martes, 29 de noviembre de 2016

SOBERANÍA es recuperar la POLÍTICA



Ciudad | Politica

Iniciativa porteña realizó segunda jornada de trabajo

Por Redacción Noticias Urbanas / 25 de noviembre 2016

FacebookTwitter

Cientos de militantes de Iniciativa porteña reflexionaron acerca de la “Soberanía como recuperación de la Política para defender los derechos”.

El jueves en la jornada de Iniciativa porteña.
El jueves en la jornada de Iniciativa porteña.
El jueves, organizada por Iniciativa porteña, se realizó la segunda jornada de trabajo en la que cientos de militantes reflexionaron acerca de la “Soberanía como recuperación de la Política para defender los derechos”. En la misma se concluyó en la necesidad de participar activamente en las próximas primarias abiertas del año que viene para llevar la voz de la militancia porteña a los foros parlamentarios.
Al respecto Juan Manuel Di Teodoro afirmó que: “en este momento es un deber de cada militante asumir su responsabilidad y ser parte de la construcción política que ponga de pie al peronismo de la ciudad”.
Por su parte, el histórico dirigente peronista Edy Binstock, afirmó que: “hay un desafío en este momento, tenemos que llegar con un mensaje claro y concreto a las capas medias de la ciudad de Buenos Aires para volver a ser una alternativa de gobierno real”
Hicieron uso de la palabra la Comunera de la Comuna 2 (MC) Gabriela Castillo; Manuela Gurzi de Proyecto Comunidad, y el representante del Frente de Profesionales del Movimiento Evita, Nicolás Salerno Ercolani, quien puntualizó el sentido de la convocatoria.
Participaron de la actividad, el politólogo y Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la UNLA, Carlos VILAS quién abrió la jornada reflexionando sobre los nuevos tiempos políticos que están discurriendo y alertó acerca de “no caer en la simplicidad de pensamiento para el análisis de la situación política actual”.
Además estuvieron presentes el economista y ex Director del BCRA, Arnaldo Bocco, el representante del Bloque FpV en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, José Machaín, la ex subsecretaria de Desarrollo Social de la Nación Emilce Moler, y el dirigente de la Ciudad, Armando Ledesma. Saludó especialmente a los organizadores el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, quien pidió paciencia con los compañeros para lograr la unidad necesaria para enfrentar al modelo de exclusión macrista.
La jornada se desarrolló en la sede sindical de los docentes universitarios (CONADU).

domingo, 23 de octubre de 2016

“ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”

En el marco de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Iniciativa Porteña invita a todos los hombres que habitan la Ciudad de Buenos Aires a unirse a la iniciativa“Hombres por la Igualdad”.
Nos comprometemos, cada uno de nosotros, a realizar una cotidiana evaluación personal de nuestros comportamientos y actitudes, para no reproducir los prejuicios y estereotipos que
sostienen la discriminación sistemática hacia las mujeres y evitan que las mismas accedan a sus derechos en igualdad de condiciones que nosotros, los hombres.
Repudiamos expresamente los asesinatos de mujeres por ser mujeres (femicidios) que se están produciendo en nuestro país y en el mundo, como consecuencia de vivir en un sistema
patriarcal y desigual. 
Porque cada acción cuenta:
IGUALDAD REAL ENTRE LOS GÉNEROS
NO MÁS VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Sumate.



Sumá tu firma digital en 
https://www.change.org/p/secretar%C3%ADa-general-de-naciones-unidas-hombres-comprometidos-por-la-igualdad-y-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres

viernes, 23 de septiembre de 2016

A propósito de la ruptura del Bloque Frente para la Victoria en la Ciudad

No toda ruptura es política


Por: Juan Manuel Di Teodoro | Para Letra P
Abogado - Movimiento Evita Capital

Hay cuestiones de la política que son difíciles de entender, que no resultan ser comprensibles al contraponer los hechos con las explicaciones de los actores protagónicos. Tal es el caso de la ruptura del bloque del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que no se le escapa a nadie es que los sectores en pugna mueven sus fichas pensando ya en el 2017 y no dejan de mirarse de reojo uno al otro. Así fue como se recelaron todo el tiempo La Cámpora y el PJ de la Ciudad, antes tras bambalinas y, a partir de la ruptura, a plena luz del día.
Los unos acusan a los otros de que no construyen en la Ciudad o que no saben construir mayorías, pero lo cierto es que ni unos ni otros han logrado interpelar a los porteños. Por una lado, una construcción sectaria y excluyente beneficiada por el dedo en el armado de las listas que colocó al Frente para la Victoria en el incómodo tercer lugar en la Ciudad y fuera del balotaje para la elección de Jefe de Gobierno. Por otro lado, un Partido Justicialista inmovilizado y esclerosado que sólo sabe de derrotas electorales, que no promueve ni la formación política ni propicia el debate interno, mucho menos practica la democracia interna.
Estamos frente a una ruptura de bloque entre dos sectores que no se diferencian en el modo de construcción política sino, más bien es, en lo que más se parecen. De hecho son los que juntos prorrogaron mandatos en el Partido Justicialista para que todo siga igual y evitar definiciones políticas que hubiesen provocado un gran debate en el seno del peronismo porteño.
Cuando se trata de evitar el debate para ocultar los disensos florece la unidad entre los sectores en pugna, ahí no importa a que bloque pertenece cada uno porque de lo que se trata es de silenciar los disensos, de no escuchar a la militancia, la misma que salió a militar de manera inorgánica y desordenada por la candidatura de Daniel Scioli.
Dicen por ahí que la gente les pide que se unan, mas ciertamente nadie ha visto a las masas movilizadas demandando unidad. Lo que sí pudo comprobarse es que en el 2015 la gente le pidió al Frente para la Victoria que haga lo posible para evitar que el macrismo siga gobernando cuatro años más la Ciudad, pero la conducción del Partido Justicialista y de La Cámpora (que también es conducción del PJ en la Ciudad) le propusieron a sus votantes en la Ciudad que en el balotaje voten en blanco, pero en un hermoso acto de dignidad los peronistas salimos a votar en contra de Rodriguez Larreta y fue por muy pocos votos que el macrismo siguió gobernando la Ciudad.
Cuando no se habla ni se discute la política se la esconde bajo la alfombra y nada de lo que se produce es político, por eso no estamos ante una ruptura de bloque que pueda explicarse desde lo político.
Es tiempo de debate, de análisis, de autocrítica y de reafirmación de nuestra identidad, es tiempo de terminar con la política de las trastiendas  demostrando la capacidad para instalar la política allí donde el pueblo pueda enriquecerla con su participación y creatividad. Sólo de esa manera vamos a poder construir mayoría en la Ciudad.
Publicado originalmente en http://www.letrap.com.ar/nota/2016-9-22-no-toda-ruptura-es-politica

