Se sabe que La Horqueta es uno de los barrios más opulentos del conurbano, ubicado en el Partido de San Isidro, donde viven 2.300 familias aproximadamente.Los medios de comunicación han propalado y multiplicado las noticias sobre robos a mano armada y asaltos a casas privadas. También mostraron la proliferación de puertas cerradas, rejas altas, paredones de más de dos metros, cámaras de video y garitas de seguridad privada. Una sistemática y continúa repetición mediática de una misma noticia, más el testimonio de dos o tres familias (de doble apellido, por supuesto, como García Lanza) asaltadas constituyeron el infernal combo que tuvo como resultado la histeria comunitaria.
La sensación de inseguridad se instaló en el barrio de La Horqueta.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse reaccionó y fundamentó su decisión de construir un muro que divida al exclusivo y ostentoso barrio de La Horqueta de Villa Jardín del Partido de San Fernando en el convencimiento que "ese lugar es un corredor de delito" convirtiendo, de esa manera, a los vecinos de San Fernando en personas sospechosas.
"Las familias (de La Horqueta) están sobreexpuestas porque la avenida Uruguay es un canal de acceso muy fácil hacia la autopista Panamericana y hacia una zona de villas de emergencia muy peligrosas", aseguró el Intendente cobista, Gustavo Posse.
Claramente estamos ante la exposición de un pensamiento lineal, fascista y simplista que asimila a todo habitante de villas de emergencia a delincuentes. Eso es discriminatorio y autoritario, revelador de un anacrónico pensamiento que señala y sindica a pobres como sinónimo de delincuentes y criminales. Eso que la criminología y el derecho penal denominan criminalidad de autor, no es otra cosa que prejuzgar y condenar a una persona por el sólo hecho de haber nacido pobre o vivir en una villa.
La seguridad pública no se construye con un muro que divida ricos de pobres, ni tampoco con la creación de ghettos libres de carenciados.
La construcción del muro por parte del Intendente Posse vulnera el derecho a circular libremente de los vecinos, el principio de no discriminación y viola el precepto de que todos somos iguales ante la ley, además, de vulnerar el propio Estado de Derecho. Aquí, Posse determina que un conjunto de pobladores son delicuentes y por eso, dipone la restricción de su libertad de circulación, hecho ilícito que atenta contra la Democracia, la Constitución Nacional y la convivencia ciudadana.
La seguridad pública se construye con mayor integración social, más educación, más trabajo, en síntesis, con mayor distribución de la riqueza. No habrá más seguridad con gobernantes dispuestos a cualquier cosa con tal de proteger y aislar a los más ricos y poderosos de cada barrio, ni con dirigentes pusilánimes que privilegien la "sensación de seguridad" de unos pocos por sobre la justicia social.
