración de la asamblea
Art. 3°.- La autoridad de la dependencia, evaluará a su vez la conveniencia de realizar la asamblea fuera del horario de trabajo.
Art. 4º.- La participación en una asamblea de trabajadores, se encuentra específicamente limitada a los trabajadores de la dependencia donde efectúa el pedido."

Se trata de una arbitraria disposición del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad que pretende, de manera ilegal, reglamentar las asambleas de trabajadores porteños. Decimos ilegal porque contradice el Artículo 2º del Convenio OIT Nº 135 (parte de nuestra Constitución Nacional al ser ratificado por el Congreso Nacional de acuerdo al Art. 75 inc. 22) que establece: "Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones". ¿Qué quiere decir? Que se garantiza no ya la estabilidad laboral del delegado sindical, sino la forma del ejercicio de la tarea representativa. Esta norma viene a consolidar la eficacia de dicha  función, es decir, que su tarea no encuentre obstáculos, lo cual apunta fundamentalmente a la conducta del empleador frente la actividad de los representantes de los trabajadores. Es evidente que para que esta función resulte "eficaz", debe ser ejercida sin interferencias , debiendo permitir la parte patronal la libre comunicación del representante y sus representados. En este sentido, tiene entendido la Doctrina y la Jurisprudencia nacional e internacional, que se debe garantizar un lugar adecuado para la realización de las asambleas que resulten necesarias, respetando, por supuesto, las pautas de trabajo de la parte empleadora, debiendo existir una necesaria compatibilización entre el derecho de los trabajadores a reunirse con sus delegados y las necesidades del establecimiento, en este caso, del Estado de la Ciudad. Pues no puede desprenderse que ello signifique de modo alguno solicitar autorización alguna.

Este jueves pasado, la Legislatura porteña se aprestaba a tratar sobre tablas el expediente 2430, un proyecto de Declaración firmado por Karina Spalla (PRO) y Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos - FAP), en el que se expresaba que la Legislatura "vería con agrado que las cuestiones relativas a la celebración de las asambleas de trabajadores sean discutidas y acordadas mediante convenios paritarios de forma urgente" y "que la Disposición N° 40 dictada por la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales del 6 de agosto de 2012, que versa sobre el tema referido, sea suspendida por un plazo de diez días". Una declaración que le otorgaba legitimidad y una presunción de validez a una disposición inconstitucional e insalvablemente nula, que expresaba el acuerdo político entre el PRO y el FAP, representado en la Legislatura por la CTA de Michelli, para encuadrar la relación entre el sindicato ATE y el Gobierno de la Ciudad. 

La Declaración a votar decía textualmente que "vería con agrado" que Mauricio Macri, -el mismo que persigue trabajadores, que sanciona a docentes- deje sin efecto una disposición de su gobierno que apunta en esa misma dirección. Una Declaración que pretende darle validez a una ilegal disposición que le ordena a los representantes sindicales a pedir autorización para realizar una asamblea de trabajadores con 72 horas de anticipación. A todas luces un absurdo.

Sin embargo, la diputada García Tuñón proveniente del espacio sindical de la CTA de Micheli, fue quien más defendió el proyecto argumentando que con esta declaración votada por la Legislatura se dejaba sin efecto la Disposición. Una barbaridad desde el punto de vista jurídico o una cabal muestra del acuerdo de la CTA que conduce Micheli y el Partido  que conduce el Diputado Nacional, Claudio Lozano, con el PRO de Mauricio Macri. Finalmente se votó pese a la oposición del Frente para la Victoria, encabezado en este tema por la Diputada María Rachid; de Nuevo Encuentro, encabezado en este tema por la Diputada Delia Bisutti; del Frente Pogresista, del MST y de parte de Proyecto Sur.

Pese a sus orígenes de militancia sindical, los Diputados del FAP, Fabio Basteiro y Laura García Tuñón, más María América Gónzalez, Caludia Neira y la Diputada de Proyecto Sur, Virginia Gónzalez Gass votaron junto al PRO, la Coalición Cívica y Unión por Todos por legitimar la disposición según la cual se ordena a los trabajadores a pedir autorización con 72 horas de anticipación para realizar una asamablea y que todos los sindicatos en el término de 10 días acuerden junto al Poder Ejecutivo como reglamentar, en forma definitiva, la realización de asambleas en el Estado porteño.

Así vota el FAP (Frente de Apoyo al PRO?) en la Ciudad de Buenos Aires... En contra de los trabajadores públicos de la Ciudad de Buenos Aires y contra la ley.