miércoles, 24 de agosto de 2016

LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS PORTEÑOS A LA DERIVA

A comienzos de año, allá por enero, la Legislatura porteña dio un importantísimo paso en la consolidación de la autonomía plena de nuestra Ciudad al aprobar el traspaso de 18.000 efectivos de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Se ha aceptado el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15.000 efectivos de la Policía Federal, desplegados en las 54 comisarías porteñas. De acuerdo al convenio aprobado, también fueron transferidas las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, quienes se unieron a los 6.300 efectivos que integran la Policía Metropolitana para brindar el servicio de seguridad en la Ciudad.

Sin embargo, los porteños y porteñas no hemos notado ninguna mejora en la seguridad en las calles de nuestra Ciudad, no nos sentimos ni más cuidados ni más protegidos. Por el contrario, se han retirado todos los controles policiales de acceso a la ciudad que había en los límites con la provincia de Buenos Aires, así como también los que se encontraban en las principales avenidas de la Ciudad.  Ello, pese a que la Ciudad cuenta con una normativa legal que contiene aspectos modernos y democráticos para la organización de una fuerza de carácter preventivo y de cercanía a la sociedad.

La falta de conducción política del proceso de traspaso de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad se hace notar en las tres comunas en dónde la Policía Metropolitana tiene una fuerte presencia.  Esas comunas de la Ciudad son la 12 (Villa Pueyrredón, Saavedra, Villa Urquiza y Coghlan), la 15 (Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Agronomía y Parque Chas) y la 4 (La Boca, Barracas, Pompeya y Parque Patricios), barrios en los cuales la relación de la Metropolitana con la Policía Federal es muy mala. No existe el trabajo conjunto entre ambas fuerzas de seguridad a pesar de que las mismas se deben fusionar en una sola Policía. ¿Cómo trabajan? La fuerza que llega primero al lugar del hecho es la que se encarga del tema, es decir, no hay protocolos de actuación ni coordinación. Si la Policía Metropolitana llega primero, actúa la Metropolitana, si por el contrario llega la Federal, del tema se encarga esa fuerza.

Esta situación se replica hacia arriba debido a que el Superintendente de Seguridad Metropolitana, Guillermo Calviño, quien quedó al frente de la “Federal porteña” aspira a ser el Jefe de la fuerza policial unificada, al igual que los que están en la cúpula de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace. La interna está abierta entre estos dos sectores policiales, y demuestra a las claras la improvisación y la incapacidad de Martín Ocampo y Patricia Bullrich de conducir a las fuerzas de seguridad.

El Presidente y el Jefe de Gobierno establecieron un plazo de un año para el proceso de transferencia de la Policía Federal, cada vez falta menos, y los problemas tienden a profundizarse. El objetivo principal del Ministro de Seguridad porteño es que la Legislatura apruebe una ley que unifique a las dos policías y para ello está dispuesto a efectuar las necesarias concesiones que le solicite la Federal. ¿Qué pasará  con los adicionales que cobra la Federal y que la Metropolitana tiene prohibidos? Recordemos que esos adicionales representan una parte muy importante del sueldo de los agentes de la Policía Federal. 


La seguridad ciudadana está a la deriva, sin rumbo y sin conducción. El territorio se lo están disputando dos grupos armados, uno claramente superior y mayoritario que buscará replicar el modelo ineficaz, militarizado y corrupto de la Policía Federal en nuestra Ciudad. El otro sector, la actual Policía Metropolitana nunca tuvo en claro su identidad y demostró ser muy útil a la hora de espiar a dirigentes opositores y familiares del ex Jefe de Gobierno y a la hora de protagonizar casos de violencia institucional. El problema es que en el medio estamos nosotros, la gente. 

