martes, 19 de enero de 2016

Mientras tanto, en La Ciudad de la Furia... LA POLICÍA FEDERAL ES PORTEÑA

La Legislatura aprobó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad

(39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra)



En el día de hoy, la Legislatura porteña dió un importantísimo paso en la consolidación de la autonomía plena de nuestra Ciudad al aprobar el traspaso de 18.000 efectivos de la Policía Federal. En efecto, se ha aceptado el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15.000 efectivos de la Policía Federal desplegados en las 54 comisarías porteñas. De acuerdo al convenio aprobado, también serán transferidas las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, quienes se unirán a los 6300 efectivos que integran la Policía Metropolitana para brindar el servicio de seguridad en la Ciudad.
Si bien el convenio aprobado no contiene demasiadas definiciones tajantes, la primera cláusula resulta contundente y justifica la definición de día histórico para la autonomía de la Ciudad ya que, establece que "la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad" y "la Nación conserva las estructuras, el personal, los bienes y los servicios necesarios para asegurar las funciones de seguridad en materia federal en territorio de la Ciudad".
Seguramente muchos porteños y porteñas coincidiremos en que ésta era una deuda histórica que debía saldarse cuánto antes. Era hora de que cuando votamos Jefe de Gobierno sepamos que estamos votando a quien debe garantizarnos la seguridad en nuestro barrio y que esa decisión pase exclusivamente por quienes vivimos nuestra Ciudad, de la misma manera que quienes viven en Santa Cruz votan al Gobernador o Gobernadora que dirigirá las fuerzas de seguridad de su provincia.
Que la “federal” tiene falencias o que tiene dentro sus integrantes a nefastos personajes sin escrúpulos no resulta ser una denuncia que sorprenda a nadie, pero esa obvia descripción no alcanza para que la mejor opción sea dejar las cosas como están. Porque votar en contra o abstenerse es votar a favor de que la Policía Federal siga siendo lo que es; es no votar instancias de control ciudadano ni tener la posibilidad de realizar un control legislativo sobre el proceso de traspaso a la Ciudad.
Aceptar con humildad que la mejor opción es que la Ciudad tenga su propia policía es algo que ya impulsó en su momento Néstor Kirchner cuando instruyó a sus legisladores nacionales para que modifiquen la “Ley Cafiero” (recordemos que fue sancionada el 8 de noviembre de 1995, y en su artículo primero señala que el objetivo es "garantizar los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación").
Corría el año 2007 y Mauricio Macri acababa de imponerse en el balotaje a Daniel Filmus. Fue entonces que el Presidente Kirchner acordó con el PRO la reforma de la “Ley Cafiero”. Desde el oficialismo, el proyecto fue defendido en el recinto por el titular de la comisión de Asuntos Municipales, Eduardo Acastello, quien sostuvo que "la ley Cafiero actúa como un corcé que no permitió que los habitantes de la ciudad tuvieran su propia fuerza de seguridad como en otros lugares de la Argentina". En esa línea, y al término del debate, el entonces titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó que "no sentimos que estamos haciendo la gran epopeya sino que con gran esfuerzo estamos modificando la ley Cafiero que impedía que la ciudad tuviese potestad en materia de seguridad". La postura del PRO fue expuesta por Federico Pinedo, quien aseguró que el macrismo quiere "darle seguridad a la gente de la ciudad" y sostuvo que se trata de "contar con las herramientas necesarias: no queremos locuras, que se tomen los pasos necesarios porque no queremos obtener ventajas ni hacer partidismo". Pinedo admitió además que el proyecto es "un avance cualitativo en la legislación argentina y en la "calidad institucional". El dictamen promovido por el oficialismo, en base a una iniciativa impulsada por la kirchnerista Juliana Marino, "establece que el gobierno ejercerá sus funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales" (Lo mismo que dice el Convenio entre Nación y Ciudad suscripto por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta). Finalmente, la reforma aprobada a la “Ley Cafiero” (actualmente vigente) sostiene en su cláusula transitoria única que "definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios".
Ese convenio es el que aprobó la Legislatura porteña.

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