Publicado originalmente en http://www.xn--vocesporteas-jhb.com.ar/la-seguridad-ciudadana-de-los-portenos-a-la-deriva-juan-manuel-di-teodoro-movimiento-evita-capital/

domingo, 24 de julio de 2016

ARDE LA CIUDAD - La política económica de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno

Con el paso del tiempo no debemos olvidarnos que Mauricio Macri gobernó durante 8 años nuestra Ciudad y que muchas de las cosas que ocurren, ahora a nivel nacional, los porteños y porteñas ya las vimos.
El ejercicio 2015 -último año de la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad- cerró con un déficit de 7750 millones de pesos. No se trató de una rareza o algo excepcional en la gestión macrista, ya que, en siete de sus ocho años como jefe de gobierno porteño, Macri gastó más de lo que recaudó a pesar de que los ingresos crecieron en forma notable.
El sostenimiento de la demanda agregada y el consumo que impulsó el gobierno nacional desde 2003 en adelante, produjo un lógico incremento de la recaudación de la Ciudad, sobre todo a través del cobro de "Ingresos Brutos". En efecto, la recaudación de Ingresos Brutos subió un 753 por ciento y los ingresos por vía del impuesto inmobiliario y la tasa de ABL (primer tarifazo macrista) se incrementaron en un 869 por ciento. A su vez, también aumentaron los aportes del Gobierno Nacional a la Ciudad en concepto de Coparticipación Federal (649%), de transferencias corrientes correspondientes a planes nacionales (264%) y por transferencias de capital (1.134%).
Pese al crecimiento de los ingresos, Macri acumuló durante sus mandatos como Jefe de Gobierno un déficit de 19.203 millones de pesos. De esa manera, el déficit de la ciudad que era el 3,4% del gasto total porteño en 2007 pasó a representar el 8,7 por ciento. El déficit económico de la Ciudad aumentó, durante la gestión macrista, un 255%.
Sin embargo, y pese a ser la Ciudad de Buenos Aires un distrito millonario en recursos, Macri no incrementó la inversión, ya que la misma se mantuvo casi constante y durante 2015 solo invirtió el 14% del gasto.
No invirtió pero gastó más: la fórmula económica de Macri y Grindetti que maquilló la Ciudad. En efecto, el gasto porteño creció un 802% entre 2007 y 2015. Hubo rubros que registraron aumentos muy por encima de esa suba, por ejemplo, en el área de Turismo, el gasto se incrementó un 4393,9%, un gasto noble si se quiere, no así como el aumento del gasto en Publicidad que creció un 2375,5%. En plena campaña electoral, tanto en la Ciudad como en la Nación, durante el año 2015, Macri gastó en publicidad 1387 millones de pesos, el equivalente al 1,6% del gasto total de la Ciudad y el 18% del déficit total.
La contracara del despilfarro económico del Jefe de Gobierno se observa en las áreas más sensibles del Gobierno de la Ciudad. Durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires las áreas sociales tuvieron un incremento del gasto menor al promedio, en Salud sólo aumentó un 693,1% y en Educación un 648,1%. Pero no todo fue incremento del gasto. En el rubro Vivienda, en la gestión de Macri, el gasto cayó un 45%, pasando de representar un 2,9% del presupuesto total de la Ciudad a representar tan solo el 1,6%. Cabe destacar que, entre los años 2007 y 2015 se invirtió en Vivienda un promedio del 1,9% del presupuesto total de la Ciudad, contra el 3,5% del periodo 2005-2007.
Sin grandes inversiones pero con grandes gastos, Mauricio Macri como Jefe de Gobierno endeudó a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el Estado nacional y las provincias se desendeudaban, entre los años 2007 y 2015 la Ciudad cuadruplicó su deuda en dólares hasta llegar a la cifra de 2363 millones dólares. El 89% del pasivo de la Ciudad es en dólares, euros o atado al valor del dólar, con lo cual los porteños y porteñas nos encontramos entre los principales perjudicados por la devaluación que el mismo Macri hizo, ésta vez,  como Presidente de la Nación.
La deuda pública expresada en términos de los recursos totales de los que dispone la Ciudad pasó de representar el 18% en 2007 a representar el 51% en 2015, es decir, que la deuda es igual a la mitad de todos los ingresos de la Ciudad de un año. Cuando Mauricio Macri asumió como Jefe de Gobierno en diciembre de  2007 esta proporción era de apenas un quinto. Por otra parte, si tenemos que la inversión durante la gestión de Macri en la Ciudad se mantuvo en torno al 16% del gasto total, quiere decir que el 84% del incremento de la deuda externa porteña fue a financiar el gasto corriente.
La fórmula de Macri para gobernar la Ciudad fue poca inversión, más gastos, mayor endeudamiento. En breve, la Ciudad deberá empezar a pagar la fiesta macrista. Arde la Ciudad...


viernes, 3 de junio de 2016

Los "Profetas del Odio" contra Zaffaroni

Los "Profetas del odio" se creen dueños del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y, no se bancan que un abogado, que no piensa como ellos, ejerza la defensa de un Juez con el que tienen diferencias ideológicas. Por eso, desde el Tribunal de Disciplina del CPACF lo supenden por 90 días en la matrícula lo que le impide ejercer la profesión de abogado ante el Poder Judicial.
Esos "Profetas" no dudan en albergar en sus listas a defensores de la última Dictadura Militar, ni en legitimar a peligrosos personajes como Daniel Angelici, hoy devenido en Vicepresidente de nuestro Colegio.
El más enérgico repudio a este acto de patoterismo y revanchismo político contra uno de los más destacados juristas de nuestro continente. El más firme apoyo a Eugenio Raúl Zaffaroni.


miércoles, 1 de junio de 2016

El "ESTADO BOBO" DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Un nuevo “Estado bobo” 

en la Ciudad








Desde antaño venimos escuchando a los profetas del “mercado” repetir que los gobiernos populistas crean un Estado paquidérmico e ineficiente al que ellos llaman “Estado Bobo”. Debate que nos remite al slogan con el que Martínez de Hoz publicitaba su política económica en los años ’70: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Frente a esta visión de Estado mínimo o Estado que deja actuar al mercado se le ha opuesto la visión de un Estado que interviene en la economía para dirigirla hacia la protección de los que menos tienen o en otras palabras un Estado activo que redistribuye la riqueza con Justicia Social.
Sin embargo, en estos tiempos de CEOcracia, el PRO ha decidido darle un nuevo rol al Estado que es el de asumir los riesgos de inversión y costos para luego otorgarle a las empresas privadas la explotación de un negocio sin riegos. Tal es el caso de la ley mediante la cual se autoriza al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a concesionar por 15 años la explotación del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad.
La Ciudad ya ha invertido casi 500 millones de pesos en la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones y ahora le otorgará la concesión del mismo para su explotación comercial a una o varias empresas privadas que no necesitarán invertir un solo peso y que llevarán a cabo una gestión comercial que no conlleva ninguna complejidad técnica ni tecnológica. No se observa razón alguna por la cual no sea el propio Gobierno de la Ciudad quien explote el Centro.
Quizás sea por ello, que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó al Ente de Turismo a firmar una disposición que autoriza el llamado a contratación directa de un “servicio profesional de Asesoramiento y Asistencia Técnica para la Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires” por la suma de un millón ochocientos mil pesos.
Con 53 votos a favor y tan solo 4 en contra, la Legislatura ha convertido en ley la concesión por 15 años del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad consolidando este nuevo rol del Estado, un Estado que invierte y asume riesgos económicos para luego entregarle la explotación del negocio a un privado que no necesita invertir un solo peso, ni asumir riesgos.
Este sí que es un ESTADO BOBO.

*Publicado originalmente en http://www.letrap.com.ar/nota/2016-5-31-un-nuevo-estado-bobo-en-la-ciudad

martes, 24 de mayo de 2016

CUIDADO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO VS. ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

En el marco de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la protección y el cuidado del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de nuestra Ciudad contra la voracidad de la especulación financiera, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificó la suspensión de la demolición del Petit Hotel que perteneciera a María Julia Alsogaray. Además, los camaristas pusieron de relieve el irregular manejo del Gobierno de la Ciudad al otorgar la autorización de demolición del mismo y ratificaron la participación de la ONG Basta de Demoler como "Amicus Curiae". Todo ello en el marco de la acción de amparo iniciada por Gabriela Castillo y patrocinada por el abogado Juan Manuel Di Teodoro.

Confirman la cautelar que suspendió la demolición de un Petit Hotel en Recoleta

Por  el 23 mayo 2016
DSC_0583
Lo resolvió la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad en el marco de la causa impulsada por una integrante de la Junta Comunal de la Comuna 2 contra la destrucción de un inmueble construido a principios del siglo XX y que perteneció a María Julia Alsogaray. En la sentencia se confirma la orden de prohibición de modificación del estado del edificio hasta tanto se dicte sentencia de fondo, se ordena al Gobierno porteño que arbitre medidas para evitar daños a terceros, se rechazan las apelaciones planteadas tanto por la administración comunal como por la empresa propietaria del petit hotel, adquirido tras el remate judicial dispuesto en el año 2009.

La demolición del Petit Hotel que perteneció a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray continuará suspendida. Así lo dispuso la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad al “rechazar los recursos de apelación interpuestos por Mabaju SA y el GCBA” y confirmar la resolución de primera instancia en la cual se dictó como medida cautelar la prohibición de modificación del inmueble hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada. La sentencia, firmada el 18 de mayo por las camaristas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, se enmarca en una acción de amparo impulsada por Gabriela Castillo, miembro de la Junta Comunal N° 2, con el objeto de impedir la demolición del inmueble sito en la calle Junín 1435 en atención a la Ley 2548 que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial para inmuebles cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, y ante la autorización de demolición otorgada por la administración local a la empresa propietaria del Petit Hotel (Mabaju SA adquirió el inmueble en el año 2009 como resultado del remate judicial dispuesto en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito por la cual fue condenada la ex funcionaria).
En la resolución, las camaristas analizaron los planteos de la apelación, entre los cuales se destaca  que en opinión de la empresa propietaria el juez Francisco Ferrer, quien ordenó la suspensión de la demolición, “no tuvo en cuenta el estado actual del inmueble, cuya demolición se comenzó en forma previa al inicio de estas actuaciones y al dictado de la medida precautelar, y se encuentra realizada en un setenta por ciento (70%)”, por lo que “el edificio es irrecuperable” y la “sentencia dictada en autos resulta abstracta”. También analizaron los cuestionamientos efectuados por el Gobierno porteño, considerando que “no se encuentran presentes los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora“, y que el magistrado de primera instancia, al aceptar la participación de la ONG Basta de Demoler en la causa, y darle tratamiento como amparo colectivo, “se atribuyó facultades legislativas en relación a la figura del amicus curiae y la publicidad de la sentencia”.
En relación al planteo de la parte demandada referido a la intervención del amicus curiae y a las medidas de publicidad dispuestas por el magistrado de grado, el recurso de apelación ha sido mal concedido, pues esa decisión no se encuentra, como principio, comprendida entre las resoluciones apelables en el proceso de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 2145”, afirmaron las juezas Díaz y Schafrik  (Fernando Juan Lima no suscribió por encontrarse de licencia) desestimando uno de los argumentos de la apelación interpuesta. “
A ello cabe agregar que el GCBA no ha precisado cuál sería el perjuicio concreto que le ocasionarían las medidas que cuestiona. Por el contrario, el GCBA se ha limitado  a efectuar aseveraciones genéricas sobre las competencias del Poder Judicial, sin esgrimir argumentos referidos al sub examine que conduzcan a revocar la medida que cuestiona”, expresaron, mencionando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a los amparos colectivos y a la difusión de los mismos como “un provechoso instrumento” para “permitir la participación de ciudadana en la administración de justicia” en causas de trascendencia institucional o interés público.
Ante las incongruencias observadas entre la dirección real del inmueble (Junín 1435) y la dirección de la autorización de la demolición (Junín 1445), que la empresa propietaria señaló como “un error material” cometido por Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) que “pudo haberse aclarado con una medida para mejor proveer”, la presidencia de la Sala I requirió información a dicho organismo en la que “aclare si en el anexo I aprobado el 4 de febrero de 2014 se halla incluido el inmueble de autos, es decir, el ubicado en la calle Junín 1435, circunscripción 19, Sección 11, manzana 58, parcela 19, o, en cambio, el ubicado en la calle Junín 1445, correspondiente a la circunscripción 19, Sección 11, manzana 58, parcela 18”, y además acompañe la totalidad de las constancias relativas al estudio técnico que se realizó del inmueble sito en la calle Junín 1435 (parcela 19).
No puede soslayarse que al requerírsele al CAAP, como medida para mejor proveer, que aclare si en el anexo mencionado se halla incluido el inmueble de autos, es decir, el ubicado en la calle Junín 1435, o, en cambio, el que se encuentra en la calle Junín 1445 y, además, que acompañe la totalidad de las constancias relativas al estudio técnico que se realizó del inmueble de marras, nada respondió, pese a reiterársele ese requerimiento. En tales condiciones, y ante la actitud de la parte demandada, en este estado liminar del proceso, no se encuentra acreditado que se haya cumplido el procedimiento especial previsto en las normas transcriptas en el considerando precedente respecto el inmueble objeto de este proceso“, afirmaron las camaristas.
En la resolución también se menciona que “no se encuentra controvertido en autos que respecto del inmueble de marras resulta aplicable el Procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial aprobado mediante la ley 2548”, y que “si bien en el presente caso se ha dado intervención al CAAP, de conformidad con lo establecido en la ley mencionada, el acta en la que se asentó la evaluación mediante la cual se determinó la ausencia de valores patrimoniales del edificio presentaría una discordancia en los datos mencionados“.
Dentro del marco cautelar, los agravios esgrimidos por las recurrentes no justifican apartarse de lo decidido por el magistrado de grado”, manifestaron las juezas.
Finalmente, y ante el estado del inmueble, la Sala I ordenó “al GCBA arbitrar todas las medidas que estime conducentes para evitar daños a terceros y cumplir lo dispuesto por la magistrada de feria”.

lunes, 16 de mayo de 2016

CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE SÓLO QUEDA LO PERFIDO - El antecedente de Cromañón y Costa Salguero

"Los shows que ayer iban a dar Los Auténticos Decadentes y La Mona Jiménez y esta noche Divididos y Los Caballeros de la Quema, en el marco del ciclo de conciertos Buenos Aires Vivo III, se suspendieron a causa de los cortes. La medida la tomó la Secretaría de Cultura del gobierno porteño después de que la promesa de Edesur de normalizar el servicio ayer quedara nada más que en eso".  “Con la cancelación tratamos de privilegiar la seguridad del público y de los vecinos”, señaló a Página/12 Darío Lopérfido, secretario de Cultura".

El antecedente de Cromañón y Costa Salguero se llamó "Buenos Aires Vivo III", un ciclo de recitales gratuitos al aire libre organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, ocurrió el pasado y lejano 1 de marzo de 1999... Murieron dos pibes electrocutados por apoyarse en un alambrado que delimitaba el predio en el que se desarrollaba el recital de Divididos en Puerto Madero. Pasaron 17 años y unos meses, para que la Justicia condene al Gobierno de la Ciudad en su carácter de organizador y de titular del predio en dónde se llevó a cabo el recital.
De acuerdo a lo resuelto por el Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Pablo Mántaras, el pasado 3 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, EDESUR, Fénix Producciones y Catexpo fueron condenadas en forma solidaria a pagar a la madre de uno de los jóvenes fallecidos 750.000 pesos “en concepto de indemnizaciones por daño material ($150.000), daño psicológico ($ 250.000) y daño moral ($ 350.000)”, “1.250.000 pesos a la madre y el padre de la otra víctima fatal –por daño material ($ 50.000 para el señor y $ 100.000 para la señora), por daño psicológico ($ 200.000 para cada actor) y por daño moral ($ 350.000 para cada uno de los progenitores)–”.
El festival "Buenos Aires Vivo III" consistía en un ciclo de varios recitales gratuitos y era organizado por la secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, cuyo titular era Darío Lopérfido.
En la noche del 1° de marzo, reprogramada por los cortes de luz del verano del 99, mientras tocaba Divididos, dos jóvenes, de 20 y 21 años, Raúl Alejo Lumille y Diego Aguilera se electrocutaron al apoyarse en un alambrado que había sido colocado e instalado por el propio Gobierno de la Ciudad. En ese mismo instante, hubo un apagón en el predio de Puerto Madero que produjo pánico y confusión, más una ola de robos y agresiones, en las que 21 personas sufrieron heridas.
En la sentencia judicial se señala que: “No puede perderse de vista que el recital se realizó en un espacio que pertenece al dominio público de la Ciudad, de modo que –más allá de sus obligaciones como organizador– también pesaba sobre las autoridades la obligación de adoptar las medidas necesarias para que las personas pudieran concurrir y utilizar ese predio sin riesgos para su integridad o bienes”
Bien puede concluirse que el blindaje mediático no resulta ser cosa de estos tiempos ni, mucho menos, una moderna manera de desinformar por parte de los medios periodísticos. Tampoco podrá argüirse sorpresa alguna ante la excesiva tardanza de la Justicia en resolver una causa que versa sobre la responsabilidad del Estado.
En cambio, sí llama la atención que pese al proclamado "cambio", hoy sea la misma persona la que está a cargo del área de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ayer como Secretario (no se los denominaba aún Ministros) y hoy como Ministro. Hablamos de quien recobró notoriedad al ningunear la magnitud del Terrorismo de Estado en nuestro país cuando negó que haya habido 30 mil desaparecidos, Darío Lopérfido, el mismo que actuó con perfidia al organizar "Buenos Aires Vivo III".
Cuando la Justicia llega 17 años tarde sólo queda Lopérfido.

martes, 26 de abril de 2016

Los Abogados Peronistas votamos LISTA MARIANO MORENO - 26 de abril / Elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal



Este martes 26 los abogados y abogadas votamos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y, para nosotros, no se trata de una elección más. Estás elecciones constituyen el primer paso dado por un colectivo de abogados y abogadas que no está dispuesto a que se nos siga imponiendo un proyecto individualista y liberal que sólo piense en prestarnos lindas computadoras (por cierto, muy bonita la nueva sala de profesionales de la calle Paraná) pero que no defienda nuestros honorarios profesionales ni nuestras incumbencias profesionales y que, mucho menos, se ocupe del cuidado de la salud de los colegas que no cuentan con Obra Social o que no están en condiciones de pagar una prepaga, ni de los que recién se inician en el ejercicio de la profesión.



En estas elecciones también decimos que queremos un Colegio defienda a los abogados y abogadas y que se preocupe menos de defender a los miembros de la Corte Suprema, queremos un Colegio que luche por la objetividad e imparcialidad de la Justicia y no que hago honor al consejo del "viejo Vizcacha" en eso de "...hacete amigo del Juez".

      

Y somos ese colectivo de abogadas y abogados que se sienten identificados con la lucha por la plena vigencia de los Derechos Humanos, con la defensa de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los que defendemos "al último de la fila". En definitiva somos abogadas y abogados que provenimos del campo popular y que priorizamos la UNIDAD para transformar al Colegio, que nos resistíamos a convalidar que la elección del CPACF sea una interna de la Alianza Cambiemos PRO entre Angelici (Gente de Derecho - Lista 47), Torello y Godoy Velez (Encuentro de Abogados Independientes - Lista 63), Féliz Loñ y la UCR (Cambio Pluralista - Lista 60) y Besteiro más UCR (Seamos el Colegio - Lista 62). 

Transformar para seguir creciendo y recuperar la dignidad.


​Los Abogados Peronistas estamos en la LISTA MARIANO MORENO.

miércoles, 13 de abril de 2016

CAUSA DOLAR A FUTURO - PARA SABER DE QUÉ SE TRATA

EL PAIS › OPINION

Cristina no fue infiel

Por E. Raúl Zaffaroni *

Hay curiosidades penales, coincidencias, que si a veces no dicen mucho, llaman la atención. En este sentido, vale la pena recordar la genealogía de las fórmulas legales que hoy se usan para llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.

Una es la de supuesta administración fraudulenta (inc. 7º del art. 173 del Código Penal). No estaba en el texto original del código, sino que fue introducida en nuestra legislación por una reforma masiva de Onganía en diciembre de 1967 (la llamada Ley 17.567), copiada del actual parágrafo 266 del código alemán, donde fue incorporado por la reforma nazista de 1933, con el nombre de Untreue. En alemán Treue es fidelidad y Untreue significa infidelidad.

Pese a que hasta hoy conserva ese nombre en la ley alemana, la mención de la fidelidad allí produce escozor, porque es una expresión propia de la doctrina y los discursos de la época de su sanción: todo delito era una forma de infidelidad a la comunidad del pueblo cuyo intérprete máximo era el Führer.
En síntesis, lo que esta disposición pena es que alguien que tiene a su cargo la administración o manejo de bienes o intereses ajenos, los perjudique intencionalmente para causar daño o para obtener beneficios para sí o para otros.
La otra figura es la famosa asociación ilícita del art. 210 del Código Penal, que consiste en formar parte de una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación.
Fue introducida en nuestra legislación penal por una ley de tiempos de Roca (inc. 5º del art. 30 de la Ley 4.189 de 1903), y se copiaba de códigos europeos, donde se usó para sancionar sindicatos cuando la huelga no era un derecho, sino un delito.
Cualquier abogado o empleado de tribunales sabe que hay pocas condenas por esta figura, pero que sirve para incluirla en los procesamientos, con el objeto de negar excarcelaciones.
Se trata de una disposición que al menos, tomada al pie de la letra, es inconstitucional, porque basta para que haya delito con que tres o más personas se pongan de acuerdo en una noche de copas para formar una banda, aunque luego no hagan nada. Es obvio que es un acto preparatorio muy lejano de cualquier comienzo de ejecución o tentativa: sería un delito de peligro remotísimo, una mera manifestación de intención, sin necesidad de ninguna otra exteriorización delictiva.
A eso se debe agregar el absurdo de que un acto, que ni siquiera es de tentativa, puede resultar más gravemente penado que el mismo delito consumado, como en el caso de que tres mecheras de tienda se pongan de acuerdo para hurtar ropa interior.
Cabe aclarar que esto no lo decimos para esta ocasión, sino que lo hemos escrito en nuestros libros e incluso lo sostuvimos en un artículo publicado en Ambito Financiero, cuando se le quería aplicar a otro ex titular del Poder Ejecutivo, con el que no teníamos ninguna afinidad ideológica.
Estas son las figuras penales que se manejan en el caso, con su más que opaca historia política. Pero veamos si alguna se adapta al caso presente.
El hecho consiste en operaciones con dólar a futuro, que son corrientes. Se hacen calculando el valor de la divisa conforme a las previsiones del momento. Siguiendo la política de control de cambios vigente en el momento de prever el valor, la divisa en el futuro estaría –supongamos– a 10 pesos. Lo cierto es que la divisa estuvo a 15, por lo cual el Banco Central sólo recibe 10 pesos por cada dólar que hoy vale 15, con una pérdida de 5 pesos por dólar.
Esta diferencia se produjo porque se pasó del control de cambios al dólar flotante, es decir, porque se adoptó otra política monetaria: se pasó de Keynes a Milton Friedman.
Inclinarse por uno u otro no es delito, sino una opción política, salvo que se quiera procesar a Keynes. Tampoco pretendemos procesar a Friedman. Pero nadie podrá negar que al momento de calcular el valor del dólar en unos meses, no era previsible el advenimiento de una administración adoradora del mercado, que enciende velas en el altar de Friedman.
Pero si bien no es delito pasarse a Milton Friedman, sí lo sería no haber evitado o paliado el daño, habiendo anulado las operaciones a futuro (invocando la teoría de la imprevisión o algo parecido), renegociado esas operaciones o abandonando más gradualmente del control cambiario.
Como no se hizo nada por evitar o disminuir el daño, el Banco Central y nuestras reservas sufrieron el impacto de frente y sin ninguna amortiguación.
¿A quién benefició este daño? Como consecuencia del cambio de política monetaria, a los exportadores, pero directamente a los compradores de los dólares a futuro, que fueron fundamentalmente los bancos. Si bien este beneficio puede considerarse político para los exportadores, no puede negarse que fue directo para los bancos que compraron los dólares a 10 pesos.
Más aún: la propia Justicia, consultada sobre esas operaciones, dispuso que se sigan pagando hasta hoy los dólares a 10 pesos, o sea, que si se tratase de un delito, ni el propio juez que lo imputa trató de evitar que se consume el daño interrumpiendo las consecuencias.
Esta conducta de la propia Justicia sería algo así como ocuparse exclusivamente de pretender imputar a un secuestrador, pero al mismo tiempo dejar a la víctima atada en el sótano. Cuando un juez se halla en presencia de un delito, lo primero que debe hacer es interrumpir en lo posible sus efectos.
La conclusión de lo anterior podría extraerla Adrián Paenza: el Banco Central pierde 5 pesos por dólar en razón de la medida de la actual administración, que dejó flotando la cotización del dólar para beneficiar políticamente a los exportadores y directamente a los bancos, sin que la administración ni el propio juez hagan nada por paliar o evitar el daño.
¿Quién incurre en infidelidad, usando la expresión originaria de la fuente alemana? Si hubo un infiel, es claro que no fue Cristina.
Vamos a la famosa asociación ilícita. Desde la sanción misma del Código Penal en 1921 se viene explicando que debe tratarse de una banda destinada a cometer delitos en forma indeterminada, y no para uno o varios delitos en particular.
Es decir: una banda para asaltar bancos, para robar en los caminos, para tratar personas, para secuestrar, etc., y no un acuerdo entre tres personas para asaltar tal o cual banco, para robar un vehículo determinado, o para caer sobre una víctima personalizada.
Así lo dijo tempranamente el principal artífice político del Código de 1921, que fue Rodolfo Moreno (El Código Penal y sus antecedentes, Buenos Aires, 1923, Tomo VI, p. 7).
No creemos que sea muy racional pretender que la política de control de cambios es un delito, que quienes la llevan adelante son siempre una banda criminal, y que Lord Keynes sería el instigador (si estuviese vivo).
Mucho más racional sería pensar que no guarda fidelidad con los intereses que le fueron confiados quien deja flotando el dólar de la noche a la mañana, sabiendo que su precio va a dar un salto considerable, sin tomar ninguna medida que neutralice o disminuya el daño para el Banco Central que, como cualquiera podía observar, era consecuencia inevitable de esa medida, y a sabiendas, además, de que ese salto en el precio beneficiaría a los exportadores y, mucho más directamente, a los bancos compradores.
Si de fidelidad se trata, nadie quiera atribuirle a otro sus propias infidelidades.
* Ex juez de la Corte Suprema. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
**Publicado originalmente en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296873-2016-04-13.html

domingo, 3 de abril de 2016

¿SERÁ LA MANERA DE HACER NEGOCIOS UNA MUESTRA DE COMO SE MANEJÓ EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD? - "Panama Papers"


La investigación que se ha dado en llamar Panamá Papers,  ha sido impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung,  y brinda detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. En la larga nómina aparece mencionado nuestro Presidente, Mauricio Macri.
Se trata de una filtración de más de 11 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales que involucró al presidente Mauricio Macri y otras personalidades que mantuvieron en secreto sus movimientos offshore.
Panama Papers, una filtración muchísimo más grande que la de WikiLeaks, desentraña los negocios hasta ahora desconocidos de la agencia panameña Mossack Fonseca especializada en crear este tipo de sociedades, que suelen usarse para evadir impuestos. Como parte de su modus operandi Mossack Fonseca "prestó" nombres de directores, managers y accionistas, de manera de esconder a los verdaderos dueños de estas "compañías fantasma". 
Entre los millones de documentos -que seguirán entregando novedades en los próximos días- Macri aparece  junto a su padre Franco y su hermano Mariano, al frente de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd. creada en 1998. La sociedad estuvo registrada en las islas Bahamas y funcionó hasta 2009, cuando el ahora presidente era jefe de Gobierno porteño, todo un estilo.
Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen. Transferencias de millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero son algunas de las cosas que se realizan con una sociedad offshore.
Es cierto que Mauricio Macri sólo figura como directivo de una de ella, pero para qué querría un Jefe de Gobierno mantener una sociedad offshore... Una de las respuesta puede ser la de ocultar operaciones comerciales del Grupo empresario que lidera su padre, también, otra respuesta podría estar relacionada con el financiamiento de su campaña electoral para Jefe de Gobierno.
No lo sabemos, pero puede darnos más indicios de cómo se manejó al frente de la administración de la Ciudad de Buenos y de como seguirá la administración del país.


martes, 19 de enero de 2016

Mientras tanto, en La Ciudad de la Furia... LA POLICÍA FEDERAL ES PORTEÑA

La Legislatura aprobó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad

(39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra)



En el día de hoy, la Legislatura porteña dió un importantísimo paso en la consolidación de la autonomía plena de nuestra Ciudad al aprobar el traspaso de 18.000 efectivos de la Policía Federal. En efecto, se ha aceptado el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15.000 efectivos de la Policía Federal desplegados en las 54 comisarías porteñas. De acuerdo al convenio aprobado, también serán transferidas las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, quienes se unirán a los 6300 efectivos que integran la Policía Metropolitana para brindar el servicio de seguridad en la Ciudad.
Si bien el convenio aprobado no contiene demasiadas definiciones tajantes, la primera cláusula resulta contundente y justifica la definición de día histórico para la autonomía de la Ciudad ya que, establece que "la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad" y "la Nación conserva las estructuras, el personal, los bienes y los servicios necesarios para asegurar las funciones de seguridad en materia federal en territorio de la Ciudad".
Seguramente muchos porteños y porteñas coincidiremos en que ésta era una deuda histórica que debía saldarse cuánto antes. Era hora de que cuando votamos Jefe de Gobierno sepamos que estamos votando a quien debe garantizarnos la seguridad en nuestro barrio y que esa decisión pase exclusivamente por quienes vivimos nuestra Ciudad, de la misma manera que quienes viven en Santa Cruz votan al Gobernador o Gobernadora que dirigirá las fuerzas de seguridad de su provincia.
Que la “federal” tiene falencias o que tiene dentro sus integrantes a nefastos personajes sin escrúpulos no resulta ser una denuncia que sorprenda a nadie, pero esa obvia descripción no alcanza para que la mejor opción sea dejar las cosas como están. Porque votar en contra o abstenerse es votar a favor de que la Policía Federal siga siendo lo que es; es no votar instancias de control ciudadano ni tener la posibilidad de realizar un control legislativo sobre el proceso de traspaso a la Ciudad.
Aceptar con humildad que la mejor opción es que la Ciudad tenga su propia policía es algo que ya impulsó en su momento Néstor Kirchner cuando instruyó a sus legisladores nacionales para que modifiquen la “Ley Cafiero” (recordemos que fue sancionada el 8 de noviembre de 1995, y en su artículo primero señala que el objetivo es "garantizar los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación").
Corría el año 2007 y Mauricio Macri acababa de imponerse en el balotaje a Daniel Filmus. Fue entonces que el Presidente Kirchner acordó con el PRO la reforma de la “Ley Cafiero”. Desde el oficialismo, el proyecto fue defendido en el recinto por el titular de la comisión de Asuntos Municipales, Eduardo Acastello, quien sostuvo que "la ley Cafiero actúa como un corcé que no permitió que los habitantes de la ciudad tuvieran su propia fuerza de seguridad como en otros lugares de la Argentina". En esa línea, y al término del debate, el entonces titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó que "no sentimos que estamos haciendo la gran epopeya sino que con gran esfuerzo estamos modificando la ley Cafiero que impedía que la ciudad tuviese potestad en materia de seguridad". La postura del PRO fue expuesta por Federico Pinedo, quien aseguró que el macrismo quiere "darle seguridad a la gente de la ciudad" y sostuvo que se trata de "contar con las herramientas necesarias: no queremos locuras, que se tomen los pasos necesarios porque no queremos obtener ventajas ni hacer partidismo". Pinedo admitió además que el proyecto es "un avance cualitativo en la legislación argentina y en la "calidad institucional". El dictamen promovido por el oficialismo, en base a una iniciativa impulsada por la kirchnerista Juliana Marino, "establece que el gobierno ejercerá sus funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales" (Lo mismo que dice el Convenio entre Nación y Ciudad suscripto por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta). Finalmente, la reforma aprobada a la “Ley Cafiero” (actualmente vigente) sostiene en su cláusula transitoria única que "definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios".
Ese convenio es el que aprobó la Legislatura porteña.

GRACIAS NÉSTOR, FUERZA CRISTINA

Archivo del blog